Diseños, proyecto y trabajo. La componente socio-laboral en las acciones de (re)-urbanización en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PEDRO EMILIANO SENAR
MARÍA SOLEDAD CLAVELL
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Instituto de la Espacialidad Humana-Centro de Hábitat Inclusivo

Introducción

Los procesos de (re)-urbanización del tejido popular requieren la acción integral sobre el hábitat a partir de contemplar sus dimensiones: urbanas, arquitectónicas, legales, ambientales, salud, culturales, socio-laborales (Fernández Castro, 2014; Jáuregui, 2013). El afianzamiento del acceso al trabajo en el marco de estos procesos, es uno de los factores necesarios que brinda sustentabilidad al mismo. La sostenida situación de precariedad laboral, pauperización, informalidad –entre otras– que deben sufrir los actores de hábitat popular, lo hacen un factor conformante y sus consecuencias en los procesos de mejora de vivienda, urbanización y/o (re)-urbanización (según el marco teórico conceptual que se utilice) fueron y son motivo de debate. La inserción socio-laboral plena es una meta en el campo de los derechos humanos, pero también lo entendemos un requisito para asegurar que el usufructo del proceso de (re)-urbanización se afiance en los sectores populares. “El trabajo es el principal activo del sujeto de hábitat popular urbano y la falta de empleo produce erosión en la capacidad de uso de los demás recursos” (Comas y Márquez, 2017, p. 116). Sin embargo la definición sobre los significados de trabajo en el contexto dado, su relación con lo laboral, lo entendido por precario, en todo caso, son motivo de procesos de reflexión y debate que han estado presentes en este campo en diversos formatos tales como: la búsqueda de soluciones habitacionales para la población popular. En las décadas del sesenta y setenta se intensifica la reflexión sobre el componente socio-laboral en el marco de los problemas de vivienda y como parte de las acciones sobre la producción del hábitat y la participación de los sectores populares. La “autoconstrucción y auto-ayuda” se establece como cuasi norma de solución en el discurso de organismos internacionales (Kozak, 2016). La definición actual de esta dimensión socio-laboral en términos de sus objetivos, en el marco de una política de (re)-urbanización inclusiva, es un tema aún no saldado entre los diversos colectivos y actores públicos y privados implicados. No es intensión de este escrito avanzar en un debate filo-epistemológico acerca de las dimensiones del trabajo, pero sí tal vez comentar algunos de los matices actuales que generan disidencias en la práctica local en este contexto, que también hacen huella en el campo de lo proyectual.

La acción de fortalecimiento en la dimensión socio-laboral que proponemos trabajar no refiere a lo ofrecido por los procesos de autoconstrucción, tampoco al desarrollo de políticas públicas que mejoren la oferta de empleo en general, o a la generación de políticas en torno a la reconversión de perfiles laborales a partir de programas de capacitación o trabajo asistido. Estas últimas fueron y son importantes, en particular la mejora general del empleo, pero son solo parte de la acción política necesaria para la mitigación de los problemas vinculados a esta dimensión en hábitat popular. La afectación de la trama de desconexiones sociales, los procesos de estigmatización y figuración negativa del hábitat popular resulta un contexto de escasa permeabilidad para una acción política simple en el campo socio-laboral (Wilson y Sperber, 2004; Kaztman, 2003; CEPAL7Hábitat, 2001; Kaztman, 1999, Borja y Castells, 1998). Robert Castel (1997) ya a fines del milenio pasado mencionaba algunos de estos signos “la representación del desempleo como un fenómeno asimismo atípico, en resumen irracional, y se podría erradicar con buena voluntad e imaginación, sin que las cosas cambien, es sin duda una expresión de optimismo también caduco” (p. 406). Según el autor se necesita un tratamiento integral de la problemática para resolver la desafiliación de los sujetos. En ese contexto los debates en territorio latinoamericano sobre la acción popular en los procesos de construcción, desde las críticas al llave en mano (Fernández Wagner, 2004) pasando por los intercambios sobre rol del Estado y la comunidades, autoconstrucción, tipos, etc. (Pelli, 2007; Harvey, 1989; Cobos, 1983; Burguess, 1978; Turner, 1978; UN-Habitat, 1976; Turner, 1972, 1967), la dimensión socio-laboral toma también relevancia aunque en general en manera indirecta. Revisar esta dimensión y algunos de los debates actuales entorno a su rol en la producción del Hábitat Popular creemos pueden colaborar con la construcción de estrategias superadoras en este contexto. Para ello intentaremos enfocarnos en el proceso de (re)-urbanización vivido en el territorio de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Reconociendo al menos dos ejes en el componente socio-laboral para su fortalecimiento: el tejido productivo orientado al período y acciones de (re)-urbanización, asociadas fuertemente a tareas de construcción y reconstrucción del hábitat y por otro lado el tejido productivo orientado a las formas de habitar del barrio, es decir las organizaciones productivas y de servicios pre-existentes no vinculadas tecnológicamente en forma directa con las acciones constructivas y su posibilidad de fortalecimiento. En este caso nos centraremos en el primer eje y las relaciones establecidas entre los procesos de transformación del hábitat como posible fuente de recursos laborales y las organizaciones y/o sujetos de hábitat popular.

La situación socio-laboral del Hábitat Popular en CABA

Las políticas de (re)-urbanización han tomado un impulso importante en la agenda pública de CABA. En el año 2016 fueron anunciadas cinco grandes obras de (re)-urbanización para villas en este distrito. En esa inminente puesta en foco, visualizar algunas características de la situación socio-laboral de la ciudad, particularmente en hábitat popular colabora con la comprensión de la complejidad y singularidad del territorio que deberemos contemplar en este componente de la (re)-urbanización (Clavell y Senar, 2018). Si bien escasos, existen algunos estudios (Lépore, 2014) que permiten comparar la situación laboral en villas y resto de la ciudad (así son mencionados). Aunque no son datos actuales, nos permiten una lectura básica de la situación contemporánea del hábitat popular, en comparación de lo que pasa en el resto de la ciudad en un período específico de tiempo y colabora para establecer algunas conclusiones.

Entre esos datos los estudios mencionados muestran que en el período analizado (2004-2011) se verificó una disminución de la tasa de marginalidad ocupacional [1]: mientras que en 2004 afectaba el 44% de los ciudadanos de hábitat popular, en 2011 se redujo al 31% (ver Gráfico 1). Esos 13 puntos porcentuales menos al compararlos con los 4 puntos de disminución en el resto de la ciudad (paso del 16 al 12%), reflejan que algunas de las acciones políticas, en términos de empleo, tuvieron un alto impacto en hábitat popular, aunque igualmente, a esa fecha, seguían reflejando una intensa desigualdad. Esto también se puede observar al ver la diferencia de 8 puntos porcentuales en la tasa de actividad [2] en el año 2011, con un 55% en hábitat popular y un 63% en el resto de CABA (ver Gráfico 2).

