Desnaturalizando fundamentos coloniales. Revisión de la política pública para el hábitat rural en la región noroeste de Córdoba, Argentina

MARÍA ROSA MANDRINI
NOELIA CEJAS
GUILLERMO ROLÓN
ÁLVARO DI BERNARDO
Universidad Nacional de Córdoba
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad

Introducción

El Plan de Desarrollo del Noroeste Cordobés (PDNC) es una propuesta de gestión provincial en el territorio rural [1] que viene siendo implementada desde el año 2000 y es presentada como una experiencia “multidisciplinaria” [2]. El plan supone la integración de distintas dependencias gubernamentales en su accionar y se ejecuta con el financiamiento nacional que provee el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) –gestionado, este último, desde el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba (MAASP). En este artículo, nos centraremos en dos de las acciones que contempla el plan destinado a atender las necesidades básicas de este sector de la población de escasos recursos: la erradicación de viviendas-rancho por medio de la construcción de viviendas nuevas –en estrecho vínculo con la estrategia de prevención de la enfermedad de Chagas– y la instalación de dispositivos solares para el bombeo de agua y electrificación domiciliaria.

A lo largo del artículo intentaremos señalar los fundamentos de estas acciones, procurando desnaturalizar algunos elementos que están en la base del planteo. Proponemos un itinerario desde el plano material con que se produce la intervención en el territorio, para luego profundizar en la idea de desarrollo contenida en el planteo y la base gnoseológica en que se funda. Concluimos con algunas reflexiones que esperan aportar a la superación de los criterios con que se prefiguran las intervenciones en territorio.

La condición política de la tecnología

El hábitat rural del noroeste cordobés

Para empezar, es importante dar cuenta de aquello que entendemos con la noción de hábitat. Desde el enfoque que compartimos en nuestras investigaciones, esta noción excede su versión consabida material-instrumental, como espacio físico (vivienda) y en su lugar supone un ámbito en donde se presenta un conjunto de dinámicas e interacciones entre elementos de distintas dimensiones –económica, físicoespacial, cultural, natural, social, política, entre otras. Todos estos elementos configuran entramados o sistemas que hacen posible la vida humana, el hábitat (Múnera y Sánchez Mazo, 2012). En este sentido, comprende lo relativo al sistema espacial y de recursos de los que se vale un grupo para transitar por su existencia. Esto responde a las necesidades y deseos que el grupo y sus individuos presentan, tras el objetivo de desarrollar su vida productivalaboral, de sociabilidad y residencial (dimensiones sobre los cuales se centrará el estudio).

El hábitat rural de la región noroeste de la provincia, que es objeto de intervención por parte de las políticas sociales del Estado, se caracteriza por presentar núcleos de viviendas aislados y separados entre sí a varios kilómetros de distancia. Estos núcleos, compuestos por varias familias, se sostienen económicamente mediante diversas actividades productivas agroganaderas –producción caprina, derivados lácteos de la misma, arropes, dulces, frutos y yuyos del monte– de pequeña escala, suficientes para su subsistencia y para incorporarse a pequeñas redes de comercialización informal. En ese sentido, es relevante señalar que estas formas económicas territoriales se encuentran cada vez más amenazadas por el avance de la frontera agrícola y todo el esquema extractivista y eficientista que lo motoriza.

A fin de dar paso al análisis de los marcos conceptuales con los cuales se definen las intervenciones estatales en el campo del hábitat, específicamente a aquellas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable en estos contextos, abordaremos en primera instancia un tema central: la dimensión política con la que se emplea la tecnología; entendemos que la perspectiva instrumental que se hace de la tecnología en el caso analizado constituye un obstáculo para advertir la integralidad que requiere el abordaje de políticas de hábitat.

La condición política de la innovación tecnológica en el hábitat

En lo que concierne a la voluntad política que subyace en la implementación de los instrumentos tecnológicos, algunos tecnólogos como Norman Balabanian (1999) y Langdon Winner (1987) dejan en claro que la experiencia de la sociedad moderna da cuenta que la tecnología no es un simple medio para resolver la actividad humana rodeada de un aura de neutralidad. Estos autores consideran que la tecnología constituye una fuerza empleada por parte de sus promotores para reformular dicha actividad y su significado, para producir cambios en los roles y relaciones sociales de los grupos humanos involucrados en su empleo. Es decir, la dirección que toma el desarrollo tecnológico y la innovación está determinada en gran medida por la postura ideológica y los intereses particulares de los actores sociales que la promueven o implementan.

Desde sus primeras conceptualizaciones en los años sesenta –con las dicotómicas categorías de tecnologías autoritarias versus democráticas planteadas por Lewis Mumford (1964)– las tecnologías sociales fueron desarrollándose hasta la actualidad, en su búsqueda por generar condiciones para revertir la desigualdad en la que se encuentra una parte importante de la población mundial (Thomas, Juárez y Picabea, 2015). Actualmente, se considera que el desarrollo de políticas y acciones de índole tecnológicas destinadas a lograr la inclusión social requieren de la consideración y participación de los actores en su diseño y planificación (Thomas, 2008).

