La villa también tiene un proyecto. Para una antropología de lo arquitectónico en la urbanización de la Villa 20

MARÍA EUGENIA DURANTE
Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos



Resumen

El presente trabajo analiza y problematiza el conflicto suscitado por la urbanización Villa 20 y la conformación del Barrio Papa Francisco, a principios de 2014. Explora, a partir de las voces de los distintos actores, las representaciones en disputa,en torno a lo arquitectónico,sobre las problemáticas y conflictos urbanos. Se procura visibilizar los significados, identidades, valores e intereses contrapuestos, dentro del mismo campo disciplinar.

Palabras clave
Urbanización de villas, Actores sociales, Proyecto participativo, Concursos


Lo arquitectónico como objeto antropológico [1]

Cuando lo arquitectónico atiende a las problemáticas habitacionales y urbanas de los sectores populares, se hacen más visibles las disputas al interior del campo; así, el conflicto urbano resulta un momento condensador de diversos intereses, disputas y representaciones de los actores intervinientes. Es un punto crítico, pues pone en contradicción los valores que constituyen históricamente la idea de arquitectónico, limitando las posibilidades de acción a la hora de dar respuestas a las demandas de los sectores de la sociedad que no pueden pagar sus honorarios: cuando lo arquitectónico atiende a problemáticas de los sectores populares, el debate acerca de la belleza y de la estética, si bien no deja de estar presente en el discurso de algunos arquitectos y arquitectas involucrados, parece soslayarse. Otra afirmación puesta en jaque, parece ser la de la autoría, la creatividad individual y el saber arquitectónico construido, solamente, desde el profesional arquitecto.

Este trabajo exploratorio indaga en un conflicto particular ocurrido en la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de evidenciar las tensiones y contradicciones en torno a lo arquitectónico que aparecieron en el debate entre las distintas fuerzas. Plantea desde una mirada antropológica (Gravano, 2015), dimensiones y variables de análisis aplicables al problema de la revisión de los discursos y prácticas de la arquitectura. Nuestra atención se focaliza en el conflicto desatado por la toma de tierras en predios linderos a la Villa 20, autodenominada Barrio Papa Francisco, el 24 de febrero de 2014. De acuerdo con el enfoque y metodología propuestos basados en el análisis documental, se recuperan experiencias y registros cotidianos, para contrastarlos con discursos oficiales y trabajos publicados en medios especializados y de difusión masiva. Así, las fuentes de datos abarcan desde documentos legislativos y de concursos de arquitectura hasta la revisión de artículos periodísticos, publicaciones de portales web y blogs o resoluciones oficiales.

El enfoque antropológico permite mostrar las diferentes concepciones y representaciones de lo arquitectónico de los actores participantes. Este planteo nos lleva a pensar cómo es el ámbito particular del campo disciplinar de la arquitectura, cómo se condensan y dialogan los procesos históricos y se entrecruzan las trayectorias de arquitectos y arquitectas. Sus trayectorias están inscriptas, como comenta Elena Achilli, en ámbitos particulares sujetos a contenido histórico social, en los que se produce y reproduce la vida en sociedad, con sus continuidades, rupturas, tendencias y procesos emergentes. De ahí, el interés por conocer la experiencia de los sujetos como generadores de prácticas, concepciones y sentidos sociales que se construyen en contextos particulares, en las relaciones socioculturales (Achilli en Gravano, 2015, p. 16).

Parafraseando a Gravano respecto de lo urbano, ¿podemos afirmar lo mismo de lo arquitectónico? ¿es la arquitectura un hecho y un derecho? o ¿es un plusvalor otorgado a lo urbano para su rentabilidad? Nos interesa plantear estas tensiones para detectar dónde y cómo lo arquitectónico es representado, es disputado, se reconfigura, se diferencia y reivindica. El enfoque antropológico ayuda a entender lo arquitectónico como proceso –producto de un proceso histórico, posibilidad de proceso futuro– y discutir con la idea tradicional de la arquitectura, signada por la Escuela de Chicago [2], para la cual la modificación del espacio puede modificar las prácticas sociales. Problematizar con esta concepción dominante del campo disciplinar pone en discusión la disciplina en su totalidad, cuestionamiento que se hace más visible cuando los arquitectos buscan, con las herramientas tradicionales, trabajar en procesos de producción social del espacio. Se trata de desmenuzar desde casos concretos las disputas en torno a lo arquitectónico, entendiendo que el objeto arquitectónico:

forma parte de la riqueza social que producen y se apropian los individuos en la sociedad y, al igual que cualquier objeto, estos los producen y se apropian de ellos socialmente en función de su ubicación en la estructura de clases y de la correlación de fuerzas existente entre ellos (Pradilla Cobos, 1979, p. 4).

El conflicto del Barrio Papa Francisco (en adelante BPF) parece culminar con el violento desalojo efectuado en setiembre de 2014. Durante seis meses, alrededor de 800 familias ocuparon el predio. Vivían hacinadas, en condiciones precarias y algunos pagaron altos alquileres en la villa. Este conflicto permitió dar fuerza al reclamo por el incumplimiento de la Ley Nº 1770 (aprobada en 2005), que exigía la urbanización de la Villa 20, previa afectación de los predios tomados. En el proceso desencadenado desde la toma, surgieron diferentes propuestas y proyectos para brindar, desde la arquitectura, respuestas a la problemática habitacional y urbana de la Villa 20. Propuestas que nos obligan a preguntarnos: ¿es una misma concepción de lo arquitectónico la que genera las diferentes prácticas o hay en cada una de ellas diferentes concepciones, representaciones?

El presente trabajo centra la atención sobre el debate que interpela el territorio disciplinar de la arquitectura, en especial, sus discursos y prácticas relacionadas con problemáticas urbanas y habitacionales de los sectores populares, desatados a partir del conflicto del BPF.

