Desplazamientos forzados y migraciones. Breves lecciones aprendidas en Colombia

MERCEDES CASTILLO DE HERRERA
Universidad Santo Tomás
Universidad Nacional de Colombia
Grupo de investigación Gidest

Introducción

El fenómeno migratorio en Colombia reviste gran complejidad por los eventos que lo componen. En primer lugar, el altísimo número de desplazados internos por el conflicto armado que ya asciende a 8,3 millones de personas, una cifra escalofriante por sí misma, pero más aun si se considera que es equivalente al 17,2%de la población total del país, que llega a 48,26 millones de habitantes según el censo de 2018 (DANE, 2019). Igualmente esta cifra es equivalente al 20% del total de desplazados internos en el mundo que en 2018 alcanzó la cifra de 40,3 millones de personas, según datos de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR-ACNUR). Estos datos y lo que implican lleva a Colombia a recuperar el deshonroso título de ser el país con el mayor número de desplazados internos en el planeta. En segundo lugar, las migraciones de colombianos al exterior, producto también de la persecución política de la que son objeto y de la conjugación de diversos factores que no le permiten alcanzar un nivel de vida decente, incluyendo un número alto de refugiados por el conflicto, que se calcula entre 300 y 600 mil. En tercer lugar, el número de extranjeros inmigrantes que buscan una vida, escapar de la situación de su país o están en tránsito hacia otro lugar, pero permanecen un tiempo en el territorio nacional. El saldo migratorio, obviamente junto al del crecimiento vegetativo de la población, se refleja en un crecimiento bastante moderado del número de colombianos en el último período intercensal, como se aprecia en el Gráfico 1, donde es evidente que el porcentaje más bajo se registra en el último período, con valores de 0,7%.

El 24 de noviembre de 2016, el gobierno colombiano firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con la esperanza de cesar la violencia y los desplazamientos. El gobierno se comprometía a buscar la forma de implementar una reforma rural integral para cerrar las brechas entre el campo y la ciudad que retendrían campesinos y reducirían la pobreza, según el discurso oficial. Sin embargo, ni la guerrilla era el actor que más desplazados producía, ni el proceso de paz ha podido ser implementado cabalmente por múltiples factores políticos y de afectación a intereses económicos de grandes poderes. A dos años y medio de la firma del acuerdo, hay varias lecciones aprendidas que resulta interesante mirar desde el punto de vista de los flujos migratorios, reflejo de los resultados del proceso.

El presente artículo aborda una contextualización sobre lo que es el desplazamiento forzado, sus causas y lo que ha significado para Colombia, en términos de flujos de población, cómo han afectado el tamaño de algunas ciudades grandes e intermedias y como han contribuido en el cambio del sistema de ciudades. Posteriormente se expondrá sobre las voluminosas migraciones de colombianos al exterior, incluyendo los refugiados y asilados políticos, y se terminará mirando cómo han sido las migraciones de extranjeros hacia Colombia.

Se finaliza con algunas lecciones aprendidas del proceso vivido después de la firma del tratado de paz, también en términos de las migraciones desde y hacia Colombia, pero sobre todo, de desplazados internos por el conflicto armado que aún no cesa.

El desplazamiento forzado interno

El desplazamiento forzado en Colombia es un elemento estructural que atraviesa la historia colombiana, desde el éxodo y el destierro desarrollados en la época de la colonización y la independencia, hasta el despojo de tierras y la expulsión de población que han sido una constante pero se agudizaron en la última década del siglo XX y fue especialmente fuerte a comienzos del XXI (CNMH, 2015). El desplazamiento forzado ha sido “una migración forzada en la que muchas veces está en peligro la vida de la población, lo que determina que los movimientos no sean planificados” (Ruiz R., 2011, p. 141) y que el factor desencadenante sean las fuerzas de expulsión y no las de atracción, es decir, que en Colombia la urbanización acelerada no se debió a las necesidades de un proceso de industrialización sino a múltiples factores asociados al acaparamiento de las mejores tierras para ser potrerizadas o dedicadas a la ganadería extensiva como una forma de lavar dinero proveniente del negocio de la droga. Pero también, al despeje de grandes áreas que sirven como corredores para el transporte de drogas y de dineros ilícitos, o para el desarrollo de megaproyectos de infraestructura, o de minería a gran escala, o de monocultivos, o para extranjerizar tierras. Este despeje implicó el vaciamiento de población por medio de masacres, asesinatos selectivos y la violación permanente de los derechos humanos para lo cual fueron conformados ejércitos paramilitares al servicio de los grupos de poder –incluidos gamonales, narcotraficantes y empresas nacionales y trasnacionales. En Colombia el desplazamiento ha sido un arma de guerra, una estrategia de acumulación económica en la que la violencia fue la herramienta que facilitó la expropiación y acumulación de la tierra rural productiva que han llevado al país a una reprimarización de su economía (Ruiz R., Castillo de Herrera y Forero Niño, 2018).

Las múltiples formas de violencia abiertas e invisibles desplegadas en estos procesos, como el asesinato, en sesenta años (entre 1958 y 2018) de 262.197 personas (CNMH, 2018), la desaparición forzada de 183.955 más (RUV, 2019), o el desplazamiento de 8,3 millones de personas (RUV, 2019) por medio de actos de terror han convertido al país en uno de los más inequitativos, con coeficientes de Gini [1] de concentración de la tierra, iguales a 0.9 en algunas regiones.

Por supuesto, los territorios que mayor desplazamiento forzoso han generado, es decir, los mayormente expulsores, son aquellos donde hay mayor presencia de recursos naturales y energéticos, o son espacios estratégicos para el control de las personas, o para el transporte de sustancias ilícitas o dinero, generalmente en el centro del país, los golfos y las zonas de frontera (ver Figura 1). De esta forma, las zonas más expulsoras de población son Chocó, Urabá y fronteras con Panamá, al noroccidente del país; Zona Bananera y Montes de María, en la costa norte; Magdalena Medio, región Andina y piedemonte llanero, en el área central; Pacífico central y Pacífico sur, al occidente, y Ecuador y Venezuela, en las áreas de frontera.

Lo anterior implica que las personas desplazadas han sido, en su mayoría, campesinos y pescadores pobres y con enormes necesidades, procedentes de zonas rurales en un 90%, en su mayoría mujeres con niños pequeños y su desplazamiento se originó en la pérdida violenta de alguno de los miembros de su familia, al terror que han vivido y que se convierte en una amenaza a sus vidas. Se trata de un caso típico de migraciones por causa de la guerra.