Es interesante analizar el desagregado por edad de uno de esos indicadores: tasa de marginalidad ocupacional en hábitat popular. El mismo disminuye muy intensamente en los mayores de 65 años, pasando del 62% en 2004 al 36% en 2011 (ver Gráfico 1). Esta curva a la baja, muy significativa, se explica por los efectos inclusivos de la jubilación universal. La afectación directa de esta política sobre el componente socio-laboral de hábitat popular demarca que no solo las acciones específicas de generación de empleo pueden actuar en forma directa sobre el componente, sino que gran parte del espectro puede generar modificaciones. En esta misma clave los datos demarcan que al año 2011 la desigualdad de género no solo se mantenía sino que se acentuaba, pudiendo observarse a través de la tasa de actividad en hábitat popular: 66% de hombres y 44% de mujeres, tendencia similar sucedía con el empleo formal: 40% hombres, 20% mujeres (ver Gráfico 2).

Entendemos también valiosos los datos sobre tasa de actividad para jefes/as de hogar. Para el año 2011 son 9 (nueve) puntos porcentuales mayores en hábitat popular que en el resto de la ciudad (82 a 73%) (ver Gráfico 2). Estas cifras colaboran con la deconstrucción de algunas afirmaciones referidas al desinterés por el trabajo en las clases populares dejando a la vista la situación comparativa con el resto de población de CABA.

Para ir cerrando este primer acercamiento estadístico, queremos destacar lo sucedido en la población económicamente activa en el segmento socio-ocupacional, denominado por este estudio como, marginal (ver Gráfico 3). Si bien se observa en baja, esta se manifiesta en el empleo asistido y la desocupación. Otras acciones laborales comprendidas en esta categoría tales como el cuentapropismo aumentaron de 6,5 a 9,7% mientras que el servicio doméstico se mantuvo estable, 10,2 a 10,1%.

El cruce entre la verificación de la manutención de los índices de marginalidad del servicio doméstico con los datos del mapa de calor de la distribución territorial del empleo doméstico (Álvarez Cellis, 2011), nos permite hipotetizar que algunas acciones de reproducción de la marginalidad socio-laboral se sostienen también en base a trasfondos socioculturales, como podría ser la demanda y manutención de servicio doméstico en condiciones de informalidad favorecido por sectores de la población de poder adquisitivo medios y alto (ver Figura 1). De esa forma la acción hacia la mejora del segmento no solo sería una cuestión de política de generación de empleo, sino que también podría requerir transformaciones socioculturales.

Nuestro interés sobre estos datos refiere a explicitar la necesidad de una mirada amplia sobre el componente socio-laboral del hábitat popular. Las particularidades halladas en estos estudios permiten prestar atención a afectaciones en torno a situaciones contextuales, socioculturales y políticas singulares para el hábitat popular que en estudios más generales pueden pasar desapercibidas. Algunos autores afirman que la participación en el mercado laboral adquiere capacidad de discriminación por el “efecto territorio” verificado en los estudios de segregación residencial (Ziccardi, 2009; Rodríguez Vignoli, 2008; 2004; Kaztman, 2001), demarcando una singularidad del hábitat popular en términos de trabajo. Es un ejercicio común establecer que los indicadores de desempleo o marginalidad pueden describir lo que sucede en hábitat popular, pero esta relación no parece ser lineal ni suficiente para problematizar. Sí, por supuesto, aportan una mirada general que resulta necesaria complementar con información específica que permita la generación de políticas activas (focalizadas o universales) acordes con la singularidad de este sector.

En el período actual no hallamos estudios comparativos de este tenor. Sí existen otras investigaciones sobre trabajo en el territorio metropolitano, que como mencionamos contribuyen en términos generales pero no en su singularidad. A modo de actualización mencionaremos algunas de sus conclusiones con las reservas del caso. Estos estudios demarcan un deterioro en las condiciones laborales actuales (Mario, 2017a). Desde el segundo trimestre de 2016, la tasa de empleo [3] se reduce y el desempleo aumenta a casi dos dígitos para el área metropolitana. En ese panorama se observa un fenómeno habitual, aumento importante de la tasa de subocupación [4]. El empleo informal [5] tiene también un incremento en el primer trimestre de 2017, demarcando un estadío estadístico para la precariedad laboral similar al año 2010 [6].

Estrategias de fortalecimiento del componente socio-laboral en procesos de (re)-urbanización de hábitat popular

Inicialmente surgidos en el marco de los estudios sobre el problema de vivienda y las críticas a los procesos de erradicación de asentamientos populares en Latinoamérica en la década del sesenta, la incorporación de las organizaciones y/o los trabajadores a las acciones de construcción y/o re-construcción de espacio público y vivienda fueron ejes del debate. Derivas tal vez, de las primeras acciones de los años cuarenta de “programas de vivienda de auto-ayuda mutua” en Puerto Rico y de los procesos posteriores en términos de la participación en la producción social del hábitat.

Uno de los críticos influyentes en este debate ha sido John F. C. Turner (1976), su extenso trabajo territorial en las barriadas de Perú y reflexión teórica sobre los procesos de participación de los sectores populares en la construcción de vivienda, fuero insumo de Hábitat 1 [7] y de las políticas internacionales para Latinoamérica avaladas por la Organización de Estados Americanos (OEA). La mirada de Turner sobre las formas de participación popular en los procesos de construcción de vivienda, se encuentra centrada en la autonomía del sujeto, en el marco de la toma de decisiones y la operación de construcción, cuya deriva desvanece el rol y responsabilidad del Estado. Fue extensamente criticada por autores como Burgess (1978) y Pradilla Cobos (1983). Este último, desde un enfoque marxista, cuestionará fuertemente la pauperización laboral de los actores implicados, entre muchas otras cosas. Su análisis sobre el componente del precio de mercado de la vivienda en el marco de las acciones de autoconstrucción, concluye que estas degradan la solución material y a los sujetos que participan de ella, definiendo a estas políticas como mecanismos reproductores del Estado de la situación de precariedad.

