Política pública, gestión del hábitat y fortalecimiento del componente tecnológico como horizonte programático para el diseño social


Universidad de Buenos Aires
Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo

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Resumen

Este artículo intenta describir y analizar una de las áreas de concepción y aplicación del diseño social en Argentina durante el presente siglo. Refiere al fortalecimiento tecnológico del tejido productivo popular, con horizontes en el incremento de su participación en procesos de transformación sociourbana. Prácticas de carácter proyectual en y para el hábitat popular, con atención a la incorporación sistémica del componente tecnológico productivo en los procesos de transformación.

Palabras clave
Diseños, Proyecto, Hábitat popular, Redes socio-productivas, Tecnologías

Recibido
17 de setiembre de 2024
Aceptado
6 de abril de 2025

Los diseños, el activismo proyectual, la casuística y las nuevas instancias de institucionalización[1]

Durante el primer cuarto de este siglo, el campo del saber proyectual incorporó diversas categorías para clasificar prácticas diseñadas con y para minorías excluidas. Estas prácticas tomaron forma, en un principio, a través del posicionamiento de grupos de trabajo y su adhesión –en mayor o menor medida– a marcos teóricos específicos, o bien mediante la intervención en los intersticios, buscando articularlos según las necesidades del contexto y de cada caso particular. Bajo las categorías de diseño para el desarrollo, diseño inclusivo, accesibilidad, diseño y cadenas de valor, diseño sostenible y ecodiseño, diseño participativo, diseño y hábitat popular, entre otras, se congregaron líneas de acción y reflexión proyectual diversas, tendientes a pensar la disciplina desde su vertiente social (Senar, Giménez y Romero, 2020).

Como posicionamiento conceptual, suscribimos al pensamiento de Maldonado y de un conjunto de pensadores/as disciplinares que establecen relaciones entre lo social y los diseños, entendiéndose como elementos cuasi indivisibles, incluso desde sus inicios en el contexto del proyecto moderno. (Ledesma, 2013; Galán, 2011; Romero, Giménez y Senar, 2006; Bernatene, 2006; Doberti y Giordano, 1996; Maldonado, 1977). Sin embargo, utilizaremos el adjetivo social como nomenclatura introductoria, a fin de sectorizar algunas de estas prácticas, cuya definición sigue siendo un espacio de discusión[2].

En este artículo intentaremos describir y analizar un pequeño compendio de acciones proyectuales, desarrolladas en y para el hábitat popular, con el objetivo de incrementar el trabajo y el empleo de los sectores populares[3], a partir del fortalecimiento tecnológico de las organizaciones sociales. Tomaremos algunas cuya particularidad fue consolidarse como parte de un conjunto de políticas públicas.

El posicionamiento iniciático del campo proyectual desde su vertiente social en Argentina, particularmente en las disciplinas de los diseños[4], se puede situar en el período de transformación y crisis sociopolítica de principios de este siglo (2001). Los esfuerzos académicos y de gestión del colectivo disciplinar en Argentina[5] conformaron una corriente de acción proyectual y reflexión teórica que, a la fecha, ha crecido considerablemente y tiene un sinfín de derivas. En este trayecto recorrido, ha constituido un reservorio con matices temporales, sociales, culturales y territoriales, entre otros, que reviste un aprendizaje acumulado de gran valor[6].

Las prácticas que analizaremos se inscriben en lo proyectual, fuertemente emparentado con lo tecnológico como entorno epistémico. La descripción y análisis de esta relación entre el proyecto y la tecnología la hemos trabajado en diversos escritos[7]. Hemos intentado reflexionar sobre los trayectos históricos en el ámbito de los diseños sociales y su intrínseca relación con el campo de lo tecnológico, su fortaleza local a partir de las escuelas teóricas de base (Varsasky, 1974; Herrera, 1973) y el extenso corpus casuístico. También hemos analizado su singularización territorial, conjugando diseños y tecnologías en su perspectiva socioinclusiva, con una mirada basada en lo político (Thomas, Albornoz y Picabea, 2015) del campo en disputa[8].

Dentro de los objetivos de los trabajos analíticos que venimos desarrollando, este texto se centrará en un punto que nos interpela como equipo desde hace algunos años: la necesidad de superar las instancias casuísticas de las acciones orientadas y construidas con y para minorías excluidas, en función de su integración y de las posibles estrategias para que esto suceda. Este interrogante refiere tanto a los procesos de reflexión como a los de acción territorial. La hipótesis de la que partimos plantea la necesidad de nuevas instancias de institucionalización que le permitan a este campo del saber la mencionada superación y el establecimiento de horizontes de acción para la transformación sociocultural.