Lo arquitectónico como reproducción desigual

En la toma también tienen un plan de urbanización
Videla (2014).

Esta frase fue el título que utilizó el diario Página 12 cuando los delegados del BPF, junto con “profesionales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de Buenos Aires (UBA)”, presentaron a la legislatura porteña el proyecto, elaborado en conjunto, para formalizar la urbanización de la toma. Estos profesionales de la arquitectura tenían nombre y apellido: pertenecían al Taller Libre del Proyecto Social (TLPS), una cátedra libre de la FADU-UBA que desde 2006 propone una actividad de formación para el ejercicio profesional en el hábitat. En ella se apuesta por un proyectar compartido con la comunidad reconociendo el “derecho a proyectar y re-proyectar el mejoramiento de su hábitat por parte de los ‘autoproductores’” (Pedro, Bandieri y Contreras, 2016, p. 285). Su objetivo principal es:

orientar el diseño, la arquitectura y la actividad profesional hacia la atención y solución de las necesidades populares, en el camino de la transformación de las condiciones sociales, para aportar en la búsqueda de soluciones desde el campo específico y, en esa tarea, transformar las propias condiciones socioprofesionales (p. 286).

En la nota periodística a la que se hace referencia, uno de los delegados, Marcelo Urquiza, sostenía que su plan urbano “era integral”, no solo porque proponía “abrir calles, sino cómo van a hacer las cloacas, los tendidos de gas y de luz, que hoy son como una tela de araña, y cómo van a ser las viviendas” (Videla, 2014). El proyecto presentado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, continúa, solo “propone abrir calles y entregar escrituras, pero no explica cómo van a hacer el tendido de infraestructura” (Videla, 2014).

La nota era una respuesta a una publicación de dos días antes, en la que el diario Clarín hacía mención del proyecto oficial para la urbanización de los mismos predios en cuestión. Según los legisladores Cristian Ritondo y Karina Spalla, “generará una urbanización de calidad exactamente igual al resto de la Ciudad” (Reclamo por viviendas, 2014). En la nota de Página 12 se comenta que una de las diferencias entre ambos proyectos es que el oficial propone una construcción de planta baja y seis pisos, mientras que el presentado por los delegados, propone planta baja y tres pisos, para evitar la instalación de un ascensor. A su vez, el proyecto de los delegados y el grupo de arquitectos de la FADU, plantea la construcción de 2.300 unidades, una cantidad mayor a de 1700 unidades, fijada por la Ley Nº 1770 (2005). Esta propuesta se fundamenta en la relocalización de familias de la villa, por las mejoras de urbanización, así como en la disponibilidad para familias que alquilan en la villa. En la nota mencionada, el delegado enfatizó: “estamos dispuestos a pagar las viviendas, los impuestos, a que nos pongan medidores de luz y de gas. […]Estamos cansados de que nos vean como la lacra de la sociedad, queremos que nos incluyan” (Videla, 2014).

Claramente se trataba de dos modelos en pugna. En la propuesta del TLPS elaborado en conjunto con el barrio, las propuestas urbano-arquitectónicas para el BPF incluían tendidos de infraestructura, cantidad de viviendas, altura de las edificaciones. Además de estas referencias materiales, se discutía sobre el pago de servicios e impuestos, la calidad de la ciudad, la integralidad de la respuesta, la inclusión social.

Este tipo de propuesta, replantea un problema disciplinar: ¿se puede dar respuestas a estas dimensiones desde las propuestas urbano arquitectónicas? ¿cómo entra en juego lo arquitectónico en estos conflictos? Según se infiere del contrapunto entre ambas notas, el hecho de tener un proyecto coloca a los delegados del BPF a discutir en otras condiciones, en el mismo terreno que los miembros del gobierno de la ciudad. Se vislumbra un debate en torno a tener un proyecto, que genera un conflicto de intereses, de derechos, obligaciones y reivindicaciones.

Las líneas arquitectónicas en el ámbito de la Facultad de Arquitectura

En abril del 2014, en la sesión del Consejo Directivo de la FADU-UBA, el Secretario Operativo de esa casa de estudios, Ariel Pradelli afirmó:

La verdad es que también se presentaron otras personas diciendo que eran parte de la Facultad, algunas como profesores de la Facultad, otros como del Instituto Superior de Urbanismo, y algunas otras que se habían presentado anteriormente como presentando un proyecto por la Universidad y por la Facultad, y al vernos que estábamos ahí se presentaron solamente como profesores de la Facultad. Que la jueza casualmente nos preguntó, y ahora el Noticiario Sur de la Comuna 8 nos pregunta, por qué tenía un proyecto presentado por algunos profesores de la Facultad, cómo que había sido un proyecto de la Universidad, y le dijimos que no, que la Universidad jamás había hecho un proyecto (Consejo Directivo FADU-UBA, 2014).

La cita hace referencia al conflicto entre los actores de la FADU-UBA en relación a las acciones en el BPF que no hace más que expresar diferentes concepciones del hecho arquitectónico.Un mes después de la nota de Página 12 comentada en el apartado anterior, el decano de la FADU-UBA, arquitecto Luis Bruno emitió un comunicado fijando la posición del Gobierno de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, con el aval de “especialistas profesores arquitectos” (Bruno, 2014). En este, expresaba su preocupación ante los procesos de tomas de tierras, “impulsadas por actores que usufructúan la desesperación de familias que ven posible el acceso a un terreno propio” (Bruno, 2014), y por la desatención y deficiente intervención del Estado en materia de políticas habitacionales.

El comunicado de Bruno apuntaba también a la necesidad de un proyecto urbano integral, políticas de créditos de vivienda y un modelo participativo, iniciando la acción a partir de “neutralizar el conflicto particular, desocupando por la vía pacífica las tierras ocupadas, poniéndolas inmediatamente al servicio de un proyecto de reurbanización integral” (Bruno, 2014). En el Consejo Directivo de la FADU, se debate este comunicado después de ser publicado, sobre todo poniendo en cuestión su carácter de ser expresión del “Gobierno de la Facultad” ya que el gobierno de la facultad es el Consejo Directivo y no el Decano.