En el caso particular del campo del hábitat, el acceso a la vivienda digna es parte de uno de nuestros derechos como ciudadanos consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución de la Nación Argentina (1995). Esta es la razón por la que el Estado es responsable, al menos, de su planificación. Sin embargo, la forma en que resuelve esta planificación puede ubicarse dentro de un amplio abanico de posturas políticas que van desde considerar el abordaje y la oferta a partir del libre desenvolvimiento del mercado, hasta la implementación de políticas con fuerte presencia estatal en su regulación y/o ejecución. Estas últimas pueden darse de diversos modos, contemplando tanto una relación unilateral (con propuestas cerradas) y paternalista como la implementación de políticas innovativas que busquen, desde una base tecnológica, la inclusión social con acciones planificadas más democráticas en las que participen los destinatarios. Sin embargo, como señalan algunos autores, el inicio del nuevo siglo nos encuentra sin que la dimensión política explore decididamente estas últimas alternativas (Picabea, 2017; Rodulfo, 2008).

En el contexto que se señala, el PDNC impulsa el mejoramiento de las condiciones del hábitat rural mediante la puesta en marcha de un programa social que promueve la construcción de viviendas nuevas. El programa se basa en el empleo de una tecnología que propone el uso de sistemas constructivos industrializados imponiendo, además, una lógica urbana en lo que respecta al diseño y los materiales. Sin embargo, existe un elemento recurrente en el discurso y argumentación de los organismos estatales en la formulación de sus políticas públicas de vivienda en el medio rural: se considera que la vivienda rural vernácula (aquellas que entran dentro del universo denominado viviendas-rancho) presenta importantes condiciones de insalubridad derivadas de la tecnológica constructiva con las que se resuelven. Es por este motivo que el PDNC establece una condición para el acceso al beneficio de viviendas nuevas que consiste en la demolición de las existentes como la única estrategia de índole constructiva para enfrentar un grave problema endémico como es la enfermedad de Chagas. Esta asociación reduce el problema de la proliferación de la vinchuca, causante de la enfermedad, a los materiales empleados en las técnicas constructivas vernáculas.

Otra consideración importante es la situación del peridomicilio, ya que recurrentemente se observa que las vinchucas se localizan en los alrededores de la vivienda. Las mismas anidan en los corrales de animales lo cual hace difícil el control de su propagación; de manera añadida, algunos animales se mueven por toda el área, incluso ingresando a la vivienda, con la posibilidad de trasladar el insecto hacia el interior. Esta es otra razón para señalar la insuficiencia de atribuirle la razón del problema al tipo de materiales utilizados en las paredes y techo de las viviendas, así como al modo de construcción empleado.

Este posicionamiento político que toman los actores gubernamentales se centra en la idea de progreso-atraso que constituye una postura estigmatizadora respecto de las viviendas existentes. Al considerar que constituyen focos de contagio de la enfermedad, construyen la idea de que por medio de su eliminación o erradicación se pondrá fin al problema [3]. Pero, al mismo tiempo, mediante este planteo de la erradicación de las viviendas se pone en marcha un dispositivo de invisibilización cultural que desvaloriza y estigmatiza gran parte de la estructura y el modo de vida del habitante rural de la provincia en cuestión.

Análisis de las acciones estatales: hacia una concepción integral del hábitat

Análisis crítico de las políticas de sustitución de viviendas-rancho

Un primer elemento para poner en relieve es el plano de la funcionalidad. Este aspecto nos permite dar cuenta cómo por medio del diseño funcional de las viviendas se ve expresado el carácter hegemónico de la intervención estatal.

El diseño funcional de las viviendas vernáculas emerge, indefectiblemente, de las necesidades de cada familia. Este diseño contiene una lógica que habilita la progresiva expansión de la vivienda. La distribución espacial usualmente empieza por un núcleo pequeño de lugar social (comedor), uno privado (dormitorio) y uno de servicio (cocina y/o baño), luego se van incorporando otros espacios acordes al crecimiento de cada familia. En la mayoría de los casos, el espacio social está contiguo a una galería o enramada, al resguardo de la sombra, donde se desarrollan gran parte de las actividades cotidianas; las elevadas temperaturas en la región a lo largo del año plantean esta necesidad de protección. En general adosado a las viviendas se encuentra el espacio para el fogón, espacio central, no por su ubicación, que generalmente se encuentra detrás de la vivienda o de la galería –de modo de evitar el contacto con el humo–, sino porque es allí donde se desarrollan las actividades domésticas vinculadas a la cocina y las productivas tales como la elaboración de quesos y dulce de leche de cabra, pasteurización de leche de cabra, cocina de cueros de animales, entre otras.

Por el contrario, el diseño funcional de las viviendas construidas por el PDNC, propone prototipos que reproducen un patrón de distribución urbana, que poco tiene que ver con la forma de vida campesina. Para ilustrar esta cualidad basta con prestar atención a la ubicación de la cocina en el diseño propuesto por el programa estatal: la misma se aloja dentro de la vivienda, ignorando que las familias cocinan principalmente bajo la galería y/o en el espacio destinado para el fogón, como hemos indicado anteriormente. Este descuido respecto de los hábitos locales, este silenciamiento/ocultamiento del espacio/lugar para preparar alimentos –que refiere a una de las prácticas más importante para la familia, tanto desde lo doméstico y social como desde lo productivo– resulta, a la larga, en una reconversión funcional del espacio cocina de la vivienda nueva, en tanto las familias continúan cocinando en el espacio exterior, en su fogón, en el corazón del hogar. Esta práctica familiar, que es parte de su identidad, se ve reforzada por el hábito de utilizar leña como combustible debido a que es lo disponible en el monte; pero al mismo tiempo porque los combustibles alternativos, como el gas envasado, resultan más difíciles de conseguir [4].