El flujo de población generado en este proceso, que llegó a las ciudades intermedias y, posteriormente, a las ciudades más grandes, causó efectos físico-espaciales, sociales y económicos, como el aumento de presión por servicios públicos, vivienda y empleo, así como conflictos sociales entre los residentes tradicionales y los recién llegados, aun tratándose de barrios de población de bajos ingresos. El control de grupos paramilitares sobre ciertos sectores de las ciudades también ha generado considerables migraciones internas y hasta expulsión de personas, mostrando que la violencia no sucede solo en áreas rurales. Por otro lado, este flujo de población también ha contribuido con la modificación del sistema de ciudades del país, como se verá.

Sistema de ciudades en Colombia

Colombia pasó de ser un país rural a uno urbano en un corto periodo de tiempo, entre 1938, año en que el 29% de la población (de 8,7 millones de personas, aproximadamente) se ubicaba en centros urbanos hasta 1993, cuando este porcentaje ascendía a 75%, 33,1 millones de personas (CIDS, 2007). Actualmente el 77,8% de la población vive en cabeceras municipales (DANE, 2019) y se espera que para 2050 viva el 85% (DNP, 2014). 

Las explicaciones de este fenómeno migratorio acelerado se encuentran, en buena medida, en la forma particularmente violenta que adoptaron la acumulación capitalista y el despojo de tierras en el país. Lina María Sánchez Steiner (2008) demuestra como autores, como Jacques Aprile-Gniset (1992), Jacques Aprile-Gniset y Gilma Mosquera (1978), Miguel Fornaguera y Ernesto Guhl (1969), encontraron que las zonas rurales que expulsaban pobladores no eran zonas económicamente deprimidas, sino regiones de abundantes recursos y económicamente fuertes como la región central del país, que era la más rica y gozaba de prosperidad agrícola creciente con los cultivos de café. Igualmente, Sánchez Steiner recuerda que Aprile-Gniset (1992) sostenía que el fenómeno migratorio no tuvo afectaciones únicamente en las ciudades grandes como Bogotá, Medellín y Cali sino que impactó todo el sistema urbano nacional, incluyendo ciudades pequeñas, centros urbanos de menos de 20 mil habitantes y hasta centros menores a 5 mil habitantes.

Para 1985, varios autores habían reconocido la cuadricefalia urbana que caracterizaba el país, con bases económicas regionales sólidas (Zambrano Pantoja, 1994; Gouëset, 1993; Cuervo, 1990), en las que la población de Bogotá apenas doblaba la de Medellín y esta ala de Cali, seguida de Barranquilla, muy de cerca, así como un equilibrio en el sistema por la amplia red de ciudades de más de medio millón de habitantes, como Cartagena, Cúcuta y Pereira, y otras por encima de 300 mil habitantes, como Ibagué, Manizales, Pasto y Santa Marta. Sin embargo, en la década de los noventa se ha venido incrementado el índice de primacía (IP) [2] de Bogotá pasando de 0,78 en 1951 a 1,28 en 2010, según la Misión Sistema de Ciudades, que cree que este indicador llegará a 1,52 en 2050 si continúa la tendencia mostrada (DNP, 2014).

El mismo estudio considera que la supremacía económica y política de la capital también se puede evidenciar en el porcentaje que representa Bogotá en su contribución al producto interno bruto (PIB), pero además en la brecha social y económica creciente entre esta y la mayoría de las cabeceras municipales de todo el país.

Otras ciudades que han crecido económicamente modificando el sistema de ciudades son Barranquilla y Cartagena, puertos internacionales, por el fomento del comercio exterior y la localización de industrias en zonas francas, así como el auge del turismo. Igualmente Villavicencio, Riohacha, Valledupar y Yopal por los desarrollos minero-energéticos; Turbo, como puerto, y Apartadó, por la zona agroindustrial.

Por el contrario, otras ciudades intermedias han registrado estancamiento poblacional como las del Eje Cafetero, Popayán, Neiva e Ibagué, así como Barrancabermeja y Sogamoso, antiguos enclaves industriales (DNP, 2014).

Los lugares receptores

Como se mencionó, en términos generales en el conflicto colombiano la tendencia dominante muestra que la población rural en situación de desplazamiento se asienta en las grandes ciudades después de una o dos escalas en ciudades más pequeñas. Bogotá y Medellín son las mayores receptoras de víctimas del conflicto, aunque en términos porcentuales respecto de su población total hay ciudades que reciben un impacto mucho mayor al ser altamente receptoras de personas en condición de desplazamiento, como Sincelejo, en Montes de María; Santa Marta, en la zona bananera; Ocaña, en la frontera con Venezuela; Villavicencio, en el Piedemonte llanero; Cúcuta y Pasto, en zonas de frontera y Cali, en el Pacífico Sur. La Tabla 1 muestra el número de personas recibidas en estas ciudades entre 1985 y 2019 y las que firmaron la declaración de su condición. Y la Figura 2 muestra la localización de estas ciudades. Es importante notar que por unidad de la información se utilizaron los datos de la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas (RUV), cuyas cifras están muy por debajo de las de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y otros registros. Otra salvedad que se debe hacer es que se están usando las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) del censo de 2005 porque los datos del censo de 2018 aún no se han dado a la luz.

La población real censada en 2018 parece estar por debajo de la proyectada en 2005, a juzgar por el total de población reportada por el último censo, que ascendió a 48,2 millones cuando las proyecciones del DANE hablaban de más de 50 millones, lo que indicaría que los porcentajes de cada ciudad son un poco más altos. El porcentaje se obtuvo con el número de personas declaradas, que a veces es menor y a veces mayor del dato de personas recibidas.

En las ciudades pequeñas las personas desplazadas no permanecen mucho tiempo por temor a ser revictimizados por sus agresores iniciales. En las ciudades intermedias y las grandes, aunque pueden ubicarse en cualquier parte de la ciudad, en su gran mayoría se acomodan en las zonas periféricas y asentamientos de origen informal, profundizando la segregación socioespacial, de por sí bastante severa. La razón de esta decisión es la de mimetizarse en lugares más populosos, por un lado, pero por el otro, que en el momento del desplazamiento huyeron con muy pocas o ninguna pertenencia, lo que los convierte en personas muy pobres y vulnerables, que difícilmente pueden acceder a otro tipo de viviendas. Una mirada un poco más detenida nos puede mostrar algunos detalles de las realidades de los lugares receptores, sin pretender exponerlas en un mayor nivel de profundidad, dada la extensión del presente artículo.