A la vez, el documento, al llamar al desalojo pacífico entra en contradicción con lo expresado en el proyecto de Ley Nº 01861D14, presentado desde el TLPS (NCN, 2014), cuyo objetivo era la urbanización “para las familias emergentes de la Villa 20 y esponjamiento para su urbanización, para la remediación y construcción de las viviendas necesarias simultáneamente y manteniendo las familias en el predio”(destacado nuestro, NCN, 2014).

Si bien Bruno no hace alusión al proyecto del TLPS, en las actas del mes de abril del Consejo Directivo en el que se trata el comunicado de Bruno, uno de los consejeros, arquitecto Javier Fernández Castro, reconoce la existencia de diferentes perspectivas que construyen sobre esta problemática. Expresa: “esta facultad es tan plural que nos tiene a nosotros trabajando de una manera, y tiene a otros equipos que son la justificación teórica de que hay que hacer todo lo contrario en ese lugar” (ConsejoDirectivo FADU-UBA, abril 2014). A pesar de esto, morigera su posición diciendo que las diversas posiciones no son contradictorias. Sin embargo, aunque tampoco lo nombra, en sus palabras –y en todas las declaraciones anteriores– están aludidos los autores del proyecto N° 01861D14, los arquitectos y arquitectas del TLPS.

En el contexto de la discusión, la arquitecta Beatriz Pedro, Directora Académica del TLPS, envía una nota al diario Clarín sin conseguir la publicación que finalmente aparece en el anuario de la cátedra: en ella se expresa otra mirada sobre las villas y asentamientos, surgidos por tomas de tierra. Pedro señala:

las villas no son un delito de usurpación ilegal sino el producto natural de la emergencia habitacional producida por la crisis social que viven miles que no pueden alcanzar las necesidades básicas del vivir, sometidos hoy a las nuevas formas de operatorias urbanísticas que profundizan la desigualdad en la ciudad (TLPS, 2014, p. 102).

Estas posiciones se cristalizaron en dos despachos elevados al Consejo. Por un lado, los integrantes del TLPS, junto a los representantes del claustro estudiantil en el Consejo, presentaron un pedido de apoyo al reclamo de las familias del BPF para el cumplimiento de la Ley Nº 1770; y, por otro lado, el comunicado de Bruno ya publicado en el suplemento ARQ de Clarín, para su aprobación [3].

Javier Fernández Castro, uno de los profesores que asesoró a Bruno en su comunicado [4], es uno de los autores del reconocido proyecto de urbanización de la Villa 31. En el libro Barrio 31 > Carlos Mugica Posibilidades y límites del proyecto urbano en contextos de pobreza (2010), comenta que en su fundamentación teórica e investigación proyectual, estuvo influenciado por los trabajos del “Laboratorio de Morfología (hoy incorporado al Instituto de la Espacialidad Humana) dirigido por Roberto Doberti, y por la reivindicación de la investigación proyectual como herramienta aplicable al hábitat de la emergencia en las transferencias del Centro Poiesis dirigido por Jorge Sarquis” (Fernández Castro, 2010, p. 120). Para Fernández Castro, el desafío reside en repensar y reactualizar la espacialidad de la pobreza. Desde una activa participación académica, en docencia, desde diversas cátedras en la formación de grado, en investigación, extensión y diversas publicaciones, promulga por una “militancia específica o la traducción espacial de la consigna” (o “una política del espacio”).

El consabido fracaso de la peor planificación homogeneizante a la hora de diseñar de cero el hábitat popular, implicaba una necesaria revisión cualitativa y más respetuosa sobre lo auto construido, valorizando espacios ya apropiados a los que solo sería necesario dotar en completamiento de lo que carecen en origen. Pragmática política, optimización de recursos estatales siempre escasos, y si se quiere hasta respeto antropológico por prácticas y configuraciones preexistentes, se conjugan en una nueva visión posibilitadora de transformaciones concretables (Fernández Castro, 2010, p. 121).

Por su parte, el enfoque de Beatriz Pedro, Mauricio Contreras y el resto del equipo del TLPS se apoya fuertemente en el trabajo de Fermín Estrella, arquitecto formado en la década del sesenta en la UBA, con una gran trayectoria en materia de vivienda productiva y urbanismo social. Ha llevado a cabo gran cantidad de obras en México, Bolivia y Ecuador. En Argentina, con el Grupo Industrialización y Racionalización de la Arquitectura (IRA), realizó una masiva intervención en la construcción de escuelas rurales, con sistemas prefabricados en muchos puntos del país, a fines de los sesenta. Su perspectiva puede rastrearse en su conocido libro Arquitectura de sistemas al servicio de las necesidades populares, publicado en 1984, a su regreso al país. En la primera parte de ese texto, explica los fundamentos de su teoría, sosteniendo que “desde el comienzo de nuestra tarea en 1964 en Argentina, éramos conscientes que la resolución de los grandes déficits de vivienda y equipamiento eran problema político y no técnico” (Estrella, 1984, p. 26). Se proponía construir alternativas reconociendo la magnitud del problema, y entendía la “Arquitectura como servicio, definida a partir de las necesidades sociales a satisfacer. Arquitectura para ser usada y juzgada por los usuarios que, además de los que la habitan, son también los funcionarios que la programan los empresarios que la fabrican” (Estrella, 1984, p. 27).