Asimismo, la funcionalidad de la vivienda está definida por la fluidez con que se intersectan las actividades de sus habitantes, sean productivas, residenciales o de sociabilidad. De esta manera, entendemos que todo ese acervo de conocimiento podría ser tomado en consideración para las propuestas de mejora del hábitat, formando parte de una estrategia oficial.

Un segundo elemento se encuentra en relación con la forma en la que se construye su hábitat, tanto en los métodos constructivos como en la elección de materiales.

Estas familias resuelven su necesidad básica de hábitat en base a la autoconstrucción. Mediante esta modalidad se ponen en juego lazos familiares y comunales, conocimientos técnicos consolidados por la práctica cotidiana por medio de la enseñanza intergeneracional y el aprovechamiento de recursos locales. Emplean, de esta forma, una tecnología constructiva que les es propia, que se desprende de sus posibilidades materiales, fundada integralmente en su conocimiento. La arquitectura de sus viviendas se ha caracterizado por el empleo de sistemas estructurales independientes, construidos con postes y vigas de madera.  Los cerramientos laterales, se realizan principalmente con muros de quincha y adobe, empleando materiales naturales disponibles en la zona (diversos tipos de plantas que proveen ramas, maderas, cañas, así como también piedras y distintos tipos de tierras), otros provenientes de su propia producción (cueros, grasas y pinturas) y en el último tiempo, algunos materiales convencionales (chapas, puertas y ventanas metálicas, vidrios, entre otros) procurando adaptarlos a sus necesidades particulares. Cabe destacar que existen estudios desde el Centro de Investigaciones en Plagas e Insecticidas (CIPEIN), unidad ejecutora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en los que se indica de manera recurrente que las vinchucas anidan en los techos de paja y cañizo. En este sentido, una parte del problema podría ser atendido mediante el reemplazo de estos techos por otros de superficies lisas, tales como cielorrasos de madera, terminaciones de chapa, evitando la demolición total de la vivienda (ver Fotografía 2).

Sin embargo, tal como ya se ha señalado, este cambio de material constructivo en las viviendas es aun insuficiente para controlar la proliferación del vector, ya que el programa debería estar acompañado por un plan de mantenimiento integral, que incluya controles periódicos o de herramientas estratégicas para que la población realice su propio seguimiento. En definitiva, un programa que integre los saberes de los agentes de salud con los de la población. Esta integración se podría traducir en un continuo aprendizaje sobre el manejo del medio ambiente y la adaptación necesaria para controlar el problema, donde esos saberes puedan hacer sinergia e integrarse, abriendo el diálogo entre prácticas tecnológicas diversas.

El PDNC también optó para la producción de vivienda, en algunos casos, por la autoconstrucción, haciendo uso del conocimiento que las familias y las comunidades ya tenían incorporado, manteniendo la costumbre local; otras veces incorporó mano de obra externa, y con ello formas de construcción diferentes. Sin embargo, aquello que podría interpretarse como un desajuste estuvo en relación con la elección de materiales de producción industrializada con escaso margen para articular con los materiales y sistemas constructivos locales. Esto supone otra faceta del proceso de invisibilización, en este caso sobre la costumbre instalada en cuanto al uso de recursos locales para la construcción. En reemplazo de la estructura independiente de postes de madera, se utilizó una estructura de hormigón armado; en cuanto a los cerramientos laterales de quincha y adobe, se sustituyeron con muros de ladrillos cerámicos huecos y ladrillos cocidos.

Observando el plano constructivo, donde los productos industrializados son protagonistas de los modelos de viviendas propuestas en los planes habitacionales del ámbito rural, se nos plantea el siguiente interrogante ¿acaso ningún aspecto de la producción de esta arquitectura vernácula merece considerarse en la resolución de los modelos de vivienda? Consideramos que esta acción/decisión política no es neutral y, con conciencia o no de ello, en la negación de los valores vernáculos subyace una posición ideológica que se articula en las nociones de progreso y desarrollo, representadas en este caso por una idea de progreso vinculada a la nueva vivienda que viene a erradicar el atraso representado por la vivienda ancestral, produciendo un ocultamiento de los sistemas constructivos y recursos locales. Volveremos sobre estos conceptos.

La decisión política de introducir tecnologías constructivas nuevas con escasa articulación con las prácticas constructivas locales trae aparejados otros problemas emergentes que incrementan su nivel de dependencia. Uno de ellos es señalado por la Asociación Cultural Relatos del Viento, que a partir del trabajo realizado en el arco norte de la provincia de Córdoba, declara:

El campesino ahora necesitará (si tiene) dinero para calefaccionar o refrigerar. Además si se enferma (propiciado por su desmejorado estado anímico y los cambios de hábitos alimenticios) en muchos casos no dispondrá de la medicina natural y estrenará el ciclo fármacos-dinero-descompensación por falta de costumbre-más fármacos. No es una exageración: es lo que frecuentemente ocurre (Rosalía, 2015).