Bogotá

Es el polo organizador de la economía nacional y de las redes de acumulación interna de capital, siendo actualmente la ciudad más industrial del país y a la vez, la mayor productora de servicios financieros y bancarios y la de mayor comercio. Es, además, el centro cultural, económico, artístico y turístico más importante, contribuyendo al PIB nacional con cerca del 25% del total.

A Bogotá han llegado 647.620 [3] personas desplazadas provenientes de toda Colombia, en especial del Pacífico, Risaralda, la costa atlántica, Tolima y Cundinamarca, por ello, del crecimiento poblacional de Bogotá correspondiente a 1,28%, 0,2 es debido a la migración extranjera y otro 0,2 a las migraciones internas según datos del Plan de Desarrollo Bogotá Humana (PDBH) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012).

Estas personas llegan especialmente a las localidades más deprimidas y populosas de la ciudad como son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Suba, San Cristóbal, Usme, Engativá, Rafael Uribe, Tunjuelito, Fontibón, Los Mártires y Santa Fe, así como a barrios de estrato 1 [4] de la localidad de Usaquén (según la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación). La localidad de Ciudad Bolívar, que alberga más de un millón de personas de bajos ingresos, es la que más desplazados ha recibido en Bogotá, junto con Soacha, municipio con el que se conurba, y con ello se constituye en el principal lugar de recepción de desplazados en Colombia. Después de la firma del Acuerdo de Paz en el país, persisten zonas donde continúa la presencia fuerte de grupos paramilitares [5], que el gobierno insiste en llamar Bacrim, y donde el conflicto armado no ha cesado. Estas, localizadas en el Pacífico, Urabá y el Catatumbo, siguen generando expulsión de personas hacia otras regiones.

La situación es particularmente difícil para los grupos indígenas y los afrocolombianos. Por ejemplo, un poco más de 800 indígenas emberas, desplazados de Chocó y Risaralda, viven en inquilinatos del centro de la ciudad, en sectores muy deprimidos que si bien cuentan con todos los servicios urbanos, no necesariamente tienen acceso a servicios públicos. Tal es el caso del barrio San Bernardo o las localidades Mártires, Santa Fe y La Candelaria. Varias personas de estos grupos poblacionales han intentado regresar a sus tierras, de donde habían sido desplazados por grupos paramilitares, pero encontraron nuevas amenazas a sus vidas y debieron regresar.

Medellín

La ciudad, atravesada por el río del mismo nombre, está situada en el centro del Valle de Aburrá, en la Cordillera Central, y se reconoce como uno de los principales centros financieros, culturales, industriales, comerciales y de servicios de Colombia. Medellín ha sido tristemente famosa por la presencia del cartel de Medellín y el tráfico de drogas en las décadas del ochenta y noventa. Pero también ha sido conocida por las propuestas de urbanismo social, “instrumento de inclusión espacial y construcción de equidad en el acceso a las posibilidades [que buscaba] hacer intervenciones en las zonas marginales de la ciudad de forma integral con un fuerte componente social y de participación ciudadano” (EDU, s.f., p. 38).

En Medellín, el 20% de la población ha sido desplazada por la violencia y de esta el 76% ha sufrido desplazamientos intraurbanos a causa de la actividad y los enfrentamientos entre estructuras delincuenciales. La ciudad ha recibido 450.405 [6] víctimas, el 18% de su población actual, quedando como la segunda ciudad colombiana receptora en números absolutos. Los lugares de procedencia de los desplazados que llegan a Medellín son el resto de Antioquia y Chocó, básicamente. En los dos últimos años han llegado personas del bajo Cauca y de municipios como Briceño, Ituango y Valdivia, donde se ha intensificado la confrontación de las estructuras criminales, curiosamente, municipios afectados por la construcción del megaproyecto Hidroeléctrica Hidroituango.

El área urbana de Medellín está dividida en 6 zonas y 16 comunas, que a su vez se dividen en barrios. La mayoría de las personas desplazadas que llegan a Medellín se instalan en comunas de alta conflictividad, de población de ingresos bajos, donde también hay control del territorio por parte de bandas y de organizaciones criminales, que los obligan a nuevos desplazamientos. Los sectores de la ciudad acogedores de personas desplazadas son los barrios pobres de las comunas de Robledo y Belén y el corregimiento Altavista. La Comuna 8, Villahermosa, ha sido tradicionalmente receptora de personas provenientes de la región de Urabá, desde 1997 cuando una incursión paramilitar despejó miles de hectáreas. Esta, junto con las comunas 13 San Javier, 1 Popular y el corregimiento San Cristóbal, los más pobres de la ciudad, presentaron las cifras más altas de desplazamiento intraurbano y de violaciones de los derechos humanos.

Santa Marta y Sincelejo

Ciudad localizada en la costa atlántica, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, el complejo de manglares y humedales costeros más extenso del Caribe colombiano conformado por la desembocadura de varios de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cercanía del Río Magdalena y por el Mar Caribe e importante por su enorme biodiversidad. La ciudad se encuentra entre la Sierra Nevada de Santa Marta y el mar Caribe y a pocos kilómetros del parque Tayrona.

Santa Marta es la capital del departamento del Magdalena, donde entre 1998 y 2005 se registraron al menos cinco masacres e innumerables asesinatos selectivos que generaron desplazamientos masivos de los habitantes.

Sincelejo es capital de uno de los departamentos ganaderos de la costa atlántica, Sucre. Es un importante centro comercial de la región y concentra en el casco urbano casi el 90% de la población del municipio, pues en 2005 la región fue epicentro de enfrentamientos entre el ejército y grupos ilegales, que desplazaron hacia la ciudad una cantidad de personas equivalentes a la quinta parte que residía allí. Entre 2006 y 2016, recibió otras 165 mil personas en condición de desplazamiento, de los cuales 120 mil provenían de los Montes de María, el Golfo de Morrosquillo, la Mojana y el San Jorge, según información del alcalde Jacobo Quessep en entrevista al diario El Heraldo (2016), el 20 de junio. Sincelejo es la ciudad que más población desplazada ha recibido en el presente siglo, representando más de 62% de su población actual.