Muchas políticas de vivienda en Latino-américa se basaron en este compendio teórico conceptual y sus críticas. El rol de los sectores populares en los procesos de (re)-urbanización fueron revisándose, en términos de formas de participación popular en los territorios de aplicación, generando un corpus de casos de gran relevancia, por su cantidad y por sus logros vinculados no solo a la mejora de la situación de vivienda y su calidad, sino también a otros aspectos como el perfeccionamiento de las formas de gestión y participación ciudadana, los marcos jurídicos que lo regulan, la formación en oficios, el desarrollo organizacional, entre otros. Algunas experiencias se abocaron a la solución habitacional, otras además de la producción de espacio público y privado de calidad, avanzaron en diferentesesferas de la participación. En Argentina se suele mencionar entre otros, el caso del barrio Justo Suárez con sus 122 viviendas, guardería y local autoconstruidos. Se destaca una gestión participativa en términos de diseño y construcción, que incluía producción de mobiliario a pie de obra (Dunowicz y Boselli, 2011). Su desarrollo extendía las acciones de construcción de vivienda a algunos de los componentes internos (mobiliario/separador), de usos integrados y como parte del compendio técnico. Las experiencias autogestivas del cooperativismo uruguayo a través de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) y también algunas de sus influencias como la Asociación de Vivienda Unidos de Vila Nova Cachoeiriniha en San Pablo, son casos destacados del corpus en relación con su acción organizativa, como muy especialmente su influencia sobre los marcos jurídicos. Estos propiciaron transformaciones para permitir y potenciar estas formas de organización y su gestión de transformación del hábitat. El desarrollo de las Cooperativas de Vivienda de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en Argentina es contemporáneamente un ejemplo que ha potenciado algunas de las experiencias embrionarias de la crisis del 2001, con la conformación de unidades productivas de insumos para la construcción como: bloqueras, productoras de carpinterías de aluminio, entre otros, ampliando eslabones de una cadena de valor en el marco de la producción de vivienda. Cada uno de estos casos, con sus importantes diferencias, han desarrollado estrategias que les permitieron generar transformaciones del hábitat popular en el contexto socio-histórico de pertenencia aportando estrategias de acción sobre el componente socio-laboral.

En la actualidad los procesos de (re)-urbanización en CABA aportan un cónclave específico de intensa transformación del hábitat que permitiría continuar el proceso de fortalecimiento de la componente estudiada. En ese marco en el año 2016 [8], se establece un consenso entre un importante número de organizaciones territoriales que es plasmado en un documento acerca de los procesos de (re)-urbanización en CABA. Se denominó Acuerdo por la Urbanización de Villas de la Ciudad de Buenos Aires (desde ahora Acuerdo) (Acuerdo por la Urbanización, s.f.). Este documento es legado del prolífico trabajo previo de acuerdos de organizaciones populares establecidos para la generación de leyes de Urbanización como las de Villa 20, Villa 31, Rodrigo Bueno y Playón de Chacharita. El Acuerdo desarrolla una clasificación de 10 puntos básicos acerca de los ejes que los procesos de (re)-urbanización participativa deben abordar. El componente socio-laboral se encuentra entre esas variables a considerar. A nuestro entender un valor de gran relevancia de este documento reside en la importante representatividad con la que interpela a las políticas públicas, buscando la incorporación de criterios vinculados con la (re)-urbanización del hábitat popular a partir de un enfoque de justicia espacial (Fernández Castro, 2014). Tomaremos en particular su mirada sobre el componente socio-laboral con la intensión de analizar algunos de sus aspectos e intentar hacer aportes específicos en términos de su orientación.

Queremos destacar inicialmente que durante el proceso de construcción de este documento y sus acuerdos, el componente socio-laboral pasó al menos por dos etapas. En la primera se constituía como un punto específico. Los debates construidos en torno a él permitieron abarcar su complejidad y la intrínseca relación con el resto de las acciones de (re)-urbanización, quedando incorporado en una segunda etapa en los diversos puntos que propone el Acuerdo, sin un espacio univoco específico.

El documento propone el fortalecimiento del tejido productivo para la inclusión, mejoras socioespaciales y mejoras sociolaborales, mediante la acción en dos ejes del tejido productivo:

> el trabajo de construcción y materialización –nexos directos e indirectos antes, durante y posterior a la obra [9]–, y

> el fortalecimiento del patrimonio o preexistencia en Términos Socioproductivos.

Estudiando el documento observamos que en el segundo punto del Acuerdo se pondera que la urbanización “debe realizarse siempre con participación vecinal”. De este modo se prevé favorecer la “apropiación territorial que se construye desde el fortalecimiento de la identidad y el reconocimiento de su entorno”. La participación a la que se hace referencia se dividiría, menciona el documento, en cinco ejes: la toma de decisiones en etapas de diagnóstico, el diseño, la planificación, la ejecución y la evaluación de los proyectos (Acuerdo por la Urbanización, s.f.).

Más adelante, en el quinto punto retoma el tema de la ejecución de las obras civiles y se desarrolla la necesidad de incorporar individuos del hábitat popular u organizaciones en el mejoramiento de viviendas, “se priorizará la contratación de pobladores y cooperativas de trabajo del barrio”. Y luego profundiza sobre los posibles procesos de selección. Este recorte comienza a exponer la relevancia que el documento imprime en los aspectos de ejecución de las obras como estrategia para la inclusión socio-laboral (Acuerdo por la Urbanización, s.f.). Avanzaremos en este posicionamiento que propone el documento en el contexto de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad a través de organismos como: la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS), la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS), el Instituto de Vivienda para la Ciudad (IVC) y la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI), desarrollan contrataciones mediante diversos sistemas de adjudicación: licitación o concurso, contratación directa, remate o subasta pública, (Ley Nº 2095/06). También el Decreto 433/16 (2016), regula la adquisición por medio de presupuestos. La licitación es por excelencia el proceso de contratación del Estado cuando no se verifica cuestiones impostergables o urgentes. La requisitoria para una organización aspirante al desarrollo de obra pública de refacción de un espacio de menos de 500 m², es una extensa lista de hitos de gestión acreditados y acreditables que en el caso de organizaciones de hábitat popular no solo se instrumenta como una garantía de calidad para el aseguramiento del buen desarrollo de la obra, sino que funciona como una frontera de muy difícil franqueo [10].

Si contrastamos las demandas de la licitación con las importantes dificultades que se presentan, solamente en los intentos de acreditación de un domicilio para una organización de hábitat popular o la simple acción de recibir correspondencia/documentación en él (ambos requisitos cuasi indispensable para diversos trámites en agencia pública, como puede serlo la constitución de sociedades), es simple deducir la dificultad que esta demanda estatal le imprime a las organizaciones productivas de hábitat popular (OPHP), para participar en los procesos de transformación de su espacio. En el campo popular las demandas de acreditación solicitadas en las licitaciones funcionan con mayor preponderancia en términos de limitante, que de garantía de calidad de la obra a realizar, consolidando de esta forma las dificultades de acceder como organización a algunos de los recursos económicos del proceso de (re)-urbanización.