Resumiendo, los dos elementos que hemos señalado –la funcionalidad, por un lado y los métodos constructivos y materiales locales, por otro– nos permiten caracterizar en cierta medida la intervención estatal en el medio rural. Durante el transcurso del siglo XX hasta la actualidad, la presencia territorial y hegemónica de la figura del Estado en la producción del hábitat impuso profundos cambios en las prácticas sociales del medio rural. En algunos casos, estos cambios fueron conscientes y buscados [5], en otros, se presentan velados y de manera inconsciente bajo las preconcepciones –en ocasiones prejuicios– que los técnicos y políticos responsables del diseño e implementación de las políticas de hábitat aplican. Esto puede identificarse tanto en las concepciones que atraviesan los modelos organizativos, las definiciones técnicas con que se establecen aspectos constructivos y funcionales de la vivienda rural, como también las nociones en las que se basan para definir el acceso a la energía en entornos rurales. Profundizaremos este último aspecto, centrándonos en el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER) [6] como una política de implementación de energía solar que intenta resolver dos problemas puntuales: la incorporación de electrificación rural y el bombeo de agua para consumo humano y/o productivo.

Análisis crítico de la implementación del PERMER

En estas áreas rurales en cuestión aparece otro elemento relevante que hace a las actividades cotidianas: el acceso a la energía. Hemos dicho que la actividad productiva de los habitantes más vulnerables en la región se centra en la producción primaria, con algunas actividades de valor agregado. La energía empleada para realizarlas se convierte en un factor central, tanto el acceso a la electrificación como al agua resultan claves para el desarrollo y la incorporación de valor a la producción local.

En la región, el empleo de energía se encuentra diversificado: a) en los casos en que no se tiene acceso al tendido eléctrico, es frecuente que se recurra al empleo de gas envasado para hacer funcionar heladeras (para almacenamiento de lácteos y carnes faenadas); b) cuando se requiere energía eléctrica de gran potencia para tareas específicas, se acostumbra encender generadores una vez al día (lavarropas, herramientas, molino para frutos como la algarroba); c) de contar con disponibilidad de leña, se utiliza para hacer funcionar sus cocinas (cocción de cueros y elaboración de dulces); y d) en menor medida se adquieren garrafas para mecheros u hornallas.

En relación al almacenamiento de agua, históricamente se han construido aljibes o pozos balde y se mantienen como alternativa a los nuevos modos de extracción. En el último tiempo, algunas comunidades han adoptado nuevas tecnologías, por medio del acompañamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y/o el MAASP [7], difundiendo sistemas para cosecha de agua de lluvia, cisterna de ferrocemento para almacenamiento de agua o extracción por bombeo solar a grandes profundidades.

Con esta breve descripción señalamos aquello que existe históricamente en el medio rural, tanto como recurso y práctica de consumo de energías como también de almacenamiento de agua. Asimismo, damos cuenta de la presencia incipiente de nuevas tecnologías, la energía solar concretamente, implementada a partir de acciones desarrolladas por organismos estatales.

La experiencia de diseño e implementación de políticas de acceso a la energía solar en el territorio se llevó adelante mediante el proyecto de electrificación rural, PERMER. Fue desarrollado por la Secretaría de Energía de la Nación para el abastecimiento del servicio eléctrico a la población rural dispersa. Implementado en diversas provincias argentinas desde el año 2000, presenta como objetivo principal el suministro del servicio eléctrico y térmico a estas poblaciones (viviendas particulares, servicios públicos y en los últimos años se incorporan también servicios colectivos por medio de la construcción de mini redes) “mediante la utilización de fuentes de generación no contaminantes, mayoritariamente solar y eólica” (UCP, 2008, p. 8).
En el diseño del PERMER participan diversos actores: gobiernos nacionales y provinciales, beneficiarios potenciales y el sector privado en la implementación de la operación y mantenimiento de los sistemas instalados a fin de lograr la sostenibilidad en el tiempo.

Durante el año 2006, se realizaron evaluaciones y monitoreos del proyecto para visualizar los cambios generados a partir de su implementación. A partir de estas evaluaciones se determinó un “marco para el manejo ambiental y social del Proyecto” (UCP, 2008). El manual elaborado se centra en resolver dos materias principales: en lo que se definió como ambiental, se promueve el uso de fuentes de energías limpias y la reducción en la extracción de vegetación para combustible, “contribuyendo a detener el proceso de desertificación y a la disminución de la contaminación ambiental” (UCP, 2008); en lo que se define como social, se prevé mejorar las condiciones lumínicas y de comunicación social de la población rural, con el fin de reducir la migración local (PERMER, 2018).

El proyecto, centrado en resolver cuestiones sociales y ambientales, no se ocupó, sin embargo, de aspectos vinculados a la producción. En este sentido consideramos que se podrían pensar resoluciones superadoras desde el acceso a la energía solar en materia productiva, sobre todo si se quiere apuntar a desalentar la migración local. En la medida en que se consoliden las actividades productivas en el territorio, y con ello el sustento familiar, se fortalecerá la idea de permanencia. Creemos que en momentos donde se repiensan las estructuras de proyectos como el PERMER, es donde los equipos de investigación, por medio de la reflexión, tenemos la oportunidad de encontrar el intersticio para pensar intervenciones de políticas que van a afectar a miles de familias, y con ello impactar (para mejorar o no) su calidad de vida.