La construcción de dispositivos[9] (Souto, 1999; Guattari, 1990; Foucault, 1972) con creciente capacidad de acción, tendientes a la producción de procesos más abarcativos, ya tiene algunos exponentes. Con mayor o menor intencionalidad, sujetos y colectivos proyectuales están trabajando en este sentido, al menos en dos ejes: el formativo, mediante la producción de seminarios, carreras de posgrado y líneas de investigación, entre otros esfuerzos; y el de gestión, estableciendo en los estados municipales, provinciales y/o nacionales, proyectos, programas y líneas de acción pública que permiten sentar bases para un ejercicio programático.

Sobre este último eje, el de política pública, se ha accionado con intensidad desde hace varios años. La extensión temporal y geográfica lograda por estos dispositivos, junto con su pertinencia, capacidad económica y de gestión, entre otros factores, son signos de su potencialidad para la producción de procesos de fortalecimiento social y su posible impacto territorial.

En este artículo nos centraremos en prácticas del diseño en la esfera de las políticas públicas de hábitat, orientadas al fortalecimiento tecnológico de organizaciones productivas populares y a su potencial como transformador social e inclusivo de los territorios.

Consideramos importante aclarar que estas acciones construyen plataformas de práctica bajo perspectivas conceptuales que podrían interpretarse lejanas disciplinariamente al campo proyectual y, en particular, al de los diseños. Entendemos esta hibridación como parte de un proceso de maduración en el abordaje de la complejidad contextual y en la posibilidad concreta de generar estrategias de transformación de la realidad. Por supuesto, a nuestro entender, estas prácticas pueden y deben rescatarse en el campo disciplinar, interpretarse y analizarse como parte del proceso de institucionalización de lo proyectual en los diseños y, en particular, en el diseño social.

Gestión pública del hábitat en la argentina del siglo XXI, la incorporación componente de fortalecimiento tecnológico del tejido productivo y su relación con el diseño social

La conquista del derecho al hábitat por parte de los sectores populares tiene en nuestra sociedad una historia de hitos en ampliaciones sucesivas, que resumidamente podemos puntualizar desde el reconocimiento higienista a la necesaria provisión de infraestructuras básicas en el siglo XIX, pasando por las primeras aproximaciones del Estado a la temática durante el yrigoyenismo, hasta su reconocimiento con rango constitucional y efectivización integral cuali y cuantitativa” (Fernández Castro, 2022, p. 9).

Desde la década del treinta del siglo pasado y hasta la fecha, se verifican sucesivas interrupciones de los gobiernos constitucionales en Argentina y en casi toda Latinoamérica, con la aplicación de políticas de corte conservador, caracterizadas por una orientación económica declarativamente no intervencionista de las acciones del mercado y un marcado sesgo contra las clases populares, concebidas como individuos beneficiarios de políticas de apoyo y subsistencia, en detrimento de la concepción de sujeto de derecho. Estos gobiernos pensaron las políticas que actualmente podríamos posicionar bajo el paraguas del hábitat como acciones de sostenimiento social de emergencia.

A partir de las transformaciones políticas derivadas de la crisis desatada a fines del siglo XX en Latinoamérica –en particular en Argentina– y de los sucesos de la primera década del siglo XXI, se observa un sector popular fortalecido con intervención cada vez más protagónica en la producción del hábitat. En ese marco, llegando a la segunda década de este siglo, se sanciona la Ley 27453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio-Urbana (2018) y, poco después, su mecanismo de financiamiento. Posteriormente, se crea el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (MdDTyH) sobre la base de secretarías nacionales. Este compendio institucional se desarrolla en un contexto de marcado déficit habitacional, que no sólo no ha logrado resolverse, sino que se incrementa año tras año.

Los trayectos recorridos en ese período demarcaron una ampliación y reestructuración de políticas de vivienda y de vivienda más hábitat implementadas, para ser orientadas hacia prácticas de integración sociourbana, con programas más abarcativos en términos de inclusión del tejido social (Kozak, 2016; Barrios, 2014; Jauregui, 2009; Rodríguez, 2009; Andreatta, 2005; Fernández Wagner, 2004). Estos se ponen en juego y comienzan a instituirse en la gestión pública. En ese marco, entre otros procesos de reflexión necesarios, entendimos un aporte de nuestras disciplinas proyectuales la problematización, profundización y reestructuración de la concepción acerca de lo tecnológico en el marco de estos procesos (Senar, Giménez y Romero, 2020; Senar y Clavell, 2019; Senar, 2011; 2006; Fernández Castro, Cravino, Trajtengartz y Epstein, 2010).