En términos relativos, Santa Marta es la ciudad que más desplazamientos intraurbanos ha registrado y la segunda ciudad receptora de desplazados del conflicto, procedentes de dentro y fuera del departamento del Magdalena. El desplazamiento intraurbano entre las comunas de Santa Marta es un fenómeno silencioso que impacta significativamente a los habitantes en barrios y comunas receptoras, que se vuelven a su vez expulsoras, por enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes por el control del territorio, por ejemplo, la escalada de violencia entre el clan Giraldo y los Urabeños en 2012, en los que la población civil quedó en medio del fuego cruzado (Caballero, 2015). 

Estas dos ciudades son la tercera y cuarta que más han recibido desplazados en términos absolutos y, junto con Ocaña, son las que más han recibido en términos relativos. Lo preocupante es que siguen recibiendo a pesar de haberse firmado un tratado de paz que supuestamente finalizaría el conflicto.

Cali

Es un distrito especial deportivo, cultural, turístico, industrial, empresarial y de servicios localizado en el suroccidente del país, muy cercana al Océano Pacífico. Es la tercera ciudad por tamaño de población, considerada la capital de la salsa.

Esta es la quinta ciudad mayor receptora de población desplazada, afrodescendiente en un altísimo porcentaje, especialmente después de la firma del acuerdo, al recibir gran cantidad de población desplazada en el primer semestre de 2017, casi toda proveniente de Buenaventura, puerto marítimo tristemente célebre cuando se conocieron las casas de pique donde se desaparecieron decenas de personas acusadas de pertenecer o ayudar a las guerrillas o de no aceptar las extorsiones de alguna banda delincuencial.

El departamento del Valle del Cauca, del cual Cali es la capital, ha sido escenario de acciones estratégicas de estructuras delincuenciales y de actores del narcotráfico por el control territorial, como lo fue en su momento el cartel de Cali, donde aparece también el interés por actividades agroindustriales estratégicas de gran impacto medioambiental, como la tala de bosques nativos para siembra de pino y eucalipto adelantada por Smurfit Kappa en Palmira, Riofrío, Trujillo y Bolívar que afectó de manera dramática la producción de agua en esas áreas. No es raro que el Valle del Cauca ocupe el tercer lugar en el país en concentración de la tierra, con un coeficiente de Gini de 0.828.

Villavicencio

La puerta a los llanos orientales, es otra de las ciudades mayores receptoras de familias desplazadas no solo del departamento del Meta sino provenientes de todas partes de Colombia. Según el RUV la ciudad ha recibido cerca de 120 mil desplazados, varios de ellos indígenas, del Archipiélago de San Andrés y afrocolombianos. El sector de mayor recepción de desplazados en Villavicencio ha sido tradicionalmente el barrio 13 de Mayo, desde su fundación en 2008 cuando la toma de un terreno de 14 hectáreas por parte de desplazados víctimas del conflicto armado interno que llegaron del resto del departamento y de otros rincones del país. Hoy residen allí unas 1.100 familias.

Ciudades fronterizas

Pasto y Cúcuta son dos ciudades con características especiales por estar localizadas en zonas de frontera, por tanto, son lugares de entrada o de salida. En el departamento de Nariño se han registrado más de 400 mil víctimas del conflicto armado, de las cuales 110 mil se refugiaron en Pasto, aunque el RUV tiene el registro de tan solo unas 83 mil. Una cantidad similar han llegado a Cúcuta.

José Luis Zabaleta, líder de la junta de acción comunal del barrio Las Delicias de Cúcuta, es un convencido de que el “fortalecimiento comunitario es clave” (El Espectador, 2018) para surtir procesos de integración de las comunidades desplazadas. Las Delicias es un barrio ilegal y el 63% de sus habitantes invadieron predios cuando llegaron desplazados de varios municipios, sin embargo, a través de procesos de organización comunitaria consiguieron escrituras de los predios del 50% de los habitantes y la legalización del barrio por parte de la administración municipal, lo que condujo a la construcción de acometidas y la llegada de los servicios públicos y que ahora son tenidos en cuenta para inversiones estatales.

Es claro que una investigación sobre el lugar adonde llegan los desplazados, cómo viven y cómo impactan la ciudad es muy importante, por ello se está adelantando esta primara aproximación que se encuentra con la dificultad de que la información es demasiado imprecisa porque los propios afectados no están interesados en mostrar su localización por razones obvias. Sin embargo, sí se puede comprobar que la teoría de Aprile-Gniset y Mosquera respecto de que “la ciudad moderna fue uno de los ‘derivados’ de la violencia y el producto de una urbanización forzada y acelerada” (1978) es cierta y sigue describiendo el proceso actual.

Migraciones al exterior

El segundo evento migratorio importante es la salida de colombianos al exterior, dentro de los que se contabilizan las personas que salen a buscar alguna oportunidad de trabajo para enviar remesas a sus familiares en Colombia, los profesionales que no encuentran trabajo de acuerdo con sus capacidades, la llamada fuga de cerebros y los refugiados. El Ministerio de Relaciones Exteriores calcula que el número de colombianos viviendo en el exterior asciende a 4,7 millones, el 10% de la población total (Dinero, 2019). Ellos viven, principalmente en Estados Unidos (el 34,6%), España (23,1%), Venezuela (20%), Chile (17%), Francia, Alemania, Panamá, Argentina, México, Brasil, Ecuador (3,1%), Canadá (2%), Australia, Reino Unido e Italia. Por otra parte, en su mayoría los migrantes provienen de Bogotá (18,27%), Antioquia (13,79%), Valle del Cauca (10,16%), Cundinamarca (5,56%), Santander (4,72%) y Atlántico (4,47%) (Dinero, 2019).

En 2018, los flujos de remesas hacia Colombia alcanzaron un valor histórico record, al sobrepasar los US$ 6.338,8 millones, cuando en 2017 registraron un valor de US$ 5.496 millones y en los años anteriores se mantuvieron con valores más cercanos a los US$ 4.500 millones. Estados Unidos ha sido tradicionalmente la principal fuente de remesas enviadas a Colombia, con giros alrededor del 45%, seguido de España, con giros del 15%. Otros países exportadores de remesas hacia Colombia como Chile, Panamá, Argentina, México, Brasil y Ecuador han aumentado su nivel de remesas, al igual que otros países que tradicionalmente no han sido exportadores como Canadá, Australia, Reino Unido e Italia, según datos del Banco de la República (Portafolio, 2018). En cambio Venezuela, que por muchos años fue el principal originador de remesas hacia Colombia, hoy en día está recibiendo remesas de este país que se incrementan de manera bastante significativa, por ejemplo, pasando de US$ 1.500 millones en 2017 a más de US$ 2.400 millones en 2018, según cifras de Ecoanalítica (Portafolio, 2018). Las regiones que más remesas reciben son Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y los departamentos de la Zona Cafetera.