Estos antecedentes sirven para aproximarnos a entender desde qué trayectorias se sostuvieron las diversas posturas, en el seno del Consejo Directivo de la FADU y comprobar que las expresiones de cada uno de los actores articulan diferentes representaciones sobre el papel de lo arquitectónico. Son posiciones diversas surgidas en el seno de la universidad pública argentina, que nos permiten divisar cómo se conforma su heterogeneidad, dónde hay voces diferentes que se ponen en diálogo y disputa. En estos primeros debates que se dieron en el seno de la FADU-UBA, un enfoque prioriza la intervención sobre la espacialidad, la morfología, donde el diseño del espacio resulta el aporte fundamental desde la arquitectura. Desde el otro enfoque, los elementos centrales son el proceso de trabajo propuesto, las herramientas de sistematización, construcción y visibilización de la información y toma de decisiones. Estas disyuntivas nos retrotraen a una pregunta histórica en el campo:

¿La forma espacial (el diseño y la morfología de una ciudad) determina las condiciones sociales, los comportamientos, la cultura de los grupos? ¿O es la estructura socio-económica, el modo social de organizarse y vincularse entre sí de los sectores sociales (principalmente de las clases) lo que condiciona o determina, la forma urbano-espacial? (Gravano, 2015, p. 59).

La influencia de la Escuela de Chicago en la formación de la arquitectura, no solo desde su rama más proyectual, sino también a la urbanística, las ideas del movimiento moderno, el racionalismo, funcionalismo, son, hasta el día de hoy, la referencia inmediata para proyectar arquitectura. Será a fines de los sesenta, principios de los setenta, y ante la creciente crisis y precariedad urbana de los sectores populares, cuando toman fuerza las críticas al positivismo imperante, a la racionalidad despolitizada. Por aquellos años, como expresa Hall, el urbanismo se dividía en dos vertientes:

uno era el de las escuelas de urbanismo, cada vez más obsesionadas en estudiar la teoría; el otro el de los técnicos de los ayuntamientos y de los despachos de profesionales enfrentados con el problema de cada día de planificar en el mundo real (Hall, 1996, p. 31).

Los casos del Taller Total de Córdoba (1970-1976), o los Talleres Nacionales y Populares (1973-1976) en la FADU-UBA, o las experiencias pedagógicas de Rosario y La Plata, son algunas de las producciones críticas locales de la universidad pública. Voces silenciadas de la historia, y alejadas de la implementación de las políticas públicas, a pesar de surgir en el marco sistema educativo público. Estos casos se dan en otro contexto, bien distinto al del proceso que este trabajo analiza, pero que nos permiten divisar cómo, históricamente, la universidad pública contuvo o dio lugar a los debates críticos. Dentro de sus contradicciones, la universidad pública contiene estas experiencias, entrando en tensión con las necesidades del sistema económico y político, que le reclama ciertos profesionales para la atención de determinadas problemáticas. A pesar de ello, las vinculaciones entre lo que produce la universidad y el accionar de las políticas públicas, parecen aun estar distantes, o al menos, estar produciendo debates e ideas distintas. Una vez más, la experiencia del BPF vuelve a poner esas contradicciones al desnudo.

Lo arquitectónico como problema

En la publicación del TLPS de fines de 2014, se lee que, de inmediato al ser convocados, “nos pusimos al lado de las familias y las organizaciones sociales del nuevo BPF, aceptando el desafío académico y profesional de buscar un nuevo camino para resolver” (TLPS, 2014, p. 122).

Surge así un proyecto, elaborado en colaboración con los delegados del barrio, que se presentó en una impresión digital (se imprimió en una lona), sirvió como herramienta de difusión y se llevó a cada una de las movilizaciones, charlas y debates posteriores al desalojo.

En agosto de 2015, y ante la falta de respuesta del gobierno al conflicto por la urbanización de la Villa 20, se convoca a una gran movilización al obelisco, donde se logra gran cantidad de adhesiones de diversos sectores. El punto central del reclamo era el incumplimiento de la Ley Nº 1770, a esto se sumaba el pedido de consideración del proyecto realizado por el TLPS, “ya que este es el único diseñado íntegramente en conjunto con los vecinos y vecinas del barrio tal como determina la Ley” (Abran Paso, 2015).

Sin embargo, en 2015 desconociendo la existencia de un proyecto ya encaminado, como había sido el presentado por el TLPS y los delegados del BPF, se llama a concurso para el mismo predio. Nuevamente se ponen en tensión dos propuestas: por un lado, el proyecto construido por el equipo del TLPS y los delegados del barrio de 2.300 viviendas; por el otro, un concurso público y abierto a propuestas de arquitectos y arquitectas para pensar 1.000 viviendas nuevas para el predio en cuestión, que se realizaría en cuatro etapas distintas. El concurso, promovido desde el gobierno de la ciudad, organizado desde la Sociedad Central de Arquitectos (SCA), auspiciado por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) tuvo dos partes: el primero abrió la recepción de propuestas desde el 16 de octubre hasta el 9 de diciembre de 2015. Se dieron a conocer los resultados el 22 de enero de 2016. La segunda parte recibió sus propuestas desde el 15 de febrero hasta el 8 de abril de 2016. El fallo del jurado se difunde el 13 de mayo del mismo año.

En las bases del concurso, se dedica una sección a caracterizar la situación actual de las villas en la ciudad. Se las caracteriza como “una fractura del resto de la ciudad” (SCA, 2015), debido a localizarse entre barreras urbanas (puentes, vías, zanjones, arroyos), mala accesibilidad, malas condiciones ambientales, y con una inseguridad “máxima, pues son estas áreas también propicias para el delito [y agrega que] sus bordes simbólicos también son importantes, pues estigmatizan y consolidan la segregación social […] vivir en la villa restringe las posibilidades de ser ‘ciudadano’” (SCA, 2015). Este mismo documento habla de lo que considera buenas prácticas y repasa algunas experiencias históricas de Argentina, llevadas adelante por el Estado y grupos de arquitectos/as diversos, ninguna por concurso. Estas prácticas se basaron en “la participación de las organizaciones intermedias y de base, y que tienen a sus habitantes como protagonistas” (SCA, 2015), entendiendo que estas características permiten respetar las redes sociales constituidas, profundizando el sentido de pertenencia e identidad.