Un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) del año 2013 acerca de la situación laboral en villas de CABA nos aporta algunos datos estadísticos de interés para dimensionar las dificultades de acceso que estos requerimientos generan. Este documento si bien tienen algunos años, permite comprender la potencialidad de las organizaciones del hábitat popular para consolidarse como generadoras de oferta de empleo en los procesos de (re)-urbanización en el contexto de formas de contratación establecido. El estudio se centra en las formas de organización que se han generado en diversos territorios metropolitanos. Relevó 140 organizaciones respetando el peso poblacional de cada villa, a partir de un método de muestreo de índole cuanti-cualitativo (ACIJ, 2013, p. 12). Sus resultados demarcan que en la etapa de análisis cuantitativo se pudo verificar que sólo un 5% de las organizaciones productiva tienen el registro legal de cooperativa y casi el 80% de las organizaciones no presentan inscripción alguna.

El estudio se basa en OPHP de todo tipo de rubros (gastronómicos, textiles, servicios técnicos especializados: electricistas informáticos gasista, mecánicos, locutorios, cybers, lavanderías, calzado, construcción, peluquerías, etc.) sin embargo es muy significativo el escaso porcentaje de inscriptos. Las organizaciones que pudieron desarrollar la inscripción, mencionan el estudio, lo hicieron motivadas, por comercializar fuera del barrio (38,7%), ser contratadas por el estado (35,5%) o para poder recibir financiamiento (32,3%) (ACIJ, 2013, p. 16).

Se pone de manifiesto en términos cuantitativos (ver Gráfico 4) la envergadura de las dificultades para la inclusión de las organizaciones productivas existentes en los actuales términos de contratación de la obra pública, como forma de generar trabajo para los habitantes de los barrios populares.

Desandar ese camino de dificultades y llegar a consumar los requisitos que solicita el Estado para el acceso a los procesos licitatorios, requiere un esfuerzo, no solo de la gestión administrativa y en la generación de los recursos económicos para su desarrollo, sino en la consolidación de sus formas organizacionales en general, tanto internas como de sus redes. Se suma a ello las características particulares de estas organizaciones, y sus caminos de construcción o consolidación de formatos de gestión orientados al cooperativismo y/o la economía social y solidaria. En este último punto es donde cabe destacar que el cooperativismo, la autogestión, la economía social y solidaria son alternativas organizacionales que proponen otro tipo de roles a los sujetos vinculados a la actividad productiva, el lugar de productor difiere de aquel asociado a la búsqueda de maximización de los resultados (Coraggio, 2013; Dagnino, 2012; Rodríguez, 2009; Wycksykier, 2009). Por lo cual las dificultades son aún mayores ya que los marcos jurídicos-legales no suelen contemplar y contener (o lo hacen parcialmente) estas formas o búsquedas organizacionales, siendo de esta forma empujadas a generar una estrategia de acreditación hacia afuera y una forma de gestión hacia adentro de la organización. Estructuras ad hoc, que si bien pueden ser de alto valor en términos de aprendizaje organizacional, demandan una intensidad de gestión que se suma a las dificultades de accesibilidad que aquejan a las OPHP.

La materialización o puesta en ejecución de algunos de los postulados del Acuerdo, como la contratación de cooperativas para las obras de transformación del espacio, sería un camino de gran relevancia, que potenciaría el fortalecimiento de las OPHP a partir del alto flujo económico que el proceso propone que estás podrían captar, pudiendo madurar la gestión de productos, procesos y organización. Pero como hemos enunciado en el contexto actual es muy poco probable que suceda, ya que las organizaciones acreditables son muy escasas en el hábitat popular. Para que esto sea posible se deduce la necesidad de trabajar al menos en dos ejes confluyentes en forma articulada a partir de políticas públicas focalizadas:

> Revisar los modelos de adjudicación del Estado de obras con el fin de lograr mecanismos que garanticen la calidad pero que permitan a partir de instrumentos ad hoc la incorporación de OPHP en las diversas instancias de transformación que requieren los procesos de (re)-urbanización.

> Acompañar a las OPHP para su fortalecimiento de su gestión administrativa, económico/financiera y tecnológica en forma progresiva, para poder llevar a término obras de escala de dificultad y expertise cada vez mayores.

También mencionaremos que el trabajo de ACIJ acerca de la situación laboral en villas de CABA, también brinda datos acerca del acceso de estas organizaciones a programas de apoyo técnico. El informe menciona que solo el 16,5% de las OPHP logró obtener algún tipo de recurso en ese sentido. En capacitación el porcentaje aumenta al 24,4% aunque sigue siendo muy bajo, en particular en comparación con el interés manifestado de acceder a ellas: asistencia técnica 72,9%, capacitación 83,6% (p. 20).

Este panorama de dificultades en torno a la captación de la renta y la generación de trabajo por medio de las organizaciones del barrio, nos lleva entonces, a estudiar el otro posible eje de fortalecimiento socio-laboral mencionado en el Acuerdo: la incorporación como trabajador de alguna de las empresas que provean servicios de construcción o transformación del espacio público y/o privado en el hábitat popular. Ese campo de inclusión del componente es otra de las posibles estrategias de fortalecimiento socio-laboral que también se trata en el documento. Dado su lugar social en el contexto de las relaciones económicas: la venta de la capacidad de trabajo del sujeto produce una captación de renta de mucha menor dimensión o nula, comparada con la que puede obtener la organización como tal, participando de las acciones de transformación del hábitat popular. El carácter de subsistencia de esa relación laboral, reduce las chances de la generación de proceso de transformación socioeconómica del barrio sostenible en el tiempo. A la fecha no se conocen acciones legislativas que contemplen la formalización y sostenimiento de esos puestos de trabajo una vez finalizadas las obras de (re)-urbanización. No parece haber colaboración con el individuo como tal, para potenciar su posibilidad de generar mérito por sobre otros trabajadores, para sostener su lugar al cesar el flujo económico devenido del proceso específico de (re)-urbanización. Si por el contrario son de conocimiento público las propuestas de modificación de la legislación laboral actual, con tendencia a la disminución de derechos, en términos de estabilidad del puesto de trabajo, que afectarían directamente las posibilidades de ese trabajador incorporado ad hoc, de mantenerse en el puesto como estrategia para darle sostenibilidad socioeconómica al proceso de (re)-urbanización.

Continuando con el recorrido de los puntos del Acuerdo, encontramos otras importantes menciones al componente socio-laboral del proceso. El octavo punto [11] sostiene que la urbanización “debe ser también integración sociocultural y socioeconómica”. Menciona “las obras públicas a realizar en el marco de los procesos de urbanización priorizarán la contratación de trabajadores con los que cuente el barrio, tanto para tareas de construcción como aquellas que involucren saberes técnicos y profesionales con los que cuente la población” [12] y agrega que “toda vez que sea posible, estas acciones se desarrollarán instalando capacidades productivas en los barrios, que serán útiles para las tareas de mantenimiento y readecuación futura”.