Mario Riso [8], responsable técnico del trabajo en territorio de la instalación y mantenimiento de los equipos solares, señala:

Centrado en una mirada urbana, el PERMER siempre destacó la necesidad de luz para los habitantes… Sin embargo la gente, que necesita producir, se acuesta temprano y amanece con el sol, entonces el problema de la carencia de luz eléctrica deja de tener sentido si solo responde a la iluminación de la vivienda. La mirada sobre la iluminación a gas o kerosene pertenece a la época anterior, invisibiliza la necesidad concreta de la familia, que pasa por obtener agua de manera estable, para sus animales y para consumo personal (M. Riso, entrevista personal, 27 de febrero de 2018).

En Córdoba, la experiencia de implementación de energía solar en medios rurales no se inicia con el PERMER, sino de manera previa, y pueden identificarse dos etapas. La primera, ya finalizada, consistió en la instalación de equipos solares para la generación de energía eléctrica en escuelas públicas rurales. A partir de ella, se realizaron monitoreos y evaluaciones. En la segunda etapa, que actualmente está en formulación, se busca atender la demanda de viviendas, lo cual supone nuevos retos. Asimismo, el ente público responsable de estas instalaciones, el MAASP, ha implementado políticas de acceso a energía solar para usuarios particulares, por lo que tanto los técnicos provinciales como las propias comunidades poseen experiencias y saberes emergentes de esas prácticas que bien podrían enriquecer la segunda etapa de PERMER.

Como se ha señalado, esta etapa se encuentra en proceso de formulación y existen tensiones entre dos propuestas diferentes, una que supone un acceso universal a la electrificación con bajas prestaciones y otra orientada a la focalización en casos de mayor necesidad y plantea prestaciones de mayor alcance.

Observando el trabajo que vienen realizando los técnicos del MAASP en conjunto con esas comunidades, entendemos que los proyectos de acceso universal a la energía eléctrica (cuyo alcance original es la iluminación de viviendas con provisión de corriente continua de 12 voltios) tienen, en el fondo, más interés en adecuarse a discursos correctos –bajo la idea de acceso universal, principalmente– que atender las necesidades integrales del hábitat rural más vulnerable.

Este sistema presenta dos problemas en su concepción; el primero es que produce insuficiente energía para uso productivo (por contar con poca superficie de captación y/o almacenamiento) y el segundo, que no están equipados de conversores para transformar la energía que producen (corriente continua de 12 V) a una que admita el uso de electrodomésticos y herramientas convencionales (corriente alterna de 220 V). De esta manera, se excluye a los campesinos de las posibilidades efectivas de acceso a una potencia eléctrica adecuada para fines productivos. Esta situación arroja otro problema: al no poder obtener energía para la producción, centrándose solamente en obtener iluminación eléctrica (cuando la práctica rural histórica consistió en la iluminación a vela), la población no encuentra un real interés en reemplazar baterías y asegurar así una continuidad del sistema. Es decir, los paneles fotovoltaicos terminan resultando prescindibles y, por ende, conduciendo hacia el fracaso de esta tecnología.

De esta manera, si los discursos de organismos internacionales –como la iniciativa “Energía Sostenible para Todos” que ONU impulsa desde 2012 [9]– son implementados a través de políticas que suponen el acceso a la iluminación –pero poco más que eso–, podemos preguntarnos si efectivamente estas políticas podrán transformar las condiciones de desigualdad que se proyectan en el hábitat rural. Claro que esta pregunta es retórica. Desde la perspectiva que sostenemos, consideramos importante el recupero de saberes nacidos en el territorio, tanto de los técnicos encargados de la instalación y el mantenimiento de equipos (es decir, quienes mayor contacto poseen con los usuarios de estos equipos) como también con las comunidades alcanzadas por estas política, procurando advertir e integrar en las posibilidades de la implementación tecnológica aquello que requieren fortalecer entre sus prácticas (productivas, residenciales o de socialización). En ese sentido, reflexionando sobre la limitación de esta nueva propuesta de electrificación universal, Riso comenta:

Fue desde nuestra mirada contextualizada que comenzamos a focalizar en lo importante para los habitantes rurales, en su práctica productiva. […] A partir del trabajo de años en el territorio rural, la gente nos transmitía sus inquietudes: llega la luz, pero ¿y el agua? ¿Y si colocamos un motor para hacer otras cosas? ¿Y molinos para procesar los frutos del monte? Necesitamos bombear agua para los animales, frío para conservar producción. Si no podemos mejorar la producción, nos tenemos que ir (M. Riso, entrevista personal, 27 de febrero de 2018).

La segunda etapa del PERMER, al menos en lo que remite a las definiciones que esta política contempla en la provincia de Córdoba, presenta la oportunidad de recuperar la experiencia de los agentes del Estado que se encargaron de realizar instalación y mantenimiento de equipos. Creemos que este aspecto es indudablemente necesario y representa un ejercicio de retroalimentación muy beneficioso para la instancia de diseño de políticas públicas. Concretamente, se promueve el financiamiento de líneas productivas en función de la demanda real: 10 kW para emprendimientos productivos colectivos y 500 V para la práctica residencial. Esto implicaría la comprensión de la dinámica en la ruralidad, las diversas e integrales funcionalidades del hábitat y su traducción en cantidad de kilovatios a financiar.

Más allá de que existen ejemplos como el descripto, que se desarrollan a partir de un trabajo responsable en el territorio por parte de un reducido grupo de agentes del Estado, logrando respuestas superadoras y situadas a las necesidades concretas de los campesinos, sigue persistiendo en la generalidad una perspectiva sesgada de la problemática rural, en donde se determina la separación de lo residencial y lo productivo.