A pesar de las mencionadas buenas prácticas, en el marco de un concurso de anteproyectos ¿es posible la participación? En el fallo de la segunda etapa del Concurso [5], el jurado advierte, en la introducción, que:

las propuestas evaluadas, en distintas aproximaciones, han buscado comprender los modos de habitar de la población a partir del imaginario profesional que tenemos sobre estos territorios de la ciudad, aun cuando entendemos que sería interesante incorporar la participación de los habitantes de la villa, de manera de obtener respuestas acordes a sus necesidades y realidades cotidianas (SCA, 2016b).

El denominado imaginario profesional parece actuar para saldar las falencias de la no participación de los futuros destinatarios en el diseño. El fallo del jurado del primer concurso, señala al comienzo que “realizar un Concurso Nacional de Arquitectura es una tarea compleja, que suma a muchas personas que colaboran en un objetivo común: el mejor resultado posible” (SCA, 2016b). Los jurados remarcan aspectos de los concursos tales como el aprendizaje, la experiencia de competir, la libertad para interpretar el problema dado o la posibilidad de investigar variables como otras tantas ventajas del sistema de concursos en Arquitectura. Berto González Montaner, director del suplemento ARQ de Clarín, el medio de difusión especializado en arquitectura con mayor llegada en el país, sostiene que el concurso de la Villa 20 se realiza en cuatro etapas, “para que los proyectos sean de distintos autores y garanticen variedad de soluciones y enriquezcan el paisaje urbano” (González Montaner, 2016b). El periodista va en sintonía, con las bases del concurso, donde también se expresa que “la intención es lograr, a través de los distintos concursos, la formulación de un proyecto elaborado por diferentes arquitectos que evite las situaciones de repetición y homogeneidad en la urbanización” (SCA, 2015), un proyecto que permita recrear “las situaciones de heterogeneidad y variación que caracterizan, en término de complejidad morfológica, a nuestra ciudad” (SCA, 2015).

La propuesta urbano arquitectónica presentada por los delegados del BPF y TLPS es sintetizada en el Anexo I “Propuesta de Programa de saneamiento, construcción de viviendas, y trabajo en el Barrio Papa Francisco” (La Alameda, 2014). Diversos lineamientos que contiene dicho documento, nos permiten divisar qué elementos, procesos, dinámicas sociales y culturales se consideran a la hora de construirla. Cuando hablan del agrupamiento de las viviendas, fundamentan la cantidad de viviendas y personas que transitan para permitir “un alto grado de conocimiento social e Identidad Vecinal a las familias que comparten las calles de acceso” (La Alameda, 2014).

La propuesta desarrolla cada uno de los detalles y entiende al barrio no solo como una obra acabada, sino como un proceso de apropiación, construcción de identidad, espacio de producción y reproducción. En las instancias sugeridas para el desarrollo del Programa para la construcción de las viviendas, se puntean las tareas: “1. La capacitación y organización de los vecinos en cuatro Grupos de Construcción Cooperativos […] 2. El Diseño de todos los detalles Urbanos y Arquitectónicos […] 3. El Diseño Constructivo y las pautas, materiales y modalidades de construcción” (La Alameda, 2014), entre otras. Estas tareas se realizarán “de acuerdo con las Pautas y Patrones del ‘Diseño Social Participativo’ en consenso con todas las familias intervinientes en el Programa” (La Alameda, 2014). Este documento intenta barrer con los diversos aspectos que hacen al proceso de materialización. Propone alternativas no solo para la etapa de construcción de las viviendas, sino para el desarrollo posterior del barrio, como es pensar emprendimientos productivos que tengan continuidad, una vez terminada la obra.

La propuesta de los participantes de los concursos, se puede rastrear en alguno de sus portales personales y/o publicaciones realizadas por los mismos, posteriormente a los premios obtenidos. Por ejemplo, Beccar Varela y su equipo, ganadores de la segunda etapa, escriben en la memoria del proyecto que buscan “establecer un diálogo con el estado presente del entramado edilicio y social de la Villa” (Beccar Varela y Altuna, 2016). En este documento expresan lo que entienden por hacer una buena arquitectura:

1) calibrar la dinámica de lo público y lo privado, produciendo unas condiciones de intimidad suficientes y a la vez alentando el espíritu de comunidad; 2) lograr una eficiencia constructiva sin perjuicio de la riqueza proyectual, propiciando la estandarización a la vez que una inclaudicable sensibilidad por la escala y la singularidad humanas; 3) redoblar la apuesta por lo sustentable, que, en términos concretos, redundará en una reducción fundamental en todos los aspectos de consumo energético, mantenimiento edilicio, y en definitiva del éxito a largo plazo del proyecto (Beccar Varela y Altuna, 2016).

En sus decisiones de proyecto buscan reflejar estos objetivos. “La decisión fundamental de nuestro proyecto es estructurar el armado de las viviendas en torno a 3 grandes patios”, afirman (Beccar Varela y Altuna, 2016). La dimensión, ubicación y relación con las partes de los patios, los constituye en el centro del proyecto, donde “se condensa la dinámica que el proyecto propone entre lo público y lo privado, y entre la vivienda y la luz natural, en definitiva, los valores más elementales de la Arquitectura” (Beccar Varela y Altuna, 2016). A estos patios se puede acceder desde fuera del conjunto, con salidas a ambos laterales, lo que los convierte en pasajes urbanos, “cuyo carácter público favorece la integración del barrio (carácter que puede fácilmente pasar a ‘semi-público’ mediante unos portones, de resultar necesario)” (Beccar Varela y Altuna, 2016).