Como hemos analizado a lo largo de este apartado las posibilidades actuales de acreditar contrataciones de transformación del hábitat popular es muy relativa, sin el desarrollo de políticas activas que contemplen las particularidades del caso y generen los estadios de desarrollo escalonado necesario. En el mismo sentido pero por el otro extremo de lo mencionado en el punto 8 del Acuerdo, entendemos que al interior de las organizaciones productivas del hábitat popular, existe potencialidad y necesidad de desarrollar conocimiento socio-técnico. Para ello resulta necesario constituir desde el Estado y las organizaciones programas de trabajo conjunto que posibiliten su incremento, permitiendo a las organizaciones potenciar [13] conocimientos productivos (como menciona el Acuerdo), y también: administrativo, económico/financiero y de gestión, con el fin de ampliar sus campos de acción. En ese contexto revisamos la forma de redacción del punto 8, en particular el uso de la frase “toda vez que sea posible…” ya que, dadas las condiciones analizadas, tiende más al casi nunca, si no se generan políticas focalizadas que acompañen a las organizaciones para acceder a estadios de desarrollo de sus capacidades de producto, proceso y organización y de por ende la posibilidad de captación de flujos económicos [14] vinculado a la transformación del hábitat. Entendemos por producto a la materialización, el hábitat construido, los artefactos; los procesos como aquellas técnicas y modalidades de transformación de la materia, incluyendo los insumos y herramientas; las formas de organización remitirían a las modalidades en las que un producto mediante el proceso productivo puede ser concretado por los actores que harán efectiva la materialización; incluye la administración de los recursos en general.

Teniendo en cuenta los datos que estuvimos analizando, parece que las cuestiones socio-laborales no deberían quedar libradas simplemente a una posibilidad aleatoria. Esta idea nuevamente pondría en primera instancia la componente urbana priorizándola por sobre la componente socio-laboral, lo que entendemos puede constituirse como una omisión conceptual, dado que no parece ser sostenible un proceso de (re)-urbanización que se centre solamente en aspectos físico-espaciales, dejando relegado lo socio-laboral y/o el resto de las componentes inicialmente mencionadas. Esté criterio dejaría inabordadas casi todas las aristas que componen la problemática de inclusión en contextos de (re)-urbanización, debilitando la sustentabilidad del proceso.

El último ítem que analizaremos del Acuerdo es el cierre de la frase del punto 8 sostiene que “toda vez que sea posible, estas acciones se desarrollarán instalando capacidades productivas en los barrios, que serán útiles para las tareas de mantenimiento y readecuación futura” (p. 11). Aquí se puede visualizar con claridad la intensión del Acuerdo sobre la búsqueda de establecer estrategias de sostenimiento del componente socio-laboral. Define áreas de trabajo de las posibles capacidades instaladas durante el proceso de transformación del hábitat, (si es que se nos permite la licencia conceptual de hablar de períodos y no de un continuo en la (re)-urbanización). El mantenimiento o readecuación de estas áreas, se entienden como los horizontes de fortalecimientos socio-técnico que pueden constituir estrategias en el presente para las organizaciones, pensando en la sostenibilidad a largo plazo. La ampliación del porcentaje de organizaciones con capacidad para captar recursos del proceso de transformación del hábitat a través del ofrecimiento de servicios y productos de calidad, requiere de fortalecimiento socio-tecnológico de las mismas. En el próximo apartado describiremos algunas acciones de investigación iniciáticas en ese sentido, abordadas desde el campo de lo proyectual con sus potencialidades y sus sesgos desarrolladas con el acompañamiento de Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UBA-FADU) a través de equipos de trabajo del Centro de Hábitat Inclusivo, del Instituto de la Espacialidad Humana (CHI-IeH).

Diseños para la inclusión. Miradas sobre el compendio tecnológico desde una perspectiva social

Los siguientes proyectos exploran alternativas para el fortalecimiento del componente socio-laboral en el contexto de procesos de (re)-urbanización. Los mismos se proponen orientar la gestión de las tecnologías hacia relaciones problema/solución inclusivas y sostenibles; con horizonte en la democratización del control y toma de decisiones orientado hacia el empoderamiento de las comunidades de productores. Para ello se trabaja desde la acción proyectual en base al fortalecimiento de productos, procesos y organización en búsqueda de incrementar las capacidades para la transformación del hábitat de las OPHP.

El primer caso se enmarca en el proyecto de investigación y extensión universitaria “Abordaje Integral para el Mejoramiento Barrial de la Villa 15 – Ciudad Oculta” [15] cuyas acciones se orientaron al desarrollo de reformas de los sistemas pluviales cloacales y solados de los pasillos de las manzanas 17 a 25 de la Villa 15 en CABA. Este fue llevado a cabo en el marco de proyectos de investigación del Centro Hábitat Inclusivo (CHI) de la FADU-UBA en conjunto con otras facultades de la UBA. El proyecto proponía generar mejoras en el espacio público acompañado de acciones de fortalecimiento sociotecnológico, desde su concepción misma. Del diagnóstico, con participación de vecinos y referentes territoriales, surgen ciertas especificidades respecto a los roles de cada equipo universitario: los cientistas sociales relevarían el sector con relación a la habitabilidad de las viviendas, el acceso a servicios y espacios públicos, la participación en obras previas, entre otros; los ingenieros se abocarían al mejoramiento del sistema cloacal; y en el caso de FADU, la tarea sobre las calles, veredas, sendas y pasillos. Desde la cogestión del diagnóstico, se tuvo en consideración las capacidades existentes de las OPHP, la asociación con técnicos, la adquisición y desarrollo de herramental general y específico, así como el aprendizaje de las técnicas asociadas a su uso. Las acciones proponían pasar de la noción de “procesos de asimilación” a un modelo co-constructivo, donde pudieran incorporarse y capitalizarse las existencias de actores productivos y del hábitat en términos cognitivos materiales y simbólicos y así poder fortalecer la organización e incrementar su capacidad de transformación del espacio con su consecuente posibilidad de acreditación.

En su versión ideal, la maximización de los procesos de interacción garantiza la generación de nuevos aprendizajes y, por extensión, procesos innovadores y de cambio tecnológico sostenible en el tiempo, orientados a satisfacer las necesidades y requerimientos tecnocognitivos de las sociedades, aunque en la versión real, esto solo se logra de manera parcial en tanto, el sector privado genera innumerables acciones estratégicas para mantener el control sobre el mercado^. En este proyecto se tomó como centro a la organización cooperativa Construcción de un Futuro para intentar pensar y desarrollar redes de intercambio y, a partir de allí, prefigurar y fortalecer capacidades de las organizaciones y actores intervinientes. El equipo constituido por docentes investigadores y estudiantes de la FADU generaron instancias de interacción con los cooperativistas en orden de relevar los saberes previos de interés para la prefiguración y desarrollo de transformaciones materiales y producción de insumos. Además, gradualmente se fueron introduciendo nociones acerca de las materialidades, las técnicas, la organización para la producción, la gestión del herramental. Vale destacar que estas instancias de socialización de conocimientos para el fortalecimiento de los actores partieron tanto del equipo académico como de los mismos actores territoriales, en instancias de intercambio informal como en momentos planificados ad hoc. Al direccionar el trabajo para fortalecer los conocimientos socio-tecnológicos de los cooperativistas y adecuar los procesos productivos a las necesidades del contexto, se usaron las sinergias de la transformación del espacio público para fortalecer la organización, en su gestión interna y su capacidad de transformación espacial.