Lo presentado hasta aquí nos permite preguntarnos sobre los términos con que se piensan estas políticas de desarrollo para el noroeste de la provincia de Córdoba, y en ese sentido entendemos que no es posible abordarlas de manera integral si se continúa invisibilizando las prácticas vernáculas. Preguntarnos por los modos de estas prácticas estatales supone preguntarnos por el modelo de desarrollo que opera tras estas intervenciones.

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El modelo civilizatorio moderno/colonial ¿por qué no es posible pensar el desarrollo como un único e inexorable modelo a seguir?

De una u otra forma, todas las políticas públicas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se han diseñado y aplicado conteniendo un ideal de progreso que se desprende de la idea o modelo de desarrollo sobre el que se sustenta. Como señala Carlos Walter Porto Gonçalves (2015) la idea de desarrollo contiene implícita la idea de una tercera colonialidad; es decir, la de determinar la dirección en que universalmente debemos aferrarnos a la fe en la ciencia y en la tecnología. Pero una ciencia y tecnología que impone un sentido de desarrollo que no necesariamente es el que desean aquellos que están siendo desterritorializados como consecuencia de la acción del mercado y de las políticas públicas que se aplican.

Tanto las acciones vinculadas a la erradicación de viviendas rancho, como las acciones destinadas a proveer de acceso a energía solar forman parte de un modelo de desarrollo que no es puesto en discusión en este trabajo. Con este señalamiento no queremos poner en cuestionamiento la impostergable responsabilidad que el Estado tiene con los sectores rurales más vulnerables, lo que proponemos revisar es el proceso de definición de la idea de progreso, desarrollo o mejora del territorio y de la calidad de vida de sus habitantes.

En ese sentido, nos interesa recuperar el concepto de metarrelato [10] que propone Jean-François Lyotard (1979), a través del cual podemos considerar al discurso en torno al desarrollo y el progreso como uno de los relatos propios del modelo civilizatorio moderno/colonial, en cuyo seno se legitiman instituciones y prácticas que reproducen órdenes de colonialidad. A fin de abordar ese aspecto, nos inscribimos en la perspectiva decolonial como enfoque analítico capaz de desnaturalizar algunas construcciones de sentido que sustentan la noción de desarrollo subyacente a los planteos analizados.

La perspectiva decolonial abre paso a la indagación de los pliegues ocultos de aquello que es nombrado como modernidad. Existe cierto efecto de exterioridad, de no-moderno, sobre experiencias de mundo que, vistas de otro modo, constituyen y perpetúan una trama vincular que se vuelve visible bajo la categoría de colonialidad. La modernidad y la colonialidad están estrechamente vinculadas, como la doble faz de un mismo fenómeno. En palabras de Grosfoguel (2006), la colonialidad “no se deriva de la modernidad ni antecede a ella. La colonialidad y la modernidad constituyen dos lados de una misma moneda” (p. 27). Es decir, la colonialidad es comprendida como un patrón de poder que emergió y sobrevivió al colonialismo y que es inmanente a la modernidad.

La modernidad puede ser comprendida como un modelo civilizatorio en el que se configura un nosotros (moderno) con facultad de intervenir en territorios, grupos, conocimientos, prácticas, subjetividades, y que procura transformar las condiciones de existencia de un otro no-moderno. Ese mecanismo es el que opera, como lógica de intervención, en casos como los que describimos antes, pertenecientes a territorios rurales como el del noroeste cordobés. Esa división, entre lo que se reconoce como moderno y aquello que no lo es, es algo que Mignolo ha denominado “diferencia colonial” (2003) y pensamos que mediante esa conceptualización podemos advertir las naturalizaciones presentes en el discurso de la modernidad/colonialidad.

Una de los elementos que nos interesa desnaturalizar en este trabajo es el sentido asociado a la idea de pobreza. En períodos previos al sistema capitalista, la noción de pobreza estaba relacionada a conceptos como frugalidad, comunidad, suficiencia o solidaridad. Mientras que, en el sentido moderno, la idea de pobreza se hace masiva y se presenta en estrecho vínculo con la economía de mercado, constituyéndose como la exterioridad de esa forma económica. Es decir, se comienzan a invisibilizar las soluciones de producción vernácula que aseguraban la supervivencia frugal de una mayoría y se las sustituye por la idea de pobreza modernizada. Esta última situación –que afecta aproximadamente a la mitad de la humanidad– fue planteada por Iván Illich (1985), uno de los referentes teóricos de la línea decrecentista.

Por su parte, Arturo Escobar (2007) señala que a partir de la consolidación del capitalismo, se produce un discurso sobre la pobreza que, transformando simbólicamente a los sectores pobres en sectores susceptibles de recibir asistencia, se genera el escenario para justificar las prácticas intervencionistas y sus correlativos mecanismos de control (p. 49). Se produce allí un doble movimiento, en el que aquellos sujetos abarcados por la categoría de “pobres” o “carentes” (categoría esencialmente articulada desde las condiciones materiales y económicas de existencia) son vaciados de potencialidad y vueltos terreno pasivo para ser intervenido. Giovanna Procacci (1991) señala que la pobreza comienza así a ser asociada con algunas categorías como vagancia, promiscuidad, insalubridad o ignorancia, dando lugar a las consiguientes intervenciones en, por ejemplo, el campo de la educación, la salud, el empleo, el ahorro o la crianza de los hijos.