Estas respuestas pensadas para la vivienda social desarrollan las características de su aspectos físicos y cualidades espaciales, confiando en que “lo público”, “la integración al barrio”, se constatan desde las formas que adopta el proyecto presentado. Sobre esta propuesta ganadora, el jurado valora los mismos aspectos que el equipo que lo realizó describe: los patios, su escala, el asoleamiento, la ventilación y las expansiones de las viviendas. A esto agregan una serie de recomendaciones, que apuntan a correcciones sobre la resolución del proyecto, tales como revisar las dimensiones de los ambientes, la ubicación de las puertas de ingreso, el aprovechamiento del espacio de planta baja, entre otras (SCA, 2016a). Estas observaciones hacen foco sobre los planteos formales y resultan recurrentes en la valoración de todos los premios, tanto en el fallo del primero, como en el segundo de los concursos para las viviendas de la villa.

Lo arquitectónico, cuando interviene en conflictos habitacionales de los sectores populares, se convierte en un problema, pues no pareciera encontrar respuestas desde las prácticas tradicionales.Si revisamos el cajón de la historia, no es la única vez que, dentro del campo arquitectónico, surge esta disyuntiva entre propuestas por medio del sistema de concursos públicos, abiertos a los proyectos de diversos profesionales de la arquitectura, y propuestas de trabajo junto con los vecinos y vecinas de los barrios, desde experiencias participativas.

Al recorrer la historia del campo disciplinar, son las propuestas presentadas en concursos profesionales las que más lugar han tenido. Pero, si se profundiza en ciertos casos, se encuentra que también había otras propuestas urbano arquitectónicas que no son recogidas por los libros de arquitectura. Dos casos se podrían traer a colación. Por un lado, el concurso PREVI de vivienda social para Perú (segunda mitad década del sesenta [6]), muy reconocido y comentado en la actualidad desde el campo disciplinar, que se oponía en metodologías y concepciones al trabajo propuesto por equipos interdisciplinarios que intervenían en los Pueblos Jóvenes, denominación de los barrios informales establecida por el gobierno de Velasco Alvarado. Otro caso es, quizás, el Concurso para la Remodelación del Centro de Santiago de Chile (1972), que se abre durante el gobierno de Allende, por el círculo de profesionales arquitectos de aquel país. Este concurso parecía oponerse a los esfuerzos realizados por organizaciones políticas y sociales en los campamentos (forma de denominación a grandes tomas de tierra que sucedieron en aquellos años). En los campamentos se llevó a cabo un trabajo solidario y organizado en torno a la planificación de los barrios y la construcción de viviendas, con ayuda de grupos de estudiantes y arquitectos/as [7]. Esta disyuntiva aparenta mostrar el debate centrado sobre el tema de la autoría versus la co-autoría, o el carácter participativo de las propuestas. En este caso pensamos ¿solo radica en ello las diferencias sobre la construcción de lo arquitectónico?

Lo arquitectónico como objeto significacional

En este punto nos preguntamos cómo lo arquitectónico fue disputado y utilizado con diferentes objetivos, como lo arquitectónico se convierte en objeto significacional, a disposición de diferentes intereses. Interesa aproximarnos a las propuestas arquitectónicas en disputa, y desprender esta idea de los imaginarios urbanos a la que muchos autores se han abocado, desde diferentes enfoques. Lo arquitectónico no es solo el objeto arquitectónico, como lo urbano no es sólo la ciudad construida, sino que encuentran su riqueza insertos en procesos de producción cultural, donde se constituyen como significados y representaciones en disputa. En este sentido, interesa seguir a Armando Silva, para quien más allá de la economía, la planificación o los conflictos sociales, forman parte de lo real de la ciudad, las imágenes imaginadas desde tales fenómenos o aún por fuera de ellos (Silva en Gravano, 2015, p. 142). Para este análisis resulta interesante observar el siguiente desarrollo del conflicto.

Según informó la SCA (2016): “por indicación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suspenden las etapas 3 y 4 del Concurso Nacional de Anteproyectos Viviendas Sociales Villa 20, hasta nuevo aviso”. Esta medida, que se basó en una decisión política que no se explicita de parte del gobierno de la ciudad, parecía fundamentarse en el reclamado Artículo 3º de la Ley Nº 1770, que exigía la participación de los vecinos de la Villa.

Artículo 3° bis.- Los veedores estipulados en el Artículo 2° bis de la presente ley, deberán garantizar, asimismo, la participación de los vecinos en la etapa de evaluación de las distintas alternativas y en la formulación de las pautas del proyecto de urbanización. Durante este proceso se deberán realizar en la zona exposiciones periódicas y debates sobre la evolución del proceso de implementación del mismo (2005).

Sin embargo, la decisión despierta nuevamente la atención de diversos sectores, que se expresa en repudio de la misma. Es primero el editor del suplemento ARQ de Clarín, González Montaner, quien expresa:

Parecía que el tema de la Vivienda Social empezaba a encauzarse. Luego de décadas de indiferencia, de malas experiencias y de propuestas que solo parecían atacar, en el mejor de los casos, las estadísticas; la vivienda social volvió a ser un área de interés de los arquitectos, regresó a los talleres de las facultades y, en la esfera pública, a buscar sus mejores soluciones a través del sistema de concursos (González Montaner, 2016a).

Más allá de las modificaciones necesarias a realizar en los proyectos ganadores, y que expresa el fallo del jurado, para González Montaner los concursos son el mejor y más transparente sistema posible para la obra pública. Al mismo tiempo, constituyen una práctica “que entusiasma a la comunidad de arquitectos, porque además de darles la oportunidad de hacer aportes a temas sensibles y de interés público, les permite acceder a encargos poco frecuentes en la rutina profesional” (González Montaner, 2016a).