El segundo caso desarrollado en el marco del Centro de Hábitat Inclusivo, nuevamente se conforma un equipo de docentes investigadores y estudiantes de la FADU que, mediante el relevamiento y la prefiguración de hipótesis proyectuales, inician una primera etapa de diagnóstico exhaustivo acerca de tecnologías disponibles para productos y procesos en la construcción de núcleos húmedos prefabricados –baños y cocinas–, que permitiera luego elaborar anteproyectos de artefactos para el mejoramiento de viviendas a consolidar y vivienda nueva en procesos de (re)-urbanización. Este tipo de tecnologías es de demanda contemporánea dado el proceso de (re)-urbanización que por ley debe implementarse y está actualmente en etapa de inicio en CABA. Solo en el Barrio 31 la necesidad de estos núcleos asciende a 9.000 aproximadamente. En el transcurso del proyecto los investigadores y estudiantes –con la colaboración de expertos– definen una serie de variables vinculadas a la accesibilidad y sustentabilidad –tanto para la operatividad durante el uso como en los procesos productivos– de las tecnologías consolidadas y/o disponibles en el sector; es decir, se toman los antecedentes de innovación en dichas áreas como base mínima requerida para el diseño de este tipo de artefacto. Se concibió el desarrollo de sistemas y componentes centrados en una escala de series medias/alta (Fernández Castro, Cravino, Trajtengartz y Epstein, 2010)elaborando así alternativas de anteproyecto con técnicas y materialidades diversas –en especial de diferentes grados de complejidad– para la construcción de módulos adaptables en su configuración final. En paralelo se comenzó a trabajar sobre lo organizacional, orientando así los esfuerzos a la producción de anteproyectos que revisasen la red y alianzas socio-técnicas de forma integral; pensando en la incidencia de las modificaciones generadas en cada una de las tres esferas (productos, procesos y formas de organización). Estas acciones han tenido desarrollos posteriores en perspectivas y contextos similares. A su vez, hoy es un insumo de interés de los organizamos de CABA responsables de la urbanización [16].

Ambos casos intentan, desde estrategias divergentes, fortalecer el tejido socio-productivo del hábitat popular. El primer caso desde la búsqueda del incremento de capacidades de una organización específica a partir de los impulsos del proceso de (re)-urbanización que son accesibles a su red de alianzas contemporánea –vínculos estratégicos con diferentes proveedores o potenciales solicitantes de insumos o servicios, así como con actores estratégicos para la articulación de las problemáticas barriales con el resto de la ciudad–; apoyándose en acciones concretas de transformación y potenciando, a partir de la generación de estrategias tecnológicas singulares de construcción del hábitat, como parte de la oferta específica y de pertinencia para el contexto. El segundo a partir de la detección de necesidades de soluciones tecnológicas de escala, que implican la construcción de una nueva red de alianzas socio-técnicas territorial para su puesta en fabricación donde la población local se vio representada por referentes de diferentes espacios barriales que se vinculan con el CHI, espacio del cual forma parte el equipo de proyecto que asesora a la mesa por la urbanización. En este caso, donde la cantidad de componentes del sistema y la complejidad del mismo requiere de múltiples acciones y recursos, la participación de actores productivos del hábitat popular aún se encuentra en procesos de desarrollo.

Hemos hecho un recorrido por dos casos –mediante la planificación, desarrollo y posterior evaluación de acciones proyectuales vinculadas a la (re)-urbanización del hábitat popular– que permiten observar cómo se puede trabajar desde los diseños en contextos de (re)-urbanización para capitalizar existencias previas, tender a fortalecimiento sociolaboral, promover el uso de productos, procesos y formas de organización focalizados en relaciones problema/solución inclusivas y sostenibles, acompañando a los sectores populares a seguir accionando por un contexto normativo potencial para su inclusión de las OPHP.

Los diseños, las redes socio-técnicas y el proyecto en contextos de (re)-urbanización

Es así que se han elaborado diferentes estrategias para el fortalecimiento socio-productivo de las organizaciones y sujetos involucrados en los procesos de (re)-urbanización, tendientes a la sustentabilidad socio-laboral de las transformaciones que los involucran (Sánchez, Gómez y Forero, 2016; Barrios, 2014; Senar, 2011; Fernández Castro et al., 2010; Senar 2007, 2006; Andreatta, 2005). Estas estrategias intentan superar la idea de falta de empleo como el único factor de explicación en cuanto a lo laboral, entendiendo que en términos de sentido común la respuesta por parte del Estado en el campo de lo popular suele reducirse al desarrollo de estrategias que concluyen en empleo precario. Como vimos en el apartado anterior esa agenda de discusión saca el foco en las dificultades de acceso de las OPHP en los procesos de transformación, posicionando el tema en la posible contratación de los actores productivos del barrio (en forma individual) por empresas constructoras, como horizonte deseable. El punto de interés de los diseños, según nuestra perspectiva, se acerca al fortalecimiento socio-productivo de las organizaciones entendiendo que, desde la expertise disciplinar, esa es un área abordable que puede –y debe– generar nuevas vacancias en otros aspectos de la gestión y que ello en sí, resulta un crecimiento organizacional hacia el horizonte de la participación como actores protagonistas de las acciones de transformación, re-construcción, (re)-urbanización del hábitat. En ese marco intentamos poner en discusión cuestiones vinculadas a la participación e inclusión de los sujetos de OPHP en las diferentes instancias del proceso de cambio, como necesidad o requisito para la sustentabilidad de los procesos de fortalecimiento, en torno a la pertinencia tácita de los formatos y caminos para la transformación. Se hace foco en especial en aquellas instancias de los proyectos que definen características socio-tecnológicas de los productos, de los procesos productivos y de las formas organizativas, que permitan entonces abarcar la complejidad de la acción propuesta.