Partimos de la premisa que los espacios de producción de bienes y servicios son constitutivos del hábitat y conforman su fisonomía, caracterizándolo a partir de sus redes sociotecnológicas (Thomas, 2012; Bijker, 2005; Callon, 1992; Winner, 1983). Sus nodos y dinámicas se extienden territorialmente de una forma divergente a los contornos físicos que constituyen los clásicos polígonos de intervención urbana. Las morfologías de las redes en el campo de lo productivo hacen difusos y relativizan los límites físicos de los territorios de afectación localizada de estas políticas públicas.

Nos posicionamos en la revisión y el robustecimiento de estos tejidos que forman parte de las economías preexistentes, entendiendo que su consideración y fortalecimiento virtuoso es un prerrequisito para dar sostén a los proyectos de transformación sociourbana de manera estratégica, con especial atención en el sector productivo popular.

El incremento de circulación económica, generado por estos procesos de transformación sociourbanos es clave para el fortalecimiento del tejido productivo, dada su rapidez e intensidad. Las transformaciones del espacio y de la demanda laboral, a partir de la activación del entramado productivo y de servicios del sector de la construcción y las áreas satélites, son focalizadas y pueden ser planificadamente dirigidas a cadenas de valor específicas. La mirada disciplinar, entre otras, del diseño social, acompañó la introducción del componente tecnológico en algunas políticas de hábitat, en particular las ya orientadas al fortalecimiento del tejido de las pequeñas y medianas empresas (PyME), así como de estrategias para la integración de los sectores populares en los procesos de transformación, con el consecuente incremento de la demanda laboral para estos actores.

Las políticas de transformación del hábitat popular, con una mirada estratégica de lo tecnológico, permiten proyectar condiciones para incentivar el arraigo de la población, con la posible consecuente reversión de dinámicas de migraciones internas, en el marco de oportunidades de integración económica comunitaria local. La profundización de los proyectos y procesos de transformación sociourbana, atendiendo al eje de fortalecimiento tecnológico de organizaciones populares, complementan y amplían los procesos de flujo, referencia, habitación, intercambio y deslinde urbanos (Fernández Castro, Cravino, Trajtengartz y Epstein, 2010) que este tipo de acción aporta al territorio. Lo hacen generando oportunidades de integración económica de la población y de las organizaciones locales en los procesos productivos inmediatos y mediatos vinculados inicialmente a las obras de construcción. Fortalecer las capacidades tecnológicas potencia la oferta de unidades productivas sociales de los territorios en transformación, posibilitando ser partícipes de forma incremental de estos procesos inmediatos de integración sociourbana, con la participación en obras de mayor escala de complejidad y mayor circulación económica. Este fortalecimiento, instituido en procesos de capitalización de las organizaciones, estabiliza las capacidades internas y posibilita una oferta mediata de calidad, más amplia y eficaz.

El proceso de desarrollo descrito no es nuevo, pero su puesta en práctica en el marco de los dispositivos de integración sociourbana actuales, focalizados en estrategias de inclusión de la población y organización local, y su enfoque en el desarrollo tecnológico de organizaciones productivas populares, tiene matices innovadores. El fortalecimiento tecnológico de organizaciones populares, cuyo sentido de conformación, como sabemos, se basa en la mejora de las condiciones sociolaborales de sus integrantes desde una perspectiva de participación ampliada, se complementa con las acciones de integración sociourbana y las tradicionales capacidades del sector privado para llevar a término el proceso. Las posibles consecuentes mejoras de las condiciones sociolaborales de los actores y organizaciones territoriales, a partir de la capitalización tecnológica, son operaciones de carácter estratégico en un contexto de informalidad estructural (Bertranou y Casanova, 2014; Azpiazu y Schorr, 2010) pobreza en torno al 40%[10] de la población y una realidad intensamente deficitaria sobre el derecho a la vivienda en Argentina, con un déficit de al menos el 32%[11]. La coordinación de la acción pública en estos dos ejes, trabajo y hábitat, a partir de la capitalización tecnológica, es una oportunidad para la generación de procesos virtuosos y singulares. En ese marco, establecer parámetros de gestión territorialmente asociativos en una mirada de escala ampliada (provincial o incluso nacional) y en el desarrollo de encadenamientos productivos, potencia inclusive la perspectiva de mediano y largo plazo, vinculadas, por ejemplo, a procesos de abastecimiento, producción nacional y soberanía productiva.