Sin embargo, el Centro de Estudios Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) calcula que del total de la diáspora colombiana en el mundo, apenas el 10% envía remesas regularmente a sus familiares en Colombia, lo que remite a un aspecto interesante del que se hará un análisis tangencial, por no ser el objeto del presente artículo. El mismo centro de estudios Anif, junto con la Unidad de Análisis e Información Financiera (Uiaf), también advirtieron que en el incremento de las remesas hay incidencia de lavado de dinero. El recrudecimiento del narcotráfico en los últimos años puede verse reflejado en incrementos en el ingreso de dólares que se estarían lavando vía remesas. La Uiaf reveló en un informe en 2018 que esta modalidad está siendo usada para blanquear dólares del narcotráfico, “pues han visto que una sola persona recibe varios envíos pequeños con sumas considerables, o un solo remitente despacha montos bajos a muchos destinatarios” (Portafolio, 2018).

Respecto de los profesionales que prefieren emigrar, ellos mencionan que hay muy poca oferta laboral, que las condiciones del mercado laboral son realmente difíciles y hay poco apoyo para desarrollar investigaciones de alto impacto, a pesar de las políticas de desarrollo de ciencia y tecnología del país. Los jóvenes argumentan que no encuentran oferta laboral relacionada con los estudios que realizaron y que, independientemente de que la encuentren, si consiguen ser contratados, los salarios son definitivamente muy bajos y, a cambio, se les exige una experiencia de años que el mercado laboral no les ha dado oportunidad de adquirir. Todo ello hace que los profesionales recién graduados busquen opciones laborales en otros países.

En el mismo sentido, los jóvenes que han estudiado en el exterior encuentran que el Estado no brinda condiciones adecuadas para su regreso (Castañeda Tabares, 2018). Varios de ellos han asumido deudas millonarias y los salarios que se les ofrecen en el país, entre US$ 400 y US$ 600 mensuales (a precios de 2018), no les alcanzan ni para pagar la deuda, ni para construir un proyecto de vida. Los docentes, por su parte, consideran que los profesionales en Colombia salen cada vez mejor preparados pero peor remunerados.

La verdad es que existen brechas de desarrollo entre los países; en Estados Unidos y Europa hay mejores oportunidades salariales y profesionales, mejores condiciones de vida, mejores ofertas educativas, becas y programas de intercambio.

Los países con mejores índices de desarrollo atraen inmensas oleadas
de personas capacitadas que contribuyen a la generación de ideas y a la posterior
aplicación de estas creando un sinfín de mecanismos innovadores que a la larga
contribuyen, aún más, al desarrollo económico del país en cuestión. Además, la
fuga de cerebros significa diversidad, dinamización del mercado laboral y una
población más joven (en los países desarrollados hay dificultades en sostener
los sistemas pensionales debido al envejecimiento de la población) (Remicio
Tovar, 2019).

Sin embargo, la visión en Colombia es muy diferente. Muchas universidades buscan contratar doctores en su planta docente para cumplir con los requisitos exigidos en los procesos de acreditación, pero no porque sean conscientes de la utilidad de un profesional con esa formación (Castañeda Tabares, 2018). De hecho, las labores que se les asignan corresponden a las de un profesional recién graduado o, incluso, a las de una secretaria encargada de llenar formatos más que de desarrollar investigaciones juiciosas de largo aliento. En muchas empresas –y universidades también– consideran que los doctores están sobrecalificados y que su contratación encarecerá demasiado la nómina, por ello prefieren prescindir de ellos. El profesor Soto considera que no hay voluntad política, ni interés, para solucionar esta problemática, a la cual no se le reconoce la gravedad. Tampoco se tiene una cifra clara de los colombianos que se encuentran en esta situación, ni dentro del país, ni de los que viven en el exterior y podrían traer sus nuevos conocimientos para el progreso de todos (citado en Castañeda Tabares, 2018).

Refugiados por el conflicto y asilados políticos

El exilio en Colombia es uno de los fenómenos más invisibilizados a pesar de llevar sucediendo más de medio siglo por causa de las confrontaciones y violencia generalizada. Su falta de reconocimiento hace que no se comprendan sus dimensiones ni su carácter de forma de violencia en sí misma, pues los refugiados en otro país no son migrantes que deciden de manera voluntariamente instalarse afuera, sino que son las circunstancias las que los obligan a huir, para proteger sus vidas y las de sus familias. En el país se desconocen las cifras exactas, apenas hay estimaciones y no hay claridad sobre el género, la edad o la pertenencia a etnias o grupos políticos o sociales (CNMH, 2018). La ACNUR calcula que para 2007 se había producido el exilio de más de medio millón de personas en Ecuador, Panamá y Venezuela, donde se encontraba la mayor cantidad de refugiados y que para 2018 esta cifra oscilaba entre 300 y 600 mil y se había extendido a casi todos los rincones del mundo, incluidos Asia, África y Oceanía. En solo España, entre 2016 y 2017 se levantaron más de 2 mil solicitudes de asilo político (Delle Femmine, 2017). De cualquier forma, Colombia se mantiene como uno de los países más expulsores de población a nivel mundial y continúa ocupando el primer lugar en América Latina (CNMH, 2018).

Para avanzar en la construcción del posacuerdo es necesario reconocer esta forma dolorosa de violencia, esclarecer sus lógicas, dimensionar su magnitud y apoyar la reconstrucción de los hechos. Los hechos parecen contradecir esta necesidad. Tras la firma del Acuerdo de Paz, lejos de disminuirse la expulsión de colombianos, ha aumentado. A Ecuador llegan mensualmente entre 400 y 500 solicitudes de asilo y en España también siguen aumentando, “la oficina de ACNUR en España confirma que los colombianos que buscan refugio en el país alegan sobre todo persecución por motivos políticos y extorsión” (Delle Femmine, 2017).

Migraciones de extranjeros

Colombia pasó, de un momento a otro, de ser únicamente generador de migraciones a ser también receptor, tanto de latinoamericanos, como de ciudadanos europeos, norteamericanos, asiáticos y hasta africanos. La creciente presencia de extranjeros puede deberse a la mejora en la seguridad en el país en general, a la eliminación de visados para más de 30 países y a que muchos extranjeros ven en Colombia una opción de vida y quieren quedarse. Migración Colombia estima que los extranjeros en esta situación son cerca de 110 milpersonas, sin contar los venezolanos.