La perspectiva centrada en el plano material y mercantilista –propia del capitalismo– oculta el potencial de los lazos comunitarios y se encarga de acentuar las carencias en distintos planos materiales. De esta manera, no es extraño observar que las intervenciones desde las políticas estatales en estos territorios –destinadas a subvertir los órdenes de pobreza– se concentren en trabajar sobre indicadores como la falta de acceso al agua, la inadecuada calidad de los materiales con los que está construida la vivienda, la irregularidad dominial de tierra, entre otros, invisibilizando de esta manera, las potencialidades de la población intervenida por estas políticas. En este aspecto coincidimos con Wolfgang Sachs (1997) y Serge Latouche (2014), quienes señalan que la frugalidad debe existir dentro de una decisión política ciudadana. Sachs expresa que “la frugalidad es una característica de las culturas libres del frenesí de la acumulación” (1997, p. 6). Esto significa que la mayoría de las necesidades cotidianas son satisfechas con una producción de subsistencia y el dinero para estas culturas desempeña un papel marginal.

Aunque podemos encontrar diversas potencialidades (frugalidad, comunidad, suficiencia, solidaridad) dentro de los casos atravesados por las políticas mencionadas, continúa prevaleciendo un orden político que establece diferencias, plantea límites y propone acciones tendientes a la “erradicación” de la pobreza por medio del desarrollo (Escobar, 2007, p. 52). El sistema de representación que sustenta el discurso acerca del desarrollo, aunque plantea metas de orden humanitario, social, de inclusión y de solidaridad, en la práctica implica nuevas estrategias de control sobre las personas, sus saberes y sus recursos.

En ese sentido, entendemos que con esta perspectiva se plantea un modo de relación entre el Estado y los pretendidos beneficiarios de las políticas sobre vivienda y energía, en el que el primero lo hace mediante un proceso de invisibilización de la cultura local, sus saberes y los mecanismos que le permitieron territorializarse mucho antes de que los nuevos criterios de pobreza se formularan. De esta manera, la lectura fragmentada del territorio (a partir de la cosmovisión urbana de la vivienda y el no reconocimiento de las prácticas locales) y la idea de desarrollo imperante obstaculizan la articulación con la realidad rural.

Palabras finales: diálogo de saberes e integralidad del hábitat

Con lo señalado hasta aquí, intentamos nutrir una perspectiva integral de abordaje del hábitat. En ese sentido, subrayamos la centralidad que ocupa el recupero de los saberes locales, tanto en instancias de diseño como de implementación de políticas públicas. De esta manera, abogamos por el diálogo interactoral, el recupero de saberes y experiencias invisibilizados, a fin de definir aquellas acciones estatales que incidan en el hábitat rural de manera integral.

Las discusiones teóricas y empíricas presentadas en el artículo han permitido abordar las bases en las cuales se fundamentan las acciones del PDNC y del PERMER, con intenciones de poder desnaturalizar ciertas visiones, presupuestos y nociones que dominan las intervenciones estatales orientadas a mejorar las condiciones de vida de la sociedad.

Las dos iniciativas que contempla el plan –la erradicación de vivienda-rancho y la instalación de dispositivos solares– dejaron entrever ciertas limitaciones a la hora de comprender la complejidad de la problemática rural. Al mismo tiempo permitieron develar el modelo de desarrollo que opera tras estas acciones estatales, que implícitamente invisibilizan la cultura local, perdiéndose otras formas de comprender el problema y consecuentemente, de proponer alternativas.

Reflexionar críticamente sobre las bases que fundamentan las acciones del Estado, como bien fue aclarado a lo largo del artículo, no supone un cuestionamiento a su impostergable responsabilidad con los sectores rurales más vulnerables, si no que representa una oportunidad para construir una mirada más integral de la problemática, tendiente a obtener respuestas situadas y más adecuadas a la realidad local.

La implementación mecanizada de tecnologías bajo criterios de eficiencia, es decir, los trabajos de transferencia al territorio no mediados y/o con insuficientes instancias de retroalimentación entre los cuadros técnicos estatales y las comunidades intervenidas, generalmente no solucionan los problemas a que se destinan, sino que puede contribuir a agravarlos, o inclusive, a generar otros más críticos. Desde esta posición que asumimos como equipo de investigación, consideramos que son tan imprescindibles las acciones que tiendan a mejorar las viviendas-ranchos e implementar dispositivos tecnológicos para el acceso al agua y la electrificación domiciliaria, como las que se centren en estudiar y conocer en profundidad qué viviendas y qué dispositivos construir.

Consideramos que para lograrlo, el camino más apropiado es la articulación con sus pobladores y la comprensión de su realidad local. El trabajo de gabinete y desde un único saber (generalmente técnico) no basta, porque el hábitat no es un virus aislable, ni un concepto puro, ni una geografía baldía. Es un espacio donde la gente se mueve, trabaja, disfruta, sufre, interactúa, multiplica, habita. Por ello el habitante debe ser consultado, es bueno que opine, conviene que evalúe, es necesario que decida, tiene que participar con el fin de que se asegure la apropiación de las soluciones consensuadas. Creemos es menester que el saber técnico complemente, y no sustituya al saber local, que se corra la frontera de lo que únicamente puede manejar el técnico, para que la gente amplíe su participación en el proceso y tenga elementos para controlar la decisión final.