Espejarse y reconocer en la gestión de realidades complejas, como las que plantean las prácticas del hábitat y la producción, con su respectiva consolidación de comunidades en red, permite observar horizontes específicos para la participación del diseño social, incluso la necesidad de nuevas revisiones de pertinencias disciplinares. Desde las agencias universitarias y, en estos últimos años, desde la gestión pública de hábitat, se han desarrollado procesos de aprendizaje institucional en el campo del diseño social, incluso de su inserción en la agenda de políticas públicas de desarrollo productivo y hábitat.

Fotografía 1
Productos de premoldeados para el desarrollo de infraestructura en barrios populares.
Fuente: Cooperativa de Trabajo Soporte Limitada.

Bases para la maduración de los dispositivos del sector público, para la transformación sociourbana e incremento de las capacidades tecnológicas de los sectores productivos populares

Dispositivos orientados a la transformación del hábitat han comenzado a institucionalizar algunos esfuerzos de fortalecimiento de fuerzas productivas territoriales, como parte de su repertorio estratégico de gestión para la integración sociourbana. Se materializan por la puesta en acto de diversos recursos, desde algunos de características urbanas como incentivo a nuevos desarrollos tecnológicos locales, complementariedades urbanas, redes de infraestructura especializadas, pasando por dispositivos arquitectónicos como prototipos de habitación con usos mixtos, usos de elementos o sistemas constructivos regionalmente estratégicos, hasta formas alternativas de asociación, comercialización, normativas de control y cuidado ambiental.

Todos estos incluyen acciones de innovación de carácter social, que incentivan la consolidación de estructuras económicas locales y, en particular, la participación en estas dinámicas de organizaciones populares. Estos esfuerzos proponen y requieren, además, un trabajo coordinado con otras políticas públicas orientadas al incentivo de cadenas cortas de valor, desarrollo tecnológico y empleo, para llevar de forma articulada, impulso y sostenimiento, haciendo uso de la demanda que producen en las localidades la implementación de las acciones estatales de integración sociourbana. De este modo articulado, se constituyen resultados en términos integrales para estas obras, no sólo por la materialidad y espacialidad constituidas, sino también por el fortalecimiento de redes productivas, entendidas desde sus múltiples aristas: económica, financiera, tecnológica, social, comunicacional, entre otras.

Estos dispositivos proponen una articulación entre la resignificación de los ámbitos físicos urbanos, y el fortalecimiento de las prácticas socioproductivas que los desarrollan. Se genera una atención y tensión similar tanto en los nuevos desarrollos proyectuales como en los sociotecnológicos, para la creación de nuevas espacialidades en los territorios, como en las prácticas necesarias para tal fin. Esto demanda un doble desafío proyectual y de gestión. Todo proceso de innovación organizacional y socioproductiva requiere tiempos y soportes de diversa índole, según el caso. A su vez, toda transformación en las concepciones de espacialidad para la producción de hábitat actúa sobre los hábitos constituidos, el sentido común y los preacuerdos subyacentes; por tanto, también conlleva tensiones que requieren procesos de acompañamiento: tiempo y soporte, para la administración y resignificación. Estos procesos en tensión se manifiestan tanto en los agentes territoriales[12] como en los actores del sistema público implicados, dada su novedad.

Hasta la gestión gubernamental anterior, se constituyó una serie de políticas públicas de hábitat que intentaron y contribuyeron, en mayor o menor medida, con sus objetivos sectoriales. Algunas lograron, a partir de su vínculo y coordinación territorial, dispositivos de innovación social, institucional y organizacional, con horizontes en la superación de la concepción de vivienda más empleo, hacia la de hábitat más trabajo. Se puede observar en la casuística y en las implementaciones de políticas públicas a través de programas nacionales tales como Proyecto de Obras Tempranas (POT-SISU); Proyectos Ejecutivos Generales (PEG-SISU); el Programa Lotear (SISU); el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación; “Argentina Construye” y su continuación “Casa Propia” del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación, entre muchos otros de índole provincial y municipal, que establecen estamentos para la profundización de las políticas de desarrollo del hábitat más fortalecimiento de unidades y redes socio-productivas del sector PyME y fuerzas productivas populares del territorio.