En este momento se calcula que al país han ingresado aproximadamente 2 millones de ciudadanos venezolanos que huyen de la difícil situación de su país. Algunos de ellos solo están de paso hacia el sur del continente, Perú, Chile o Argentina y otros se quedan para tratar de sobrellevar las cosas (Arvey Lozano S., 2019). A su vez, Remicio Tovar (2019) indica que en 2015, según la Universidad Central de Venezuela, del total de emigrantes altamente calificados aproximadamente el 30% tuvieron como destino Estados Unidos, 28% Colombia, 22% España y 12% Portugal.

La historia de las migraciones hacia y desde Venezuela es curiosa pues en las décadas del cincuenta y sesenta muchos colombianos se fueron, debido al auge del petróleo allá y para huir de la violencia que en ese momento comenzaba a ser muy fuerte en el país. La bonanza petrolera de los setenta, atrajo millones de colombianos que buscaban mejores condiciones de vida, alimentación, educación, salud y vivienda decentes. En la década del ochenta con la caída de los precios del petróleo, muchos colombianos regresaron pero permaneció un grupo fuerte de colombianos que apalancaron las inversiones de empresas colombianas en este país en la década posterior. El ascenso al poder de Hugo Chávez y sus políticas socialistas produjeron un cambio de colombianos viviendo en Venezuela, pero la caída de los precios del petróleo iniciada en 2002 y el bloqueo económico tras la muerte de Chávez, causaron la profunda crisis que logró que muchos colombianos regresaran y también que muchos venezolanos emigraran, instalando empresas en territorio colombiano. 

La situación de los venezolanos es especialmente difícil en Colombia porque se han instalado en asentamientos temporales, a veces en tiendas de campaña, en parques, alrededor de las terminales de transporte o en albergues de pago diario, lo que resulta muy costoso y demasiado peligroso para personas que viajan con niños pequeños. En su recorrido por Colombia buscando un lugar permanente, o la salida hacia Ecuador, son víctimas de coyotes, de narcotraficantes o de tratantes de personas. Los venezolanos que toman la decisión de quedarse en el país, se enfrentan al altísimo nivel de desempleo que hay en Colombia (oficialmente se reconoce un 10,8% pero debe estar por encima), al hecho de que el nivel de necesidades básicas insatisfechas también es muy alto y que hay problemas serios de acceso a la alimentación, con niños desnutridos o que fallecen por inanición, falta de acceso a la salud y la educación, un alto déficit de viviendas, violencia social y asesinato de líderes sociales, periodistas, sindicalistas y opositores y un salario mínimo diario que escasamente llega a un euro por hora (Arvey Lozano S., 2019).

Los ciudadanos venezolanos se ocupan en diferentes trabajos, como albañilería, personal de mantenimiento, dependientes en diferentes comercios, muchos sobreviven de pedir limosna o de desarrollar trabajos informales y es alto el número de mujeres que han debido dedicarse a la prostitución recibiendo los precios más bajos del mercado. Algunos han ingresado a grupos delincuenciales pero también hay venezolanos que han logrado establecerse y desarrollar su profesión. Por lo general, quienes trabajan legalmente, lo hacen por la tercera parte de lo que ganaría un trabajador colombiano, alrededor de € 0,35 por hora de trabajo (Arvey Lozano S., 2019).

La segunda colonia en tamaño de inmigrantes es la de Estados Unidos, con casi 21 mil personas viviendo en el país, entre jubilados, estudiantes de intercambio y empresarios.

Otra colonia grande en el país es la de personas de origen chino. La embajada de China en Colombia ha registrado cerca de 20 mil ciudadanos de ese país residentes en diversas ciudades, que se dedican al sector de servicios, como restaurantes y tiendas de venta minorista. En los últimos años se han triplicado las empresas dedicadas a telecomunicaciones, construcción, energía, transporte y esperan desarrollar empresas de tecnología de punta, energías renovables y limpias y poder participar en la construcción del metro de Bogotá, reemplazando los buses de TransMilenio que son de los más contaminantes del planeta (Entrevista al representante del gobierno chino en Colombia para Blu radio, el 9 de setiembre de 2018).

La colonia china no es la única asiática en suelo colombiano, también hay un grupo importante de japoneses, de más o menos 5 mil personas, asentadas en la costa norte, en Bogotá y en el Valle del Cauca, preferencialmente.

A la colonia china le siguen en tamaño la ecuatoriana, con cerca de 16 mil personas, la española, con alrededor de 8mil, la peruana, con poco más de 5 mil, la japonesa, la argentina, la mexicana y la italiana, con un poco más de 3 mil personas cada una. Y con un número más reducido se encuentra una lista larga de países de los que han saludo personas para emigrar hacia Colombia. El hecho importante es que estas colonias han crecido después de la firma del Acuerdo de Paz porque tienen la percepción de que el país es ahora mucho más seguro y el impulso al turismo les ha mostrado los paisajes exóticos y la facilidad de vivir en Colombia. Un número cercano a 10 mil lo constituyen estudiantes de Venezuela, México, Alemania, Francia, Ecuador y Estados Unidos que encuentran en el país la oportunidad de analizar problemáticas que en sus países no encuentran.

Lecciones aprendidas

Tras la firma del Acuerdo de Paz se ha visto una afluencia de extranjeros que han encontrado en el país el lugar ideal para vivir, ya sea por lo exótico de sus paisajes y su cultura, o porque vienen huyendo de una situación difícil en sus países de origen, como es el caso de Venezuela, países africanos o la propia China.

En el otro polo están las emigraciones de colombianos que siguen buscando trabajo en países industrializados o asilo, en estos o en los países vecinos porque la realidad es que después de la firma y la desmovilización de guerrilleros de las FARC, el conflicto se ha recrudecido por el enfrentamiento entre bandas delincuenciales que buscan el control de los territorios. El Acuerdo de Paz no ha podido ser implementado plenamente por la oposición de sectores radicales que han encontrado las vías para ello, empezando con el deseo de desmantelar el acuerdo propuesto por el actual presidente o el desconocer las reformas estructurales, sobre todo las que tienen que ver con las formas de tenencia de la tierra. Otro factor ha sido el asesinato de excombatientes y las amenazas de muerte a varios de ellos, pero se siguen haciendo esfuerzos desde muchos sectores para que continúen los avances, aunque pequeños, pero que no se detengan.