Adhiriendo al marco conceptual del análisis socio-técnico entendemos que tanto actores como artefactos componen la red sobre la que influyen y por la que son afectados en forma diferencial unos y otros (Latour, 2001; Callon, 1992; Law, 1992; Winner, 1983). En la generación del anteproyecto –urbano, arquitectónico, artefactual–, es el lugar de intercambio en el cual se pueden construir plataformas para la transformación a realizar (Clavell, 2018). De esta forma los diseños pueden incidir en las acciones de (re)-urbanización aportando a la inclusión socio-laboral. Este enfoque nos posiciona frente a la necesidad de ampliar el campo de acción tradicionalmente orientada al producto –y por ende al usuario como consumidor– e incorporar la posibilidad de diseñar y revisar los procesos productivos y las formas de organización en pos de considerar al sujeto productor como actor central e indispensable en este contexto [17] . El fortalecimiento de la noción del proyecto [18] en el proceso de (re)-urbanización trabaja sobre los emergentes en base a las necesidades específicas para el fortalecimiento de producto, proceso y organización. El desarrollo socio-tecnológico de la unidad productiva de hábitat popular actúa como un impulsor y su activación requiere de la demanda de transformación del hábitat hacia la organización. Es decir que exista proyecto y se lo ponga en práctica. De esta forma parece establecerse una relación virtuosa entre demanda, y fortalecimiento socio-tecnológico, que permitiría la transformación del hábitat popular en manos de los actores y organizaciones que lo habitan con una proyección de mayor sostenibilidad del componente socio-laboral.

Si bien existen otras disciplinas que también proyectan e imaginan mundos posibles, para las disciplinas proyectuales, la prefiguración es el carácter constitutivo, su propósito es “hacer aparecer algo que no está” (Ledesma, 2016) y la tradicional distinción entre producto y materialización a prefigurar –que aparece como división tanto en el campo profesional como en el académico– oculta en parte la fuerte vinculación que ambas instancias del proyecto tienen en la práctica. Comprender al proyecto como la previsión y prefiguración de tecnologías entendidas como formas de hacer (Varsasky, 1974; Herrera, 1973), nos permite observarlo como parte de redes socio-técnicas en las cuales actores y artefactos quedan incluidos o excluidos según las configuraciones existentes o previstas y reconocer que en dichas redes los procesos de diseño no sólo prefiguran modificaciones sobre la materia y los artefactos.

El proyecto también afecta las redes, de modo tal que tiene la potencialidad de incluir o excluir actores y artefactos se encuentra tanto en los productos como en los procesos productivos y las formas de organización necesarias que se encuentran asociadas entre sí (Picabea, 2017; Thomas, 2012; Dagnino, 2009). La orientación tradicional de las disciplinas proyectuales hacia la prefiguración de productos, aun desde una perspectiva inclusiva, puede reproducir procesos productivos y formas de organización que están naturalizadas en las transformaciones del hábitat y que reproducen el modelo de exclusión que se intenta revertir. Es decir, la misma obra que intenta incluir al actor como usuario lo excluye como productor, es el caso de los habitantes del Hábitat Popular que siendo contratados de forma temporal y precaria para realizar una tarea productiva orientada a la urbanización se encuentran dentro de estructuras jerárquicas sin participación alguna sobre las decisiones. Reflexionar acerca de los procesos constructivos y las formas de organización que fomentan o promueven los proyectos de (re)-urbanización colabora con el fortalecimiento socio-laboral sostenible. Es entonces, posicionados en esta mirada, que surge, como hemos mencionado, un campo de coacción en el camino propuesto por el documento: Acuerdo por la Urbanización.

1. El análisis de las consecuencias del accionar sobre las formas de adjudicación y acreditación del Estado sobre la OPHP, demarca la necesidad de revisión de los sistemas normativos y marcos regulatorios con el fin de proponer plataformas de acreditación del conocimiento constructivo de las organizaciones en base a una gestión de participación y no de impedimento o filtración de propuestas. Es decir una revisión-crítica de la concepción construida para la relación del Estado con el sector privado y un replanteo en base a la búsqueda de sustentabilidad socio-laboral de los procesos de (re)-urbanización.

2. El fortalecimiento de las OPHP en torno a la generación de expertise tácita a partir de sus singularidades con el fin de establecer bases de conocimiento socio-tecnológico que les permita desarrollar las obras propuestas.

Y a su vez a partir de lo mencionado sobre la revisión crítica del lugar del proyecto [19] un tercer punto de interés parece sumarse a los dos primeros:

3. La re-significación del proyecto considerando al usuario de la vivienda como un actor necesario del proceso de transformación desde una perspectiva contemporánea en base a una revisión del producto del proyecto y la forma de participación, no solo por su calidad arquitectónica y urbanística y por las estrategias de Asistencia Técnica, Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua (ATEPAM) , sino por la propuesta de acceso de las organizaciones para ser parte de los sistemas constructivos y del tejido socio-productivo que darán sustento al proceso de (re)-urbanización y la atención socio-tecnológica de todos los actores implicados.

La complejidad de la incorporación del componente socio-laboral, como parte de las problemáticas necesarias a trabajar en los procesos de (re)-urbanización, pone en relieve temas vinculados a las contrataciones estatales, el estado de desarrollo de las OPHP y la forma de concebir los proyectos urbano-arquitectónicos-productivos. Estas tres áreas se hallan fuertemente interrelacionadas y las vacancias percibidas de la acción de (re)-urbanización son aún altas. La acción es tripartita, las sinergias que el proceso propone son una plataforma necesaria para pensar transformaciones en el Estado, las OPHP y el proyecto en horizonte en la sustentabilidad del proceso ■

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Notas

1. Trabajador marginal: comprende al personal de servicio doméstico que se desempeña en hogares particulares, cualquiera sea la categoría ocupacional declarada, así como a los trabajadores autónomos no calificados y a los asalariados no calificados en actividades de subsistencia. Se incluye también a los que se encuentran en situación de desempleo abierto (Lépore, 2014, p. 128). (Volver)

2. La tasa de actividad indica qué parte de la población se encuentra participando activamente en el mercado de trabajo y permite separar a la población en dos subconjuntos: la población activa y la población inactiva. Se trata de un indicador de la oferta de trabajo (expresada en número de personas activas) por habitante, que sintetiza un vasto conjunto de conductas y estructuras socioeconómicas (Recuperado el 2 de mayo de 2016 de https://www.economia.gob.ar/informe/infor13/ocupacio/ocup1a2.htm). (Volver)

3. Se calcula como porcentaje entre la población ocupada y la población total. (Volver)

4. La subocupación refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean trabajar más horas. La tasa de subocupación se calcula como porcentaje entre la población de sub-ocupados y la población económicamente activa. (Volver)

5. Incluye a cuentapropistas sin educación universitaria completa y que trabajan en establecimientos de, a lo sumo, 5 personas; los patrones que trabajan en establecimientos de, a lo sumo, 5 personas; trabajadores familiares sin remuneración; y asalariados del sector privado sin descuento jubilatorio. (Volver)

6.  La información estadística de este párrafo se extrae de los estudios del Programa Interdisciplinario de la UBA sobre marginaciones sociales. En particular de los informes 5 y 6 (Mario, 2017a; Mario, 2017b). (Volver)

7. Primera Conferencia sobre los Asentamientos Humanos de Naciones Unidas Hábitat 1 Vancouver 1976. Recomendaciones:

1. Planificación y planificadores deben estar en contacto cercano con la gente, con respecto a las aspiraciones expresadas por los pobres y sus potencialidades de autodeterminación.