En este episodio el freno puesto a la intervención de las mejores soluciones que la arquitectura podía pensar para resolver el conflicto, parecían frenar los intentos por la reurbanización de la Villa 20, y el trabajo, aprendizaje y sana competencia entre arquitectos atentos a esta problemática. González Montaner parece reclamar, desde su nota, la necesaria participación de los arquitectos para pensar la vivienda social. Sin embargo, parece desconocer que se daba en paralelo la intervención de un grupo de profesionales, quienes, junto a los vecinos y vecinas, luchaban por poder participar también en las decisiones del proyecto ya que no hay ni una sola mención a los desarrollos del TLPS.

Ante la suspensión del concurso, no solo el suplemento ARQ de Clarín critica la decisión. También la legisladora Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, presenta en la Legislatura un pedido de información sobre el porqué de la suspensión y el estado de las primeras etapas del concurso: “Entendemos que es prioritario que se completen los concursos para construir las necesarias viviendas para resolver el déficit habitacional de la Ciudad” (Urgente24, 2016).

El 1 de agosto del mismo año, el diario La Nación, edita una nota titulada: “Buscan el consenso vecinal para avanzar con una urbanización en Villa Lugano” (De Aróstegui, 2016). Trata el tema de la suspensión de los concursos “por críticas de los beneficiarios”, comentando que se había generado un gasto de un millón de pesos, por el pago a los ganadores de las dos primeras etapas. La nota comenta que, los vecinos de la Villa 20, expresaban que los proyectos resultados de los concursos, eran una solución inadecuada. Dice explícitamente que los vecinos “objetaron el diseño presentado y el tipo de materiales previstos, y además reclamaron por no haber sido invitados a participar de la discusión” (De Aróstegui, 2016). En la misma nota, aparecía el comentario de un vecino de la villa: “creemos que la solución ofrecida no era adecuada para nuestra realidad. Queremos materiales tradicionales: cemento y ladrillo. Nada de innovaciones o propuestas extrañas”(De Aróstegui, 2016).

Lo interesante de esta nota es que además de consultar a los vecinos, preguntó a los arquitectos ganadores de ambas etapas al respecto; Enrique Bares, asesor del equipo que ganó la primera etapa, explica que ellos cumplieron al pie de la letra lo formulado por el plan del gobierno de la ciudad. El arquitecto expresaba que el sistema constructivo era muy tradicional, de hormigón y mampostería, “la única innovación fue que incluimos techos verdes: una capa de tierra para lograr una optimización térmica y ahorrar energía” (De Aróstegui, 2016). Por su parte, Beccar Varela, quien ganó la segunda etapa, comenta que el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Pablo Roviralta, “le explicó que su propuesta no se ejecutaría por ser ‘muy exótica’” (De Aróstegui, 2016).

Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, explicaba al diario que los proyectos de los concursos que serían desestimados eran “muy buenos a nivel arquitectónico, pero tenían inconvenientes al momento de llevarlos al territorio […] probablemente se deba a un déficit de nuestra parte al momento de plantear las bases en el concurso” (De Aróstegui, 2016). Por otro lado, Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la ciudad, “también criticó las características del master plan oficial: ‘Por la altura de las edificaciones y la densidad habitacional estipuladas en las bases de los concursos, la urbanización se iba a convertir en un gueto’, advirtió” (De Aróstegui, 2016). Ante este panorama, según una legisladora porteña, el IVC retomaría aquel proyecto realizado dos años atrás por Beatriz Pedro y Fermín Estrella, por asignar mucha participación a los y las vecinas.

Esta nota de La Nación nos permite divisar cómo los actores intervinientes entienden de manera distinta los aportes de lo arquitectónico en el proceso. El vecino parece reforzar la crítica sobre los aspectos constructivos, mientras que los cataloga de exóticos, quizás por no manejar la misma información, quizás por no ser consultado, quizás porque serán ellos los que deben construir después esas propuestas. Los arquitectos parecen conocer la expresión del vecino al responder, porque también vuelven sobre la tecnología elegida y el carácter exótico. Mientras que uno de los funcionarios parece sintetizar parte del conflicto: “tenían inconvenientes al momento de llevarlos al territorio” (De Aróstegui, 2016).

Lo arquitectónico como posibilidad

Como se señaló al comienzo, este artículo forma parte de un trabajo mayor que se propone, el rastreo de noticias, medios, documentos, entrevistas, para encontrar, en la voz de diferentes protagonistas, la densidad y complejidad de las disputas sobre lo arquitectónico cuando interviene en conflictos urbanos y habitacionales, como el del BPF y la Villa 20. En esta etapa se trata de visibilizar ciertos nudos conflictivos, sobre los cuales se profundizará, en una etapa posterior, con entrevistas a diversos actores y seguimiento del caso de estudio.

Los aspectos contemplados en este artículo se limitan al proceso que va desde la toma del predio (febrero 2014) a la desestimación de los resultados de la segunda etapa de concursos de vivienda para villa (junio de 2016), pero el proceso no culminó allí. En 2016 se conforma una “Mesa Activa por la Urbanización”, donde participan diversos actores, organizaciones sociales y políticas, técnicos universitarios y legisladores. Un espacio donde se ha “conformado una masa crítica que pudo generar que la Ley finalmente votada –Ley Nº 5705, sancionada el 24 de noviembre del 2016 (primera lectura 8/9/2916)– contenga múltiples garantías que no se contemplaban en el proyecto original presentado por el ejecutivo” (Barrios y Magno, 2018) [8]. Nuestra intención es seguir analizando el devenir de los hechos, teniendo en cuenta que lo arquitectónico pasa a ser un problema a resolver en conflictos como el BPF. Como se vio en el recorrido de los acontecimientos, arquitectos y arquitectas pueden tener diversas maneras de entender el problema, de involucrarse, de construir propuestas, diversas metodologías de trabajo y de diálogo con los actores. Estas diferencias visualizan debates aún no saldados desde la praxis arquitectónica. Tensionan diversas variables, que obligan a repensar el campo disciplinar, más aun cuando interviene en la producción social del espacio. Tensiones que no siempre son contradictorias, que podrían complementarse y ponerse en diálogo, entre:

> quienes construyen las propuestas junto a los habitantes y quienes se imaginan cómo estos viven, en discusión con los otros integrantes de sus equipos profesionales,

> quienes encuentran en los procesos de construcción, indeterminación y modificaciones en el tiempo de un proyecto la riqueza del mismo y quienes la condensan en una propuesta acabada, con límites precisos,

> quienes definen sus proyectos en términos morfológicos y quienes lo fundamentan desde sus posibilidades de uso,

> quienes piensan que las posibilidades de integración o exclusión están en el ADN de los espacios y quienes creen que la integración o exclusión es un proceso social mayor, impacto de un modelo de producción, donde el espacio es también producto social del mismo, y

> quienes creen que determinar ciertas formas espaciales puede encauzar determinados procesos sociales y quienes creen que los procesos sociales pueden abrir un cauce para crear formas espaciales.

La construcción de lo arquitectónico desde un enfoque antropológico supondría poner en cuestión muchas de las lógicas impuestas en el campo disciplinar. Pareciera que partir de los discursos, sentidos, representaciones, significados, nos pone lejos de discutir formas acabadas, espacios, elección de materiales. Sin embargo, también parece que es cuando las elecciones y determinaciones espaciales orientan determinados proyectos, encuentran fundamentos más arraigados en procesos locales, contextos sociales y culturales precisos.

Nos animamos a explorar este conflicto con el ánimo de reconocer los aportes e incongruencias entre el discurso y la práctica arquitectónica para abordar problemáticas habitacionales de los sectores de bajos recursos. Un trabajo que se cierra con más dudas que certezas. Pero creemos que serán las preguntas las que nos permitan seguir reconstruyendo la investigación abierta ■

REFERENCIAS

Notas

1. Un anticipo de este artículo fue presentado en las III Jornadas de Sociología UNCuyo, en 2017, bajo el nombre “La cuestión de lo arquitectónico en un conflicto urbano. Disputa de sentidos y prácticas en el conflicto de urbanización de la Villa 20”. Acá se busca aportar nuevas preguntas y análisis para problematizar en la dimensión de “lo arquitectónico”. Suma, además, al análisis de los protagonistas y perspectivas, sus trayectorias y experiencias históricas que se vinculan o que permiten reconocer ciertos sentidos comunes del hacer arquitectónico. (Volver)

2. Como explica Gravano, la Escuela de Chicago sostuvo su premisa epistemológica “una previa tipologización de los espacios urbanos, para pasar luego al análisis menudo de los comportamientos sociales que supuestamente se correspondían con esos espacios, básicamente los que desde la ideología de los sectores medios (sobrentendidos como normales) se estereotipaban como específicamente problemáticos” (Gravano, 2015, p. 59). (Volver)

3. Los integrantes del TLPS y los representantes estudiantiles en el Consejo, harán la presentación Nº 068: Dar apoyo al reclamo de los vecinos de Villa 20 por su necesidad de vivienda y por la legitimidad de dicho reclamo. Predio calles Cruz, Escalada, Pola y continuidad Chilavert. Por su parte, el comunicado del decano se llevará a través de la presentación Nº 153: Declaración por la Ocupación de Terrenos en la Zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Volver)

4. En el Consejo Directivo de abril de 2014, la consejera estudiantil Sofía Rocha cuestiona la legitimidad del comunicado como posicionamiento del “Gobierno de la FADU”, a lo que Bruno responde que: “Hago la aclaración que es voluntad y decisión del Gobierno de la Facultad, o del Ejecutivo de la Facultad, opinar en todos los temas que estén en la sociedad en las distintas disciplinas, desde las temáticas que atañen a nuestras carreras. Así que no es una respuesta el documento de los estudiantes a la preocupación. Debo decir además, como profesor y circunstancialmente como decano, que para mí es un orgullo que la facultad, independientemente de que comparta con ellos en este momento militancia política, tenga expertos en la temática de la talla, de la experiencia, de la sensibilidad social, de los profesores Fernández Castro, Freidín, Loreli, Pradelli y Eduardo Cajide. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es enhebrar la opinión de gente que entiende el tema y ha demostrado capacidades.” (Consejo Directivo FADU-UBA, abril 2014). De esta expresión se deduce que para la confección del comunicado, Bruno recurre a la opinión de los profesores Fernández Castro, Freidín, Loreli, Pradelli y Eduardo Cajide. (Volver)

5. El jurado estaba conformado por el Ministro de Desarrollo Urbano de la ciudad, un representante de la SCA, un arquitecto de FADEA, un jurado elegido por los participantes y dos representantes del gobierno de la ciudad. (Volver)

6. El concurso se gesta en el gobierno el arquitecto Fernando Belaunde Terry, por 1965. Pero, al asumir Velasco Alvarado, a pesar de disentir con los mecanismos propuestos por el concurso, mantuvo su desarrollo y se llevaron a cabo las instancias centrales, durante su gobierno. (Volver)

7. Por ejemplo, el arquitecto Miguel Lawner asistió técnicamente a diversos campamentos que se conformaron en Chile, desde la primera gran toma de terrenos organizada, llamada La Victoria en 1957. También se puede nombrar el caso del arquitecto René Urbina Verdugo, quien participó activamente del campamento Nueva Habana de 1970, junto a un par de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de Santiago de Chile, donde era docente. (Volver)

8. El trabajo de Barrios y Magno, publicado recientemente, nos brinda elementos para continuar estudiando el caso, analizando la política pública de la urbanización de villas y sus avances hasta la actualidad. (Volver)

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