Con respecto a la llegada masiva de venezolanos, Colombia ha sabido sortear la situación por diversas razones. Por un lado, la capacidad instalada de una sociedad civil que aprendió a organizarse para atender un volumen alto de desplazados. Al ser un país con uno de los conflictos armados más prolongados del planeta, las ONG, la sociedad civil y los grupos religiosos, desarrollaron procesos que permitieron crear estructuras de atención a desplazados y población en riesgo, y fueron estas las que se adaptaron rápidamente para acoger a los venezolanos y brindarles ayuda en un primer momento, sustituyendo al Estado que se mostró poco preparado para atender la crisis humanitaria y buscar soluciones efectivas. En el caso de Cúcuta, son los desplazados que se han asentado en la ciudad, específicamente en el barrio Las Delicias, los que acogen a los venezolanos y les brindan ayuda. La organización comunitaria de este barrio no solo piensa en los desplazados internos. Como la ciudad afronta la llegada de cientos de venezolanos, se organizaron para impedir que haya brotes de xenofobia y mostrar toda su solidaridad pues son los que le están abriendo las puertas a la comunidad venezolana.

Por el otro, la flexibilidad de una economía informal que supera el 50%, permite a los venezolanos que llegaron sin papeles el integrarse rápidamente y acumular el dinero suficiente para tramitar sus permisos y legalizar los documentos para permanecer o continuar su tránsito con una relativa tranquilidad.

Un tercer aspecto es que los territorios que venía ocupando la guerrilla, tras la firma del acuerdo y la dejación de armas, están siendo objeto de disputa por parte de bandas delincuenciales ligadas a los grupos de narcotraficantes, sin que el Estado haya hecho presencia o buscado la forma de acabar con los enfrentamientos y con la extorsión que ejercen sobre los pobladores, los que se han visto obligados a abandonar sus tierras y pequeñas propiedades y desplazarse a las ciudades cercanas, es decir, tras el retiro de las FARC de estas zonas, los grupos sucesores de los paramilitares comenzaron una intensa disputa por el control, buscando el dominio de los corredores de movilidad de la droga, la producción y comercialización de narcóticos y de otras rentas ilegales derivadas de la minería, repitiendo el esquema de desplazamiento y despojo de tierras que se vivían antes de la firma. La mayoría de estos desplazamientos ocurrieron en el Chocó, en Nariño y el Valle del Cauca, es decir, a lo largo y ancho de la franja del Pacífico, así como en la frontera con Venezuela, sobre todo en la zona de Catatumbo y Arauca. La mayoría de las víctimas de estos nuevos desplazamientos son indígenas y comunidades afrocolombianas, mujeres y niños en gran porcentaje. Otro fenómeno que se está repitiendo es el confinamiento de personas en sus pueblos –incluso en barrios de las grandes ciudades–, gente que no puede salir o entrar y que deben permanecer bajo el control de un grupo armado, sometiendo su voluntad a lo que este desee, lo que implica también la cooptación de territorios por parte de los grupos ilegales, en donde el Estado no tiene nada que hacer. Por tanto, en lugar de mejorarse la situación humanitaria en estas regiones, es evidente que las situaciones que se creían superadas, continúan.

La presencia y actuación de estos actores al margen de la ley, grupos paramilitares ahora escondidos bajo el eufemismo de bandas criminales, delincuencia común organizada, grupos guerrilleros no desmovilizados o reincidentes, entre otros, ponen en riesgo también la vida e integridad de los inmigrantes venezolanos en su tránsito por el territorio colombiano, “dichas estructuras se están aprovechando de la vulnerabilidad de esa población para instrumentalizar sus necesidades” (Rodríguez y Robayo, 2018).

Un cuarto aspecto es el conjunto de acciones para reconstruir el tejido social en las comunidades vulnerables que están desarrollando entidades como la Universidad del Magdalena a través del Instituto de Educación a Distancia y Formación para el Trabajo (IDEA), y el Consultorio Jurídico en sectores como el barrio Cristo Rey de Santa Marta. Los programas desarrollados por la universidad como jornadas lúdico-recreativas y asesoría jurídica a la comunidad buscan generar valores por medio del deporte, la recreación y el derecho. Estas actividades son desarrolladas por otras varias universidades del país que buscan construir el posacuerdo quitándole jóvenes a los grupos delincuenciales y a la guerra.

Es un hecho que el Acuerdo de Paz sigue sin ser implementado y que fuerzas poderosas siguen tratando de que continúe así. El conflicto no cesa, las amenazas y muerte de excombatientes, de líderes sociales continúan y se siguen produciendo desplazamientos masivos. Algunas pequeñas acciones se van construyendo en favor de la paz, pero sigue presente la pregunta, ¿será que después de tanto dolor, tanta muerte, tanto terror, no hemos aprendido nada? ■