2. Las comunidades deben participar en la planificación, implementación y manejo de los asuntos de sus vecindarios.

3. Las normas para la vivienda, la infraestructura y los servicios deben estar basadas en las necesidades sentidas y prioritarias de la población.

4. Las medidas legislativas, institucionales y financieras deben estar orientadas a facilitar la participación de la gente para conocer sus propias necesidades para los servicios sociales.

5. La participación pública es un derecho de todos, y especiales esfuerzos deben ser hechos para expandir y profundizar el rol de las organizaciones comunitarias, de trabajadores, de inquilinos, y vecinales. (Volver)

8. Fue presentado en la Legislatura de CABA en 2016, firmado por más de ochenta organizaciones (Acuerdo por la Urbanización, s.f.). (Volver)

9. Si es que podemos hablar de (re)-urbanización como un proceso en el cual existe un después de ocurrido. (Volver)

10. “Para ilustrar ver el pliego de licitación para la readecuación de edificio incubadora de empresas de base social barrio Los Piletones CABA” (Gobierno de la Ciudad, s.f.), algunos de cuyos puntos son, en la Carpeta A:

> garantía de oferta,
> certificado de inscripción en el Registro de Cooperativas y Proveedores de la CBAS,
> constitución de domicilio especial para todos los efectos dentro de la jurisdicción mencionada,
> constancia expedida por el Registro de Juicios Universales en el cual conste que el oferente no se encuentra Concursado o en proceso de Quiebra,
> para el caso de personas jurídicas copia de Acta/s de directorio/s (certificada/s) autorizando a los firmantes de las ofertas a presentarse a la Licitación Pública en nombre de la Empresa.

O, en la Carpeta B:

> antecedentes empresarios que, en forma clara, deben acreditar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el PCP,
> antecedentes técnicos:

– detalles de obras de complejidad similar ejecutadas en el último quinquenio,
– ídem para las obras en ejecución o adjudicadas a la fecha de presentación de esta Licitación.

(Volver)

11. “La urbanización debe ser también integración sociocultural y socioeconómica Las intervenciones de urbanización de villas deben propender a la integración real de su población, favoreciendo el ejercicio de derechos, anulando todo tipo de acción y discurso estigmatizador, y permitiendo el desarrollo de las actividades productivas que garantizan su reproducción económica” (Acuerdo por la Urbanización, s.f., p. 10). (Volver)

12. En este sentido la Ley 5799 de Reurbanización e Integración socio-urbana del barrio denominado “Playón Chacarita”, del año 2017 en su Artículo 15, dice: “Las empresas y cooperativas adjudicatarias de las obras a realizarse en el Barrio para el cumplimiento de la presente ley deberán contratar hasta un 20% por ciento de personas que habiten en el Barrio para la ejecución de las obras o hasta completar los inscriptos en la bolsa de trabajo por rubro o especialidad buscada, lo que ocurra primero. A dichos trabajadores deberá garantizarse los derechos del convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad o trabajo que realice. En forma previa a la aprobación de los pliegos y al llamado a licitación deberá realizarse la convocatoria para la inscripción en la bolsa de trabajo. Deberán realizarse capacitaciones y brindar formación a los habitantes del barrio a fin de que puedan trabajar en las obras que se ejecuten en el marco del PIRU”. La especificación del artículo en cuanto a porcentaje, mejora sensiblemente lo mencionado anteriormente por el Acuerdo y las referencias sobre capacitación que aparecen en esta ley a diferencia del Art. 14 de la ley 5798 refuerzan la posibilidad de cumplimentación (Acuerdo por la Urbanización, s.f., p. 11). (Volver)

13. Potenciar no significa adquirir sino que se vincula con la posibilidad de generar conocimiento específico vinculado a la particularidad de la organización. (Volver)

14. Entendemos a la renta o utilidad económica obtenida, como un recurso para su fortalecimiento socio-técnico y el incremento de sus posibilidades de sostenimiento en el tiempo de las OPHP. (Volver)

15. Programa Universidad y Hábitat. Ministerio de Educación de la Nación (2015-2016). (Volver)

16. Desde el inicio de algunas obras de (re)-urbanización en CABA, agentes gubernamentales del área de Proyectos de la Dirección General de Mejoramiento de Vivienda del GCBA se han mantenido en contacto con el equipo de investigación del CHI que realizase este proyecto con el interés de desarrollar alternativas de desarrollo para este tipo de obras. (Volver)

17. Un ejemplo de esta concepción del proyecto es la arquitectura de sistemas que “desarrolló una amplia difusión en las construcciones escolares, siendo uno de sus ejemplos prototípicos la propia escuela Bandera Argentina inaugurada en 1966 en las cercanías de la villa y para sus habitantes” (Fernández Castro et al., 2010, p. 118). En la documentación del proyecto se pueden ver representaciones gráficas en los que “los que obreros elevaban con facilidad estructuras metálicas para luego cerrarlas con panelería de ladrillo visto, componían las cartillas tecnológicas con las que estudiantes de la juventud Peronista Universitaria trabajaban en asesoramiento al barrio” (p. 118). (Volver)

18. Analizando el ámbito de los diseños, Roberto Doberti ampliaba “Las disciplinas proyectuales no encuadran en las categorías con que Occidente ha catalogado al hacer y al pensar. No son Arte ni Ciencia ni Tecnología, sino que conforman una cuarta categoría con el mismo rango y valor identificatorio que las otras” (2005, p. 3). Los diversos conceptos de Proyecto y Proyectual señalan la existencia de un terreno atravesado por tensiones –pasadas, presentes y seguramente futuras. Ellas son activadas no solo por las disciplinas y conocimientos cobijados bajo dichos términos –tanto vale para las artes como para los diseños– sino por la instauración de su espacio de poder entre otras producciones culturales: la deriva no solo es epistémica sino política y, por ende, la construcción y deconstrucción conceptual tienen ineludible relación con los contextos histórico-territoriales. Más información en Romero, Giménez y Senar (2015). (Volver)

19. “El proyecto es (re)propuesto aquí como una herramienta apta para la actuación en entornos populares, sumando visiones urbanas y acciones arquitectónicas mensurables, a la vez de proponer prácticas comunitarias en áreas productivas y comunicativas. No se trata de entender las diversas ramas de los diseños como escalas de imbricación decreciente desde lo macro urbano hasta lo micro objetual, sino de conjugar saberes diversos en acciones sinérgicas, donde el proyectar asume el rol de práctica común posibilitante de las transformaciones” (Fernández Castro, 2014, p. 2). (Volver)

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