Desde ese lugar entendemos que el ejercicio, siempre artesanal (de Sousa Santos, 2009), de desplegar un proceso de producción de conocimiento situado puede permitir responder más adecuadamente a las problemáticas locales, reconociendo en el mismo espacio sus potencialidades resolutivas. Boaventura de Sousa Santos aporta un concepto central para pensar estos procesos, señalando que “la superioridad de un determinado saber deja de ser definida por el nivel de institucionalización y profesionalización de dicho saber para pasar a ser definida por su contribución pragmática para determinada práctica” (2009, p. 71). Concretamente, el proceso de definición de las intervenciones estatales (en los casos señalados del hábitat rural cordobés) podría constituirse en prácticas situadas de producción de conocimiento, en las que el recupero de saberes locales brinde la clave para pensar la pertinencia y la apropiación de cualquier intervención que pretenda incidir en la mejora de ese hábitat.

Particularmente, como hemos señalado, el hábitat rural no puede ser abordado correctamente si no es en su integralidad. Y, aun cuando la lógica de las acciones estatales es la de resolver necesidades puntuales (vivienda y acceso a la energía, por señalar dos acciones abordadas aquí) estas serían capaces de resolver de manera más eficiente problemas locales si partieran por recuperar las potencialidades de las territorialidades en las que se pretende incidir ■

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Notas

1. El territorio rural que abarca el PDNC está compuesto por parajes de todo el arco noroeste y noreste de la provincia de Córdoba. Los casos del hábitat rural al que nos referimos y con los que trabajamos involucran algunos de esos parajes de la región, pertenecientes a diversos departamentos: Pocho, San Javier, San Alberto y Tulumba. (Volver)

2. “La provincia invertirá casi mil millones en noroeste cordobés” (Cba24n, 2014). (Volver)

3. En este aspecto concreto, si hemos de concentrarnos en el plano material de la vivienda, consideramos importante enfocar la discusión sobre la calidad constructiva de la vivienda y no solamente en el tipo de material o técnica constructiva utilizada, además de acompañar de acciones preventivas a la situación, para evitar la reinfestación. Desde lo constructivo, una forma de prevención es asegurar el mantenimiento de superficies lisas en muros y cielorrasos, sin presencia de grietas que puedan alojar eventualmente al insecto, es decir, que “la mala resolución en la vinculación de elementos constructivos o su deficiente ejecución son precisamente los factores de riesgo y no los materiales per se” (Rolón, Olivarez, Dorado y Varela Freire, 2016, p. 66). (Volver)

4. El origen del combustible para cocinar también tiene incidencia en los grados de dependencia e independencia del poblador rural. Mientras que la leña está disponible de manera permanente y, en general, sin costos monetarios, el gas envasado implica para las familias rurales inversión en tiempo y dinero para abastecerse desde los centros urbanos donde está disponible. Además, estos gastos repercuten directamente en los costos de fabricación de sus productos artesanales. Otra situación más compleja se da cuando las familias con menores recursos quedan a la espera de que la administración local se las reparta, lo que se traduce en una dependencia de la voluntad de otros. (Volver)

5. Un claro ejemplo son los lineamientos volcados en Ley provincial Nº 6758 del 2005, “Plan Provincial de Vivienda Rural” en la vecina provincia de Santiago del Estero. (Volver)

6. El PERMER es financiado por el Gobierno Nacional mediante un préstamo del Banco Mundial, una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, (GEF) –identificados como BIRF 4454-AR y TF 020548-AR respectivamente– y aportes de contrapartida local tanto del sector público, fondos provinciales y nacionales, como del sector privado, empresas concesionarias del servicio eléctrico y usuarios (UCP, 2008, p. 7). (Volver)

7. Se obtuvieron diversos financiamientos a través del INTA en colaboración con el MAASP para realizar una serie de tareas: construcción de 13 cisternas de placa en los parajes de Santa Rosa, El Bordo y La Patria (ProHuerta 2017); colocación de bombeo solar para 4 familias para uso doméstico y productivo (ProHuerta 2017 https://www.facebook.com/inta.manfredi.9/videos/252519575411100/); instalación de equipos de frío para la maduración y conservación de quesos y lácteos caprinos en el paraje La Patria (Profeder Profam 776207). (Volver)

8. Jefe del Área de Energías Alternativas, de la Dirección General de Energías Renovables y Comunicación perteneciente al MAASP. (Volver)

9. Se busca movilizar y comprometer a los diferentes actores sociales en la energización de sus territorios, procurando contribuir a la reducción de la pobreza y a la configuración de un escenario energético planetario más equitativo y sostenible, dentro del objetivo: “Energía Asequible y no contaminante” (ONU, 2012). (Volver)

10. La noción de metarrelato es presentada por Lyotard, en el marco de la comprensión de la modernidad, refiriéndose a los grandes relatos –aquellos discursos totalizantes, dogmáticos, dominantes– que entran en crisis, en la medida en que se produce el agotamiento del período, y su modalidad histórica y cultural, dando paso a la posmodernidad. En el marco de los estudios decoloniales, estos grandes relatos son cuestionados en los bordes mismos del sistema de pensamiento hegemónico, ya sin intenciones de dar cuenta de una situación posmoderna, sino de denunciar las formas de dominación que prevalecen, a partir del trabajo “desde el terreno” liberando así el potencial para pensar desde la diferencia, “hacia la constitución de mundos locales y regionales alternativos” (Escobar, 2003). (Volver)

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