---

REFERENCIAS

• ACNUR. (2018, 19 de junio). Con 68 millones de personas desplazadas, es urgente un pacto mundial sobre refugiados. [En línea]. UNHCR-ACNUR. Recuperado de https://www.acnur.org/noticias/press/2018/6/5b29091d4/con-68-millones-de-personas-desplazadas-es-urgente-un-pacto-mundial-sobre.html
• Alcaldía Mayor de Bogotá. (2012). Plan de Desarrollo 2012-2016. Bogotá Humana. [Archivo PDF]. Recuperado de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/documentos/2012_2016_Bogota_Humana_Plan_Acuerdo489_2012.pdf
• Aprile-Gniset, J. (1992). La ciudad colombiana. Siglo XIX y siglo XX. Bogotá: Biblioteca Banco Popular.
• Aprile-Gniset, J. y Mosquera, G. (1978). Dos ensayos sobre la ciudad colombiana. Cali: Universidad del Valle.
• Arvey Lozano S., P. (2019, 7 de febrero). Venezolanos en Colombia: migrando de una crisis para encontrarse con otra. [En línea]. La Vanguardia. Recuperado de https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/20190207/46230876098/migracion-colombia-venezuela-miseria.html
• Caballero, N. J. (2015). El fenómeno del desplazamiento en Santa Marta; entre la ruptura del desarrollo humano y el enfoque de las capacidades. [Tesis de Maestría]. Bogotá: Universidad de La Salle.
• Castañeda Tabares, L. V. (2018, 3 de junio). Colombia, un país de talentos fugados. [En línea]. El Mundo.com. Recuperado de https://www.elmundo.com/noticia/Colombiaun-pais-de-talentos-fugados-/371786
• Centro de Investigación sobre Dinámica Social-CIDS. (2007). Ciudad, espacio y población: el proceso de urbanización en Colombia. [Archivo PDF]. Bogotá: Universidad Externado de Colombia/UNFPA. Recuperado de https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/04/Ciudad_espacio_y_poblacion._El_proceso_de-Urbanizacion.pdf
• Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH. (2018). Exilio colombiano. Huellas del conflicto armado más allá de las fronteras. Bogotá: CNMH-UARIV.
• Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH. (2015). Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá: CNMH-UARIV.
• Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento-CODHES. (2018). Sistema de información sobre Derechos Humanos y desplazamiento. Recuperado de https://sisdhescodhes.wordpress.com/2018/04/06/datos-abiertos-desplazamiento-forzado/
• Cuervo, L. M. (1990). La primauté urbaine en Amérique Latine: une étude historique comparative. [Tesis de Doctorado]. París: Institut d’urbanisme de Paris.
• Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE. (2019). Resultados Censo de población y vivienda 2018. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018
• Departamento Nacional de Planeación-DNP. (2014). Misión Sistema de Ciudades. Una política nacional para el sistema de ciudades colombiano con visión a largo plazo. Bogotá: DNP.
• Delle Femmine, L. (2017, 6 de octubre). Los colombianos vuelven a pedir asilo en España. [En línea]. El País. Recuperado dehttps://elpais.com/internacional/2017/10/02/actualidad/1506943761_949828.html
• Dinero. (2019). ¡Hora de aprovechar la diáspora colombiana! [En línea]. Recuperado de https://www.dinero.com/pais/articulo/cifras-sobre-los-colombianos-en-el-exterior/269096
• El Espectador (2018, 18 de setiembre). Dos experiencias de integración de desplazados en Medellín y Cúcuta. Recuperado de https://colombia2020.elespectador.com/pais/dos-experiencias-de-integracion-de-desplazados-en-medellin-y-cucuta
• El Heraldo (2016). “Sincelejo colapsó con las 165.000 víctimas que recibió en diez años”: alcalde Quessep. [En línea]. Recuperado de https://www.elheraldo.co/sucre/sincelejo-colapso-con-las-165000-victimas-que-recibio-en-diez-anos-alcalde-quessep-267319
• Empresa de Desarrollo Urbano-EDU. (s.f.). Medellín. Modelo de transformación urbana. Proyecto Urbano Integral -PUI- en la zona nororiental. Consolidación Habitacional de la Quebrada Juan Bobo. Medellín: Alcaldía de Medellín.
• Gouëset, V. (1993). La metropolización en Colombia: una falsa excepción al esquema latino-americano de concentración primacial. Cuadernos de Geografía, (3), s.p.
• Fornaguera, M. y Guhl, E. (1969). Colombia. Ordenación del territorio en base del epicentrismo regional. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
• Portafolio. (2018). Llegada de remesas al país superó los US$6.100 millones el último año. [En línea]. Recuperado de https://www.portafolio.co/economia/llegada-de-remesas-a-colombia-2018-522556
• Remicio Tovar, P. A. (2019, 12 de febrero). Mentes a la deriva: Sobre la migración de cerebros colombianos en el panorama global. [En línea]. Supuestos. Recuperado de http://revistasupuestos.com/ciudad-y-vida-urbana/2019/2/12/mentes-a-la-deriva-sobre-la-migracin-de-cerebros-colombianos-en-el-p
• Rodríguez, R. F. y Robayo, M. C. (2018, 1 de octubre). Las paradojas del fenómeno migratorio que vive Colombia. [En línea]. El Espectador. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/las-paradojas-del-fenomeno-migratorio-que-vive-colombia-articulo-815629
• Ruiz R., N. Y. (2011, enero-abril). El desplazamiento forzado en Colombia: una revisión histórica y demográfica. Estudios demográficos y urbanos, 26(1), pp. 141-177. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-72102011000100141&lng=es&tlng=es
• Ruiz R., N. Y., Castillo de Herrera, M. y Forero Niño, K. (2018). Geopolítica del despojo. Minería y violencia en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
• Sánchez Steiner, L. M. (2008). Éxodos rurales y urbanización en Colombia. Perspectiva histórica y aproximaciones teóricas. Bitácora Urbano Territorial, 2(13), pp. 57-72.
• Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-RUV. (2019). Reporte general. Recuperado de https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
• Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas-RUV. (2016). Informes regionales Nariño. [Archivo PDF]. Bogotá: Unidad para las Víctimas. Recuperado de https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/especial-rendicion-2016/docs/narino.pdf
• Zambrano Pantoja, F. R. (1994). Desarrollo urbano en Colombia. Una perspectiva histórica. Seminario Políticas e instituciones para el desarrollo urbano futuro en Colombia. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación.

Notas

1. El coeficiente de Gini es un indicador de la desigualdad en el que el valor de 0 implica una perfecta distribución y el de 1 una concentración total de riqueza, tierra, ingresos, entre otras. (Volver)

2. El índice de primacía (IP) es el “indicador de la capacidad de concentración de población de la ciudad principal de un país o región y estima cuántas veces caben las tres ciudades siguientes en la ciudad de mayor tamaño” (UEC, 2007, p. 21). (Volver)

3. 722.743 según datos de CODHES (2018). (Volver)

4. En Colombia, se han definido estratos socioeconómicos para valorar las viviendas y sus entornos. Estos van de 1 a 6, siendo 1 el de las personas de más bajos ingresos y 6 el de las personas más adineradas. (Volver)

5. Los grupos paramilitares son ejércitos privados de ultraderecha, conformados para apoyar a los narcotraficantes y las elites colombianas para despejar grandes extensiones de tierra para el control de las actividades ilegales, en el primer caso, o para el desarrollo de megaproyectos, en el segundo. La frontera entre ambas es difusa. Se dice que entre sus filas había efectivos del ejército colombiano, pero no se ha probado. (Volver)

6. Otras fuentes sostienen el dato de 646.472 personas desplazadas (CODHES, 2018). (Volver)

SECCIÓN DEBATES
Como parte de la discusión académica, invitamos a debatir con las ideas presentadas en este artículo. Si su contribución respeta las reglas del intercambio académico y comprobamos fehacientemente su procedencia, será publicada en línea sin referato. Puede enviarnos su reflexión aquí.