Para que los dispositivos se estabilicen, fortalezcan y profundicen, en el marco de una voluntad gubernamental por la ampliación de la capacidad del Estado para la transformación del hábitat, se requiere una mayor especialización en estas áreas programáticas híbridas de la política pública. En particular, verificamos, entre otros, dos ejes de requerimientos: el primero consiste en la necesidad de una mejora sensible de la oferta material y de servicios del tejido productivo asociativo. Es decir, un trabajo de mejora centrado en el incremento tecnológico territorial, que profundice las capacidades de las unidades productivas populares y, a su vez, fortalezca su arraigo en sus áreas de influencia, así como su llegada a los diversos ámbitos de demanda de producción de hábitat. El fortalecimiento de las organizaciones requiere –entre otras– de una base económico-financiera que permita establecer, las condiciones mínimas de integración y dignificación laboral que las caracterizan. Bases necesarias para proyectar pasos de innovación incremental. El Estado puede acompañar con gestión para que estos procesos se produzcan, a través de una focalización de sus dispositivos y políticas públicas, pero no puede reemplazar los procesos de madurez organizacional al interior de los colectivos productivos, con la singularidad de procesos y tiempos que esto requiere[13].

El segundo eje refiere a la maduración de la ingeniería administrativa y jurídica de resoluciones y disposiciones de la esfera pública, a fin de proponer un entorno posible y propositivo para la intervención del sector productivo popular. Se entiende a este colectivo productivo como un organizador social protagonista de la acción pública, en particular durante los últimos 25 años, complementario al sector productivo privado organizado. Los desencuentros normativos que persisten son sistemáticamente mencionados desde el sector cooperativo, mutualista, de organizaciones y entramado productivo social. Las condiciones de organización y formato institucional, en ocasiones, colisionan con una ingeniería administrativa pública fuertemente concebida para el establecimiento o conformación de relaciones del Estado con el sector privado empresarial. Muchos municipios, en asociación programática con estados provinciales han logrado, con el tiempo y atención institucional, mejorar formatos administrativos produciendo una inclusión más amplia de todo el tejido productivo potencial, inclusive el social, como parte de los procesos de integración sociourbana. Es un trayecto en construcción; se han producido adaptaciones, pero aún se requiere legislación para profundizar las estrategias de incorporación, en un equilibrio y equidad delicado, en tanto estrategias de desarrollo localizado e integración socioproductiva que derivan de las condiciones de cada sector y territorio.

Estrategias públicas para la intervención de tejido productivo asociativo y local en los procesos de transformación sociourbanos

La acción de la política pública de integración sociourbana, con el objetivo de incorporar las fuerzas productivas sociales, ha dado pasos significativos en los últimos años. Un claro ejemplo son las acciones de la Secretaría de Integración Socio-Urbana, en el marco del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En su estructura jurídica, se formulan estrategias orientadas a este fin. Su ley de base, la N° 27453 (2018), en su artículo 12, establece un mínimo de obras del 25% para cooperativas de trabajo[14], lo que demanda la incorporación de trabajadores locales[15] y la organización del tejido productivo asociativo local.

El MdDTyH de la Nación, durante su funcionamiento, a través de sus resoluciones administrativas, estableció como alternativa que los municipios y provincias implementen obras por administración, con la participación de organizaciones de la economía popular[16]. Durante su implementación, en diversos territorios del ámbito nacional, el entramado productivo social ha podido participar en proyectos de producción de vivienda. Al primer semestre de 2023, se estaban produciendo 6.100 viviendas en este marco. Un ejemplo de ello son los proyectos de las 237 viviendas en Cafayate, provincia de Salta[17].

Fotografía 2
Vivienda en construcción. Programa Casa Propia Construir Futuro.
Fuente: Gentileza del MdDTyH.

Otras acciones de política pública del MdDTyH también son parte de este repositorio. En el marco de la COVID-19 se generó el subprograma habitar la emergencia[18] y las líneas de equipamiento comunitario, conexiones domiciliarias, núcleos sanitarios y completamientos barriales. Estas, también a través de sus reglamentaciones, potenciaban en forma interconectada las acciones sobre los sistemas productivos locales para el desarrollo programático e implantación de productos industriales locales para el hábitat. Por ejemplo, el subprograma de núcleos sanitarios concebía dentro de su estrategia de mejoras habitacionales, el desarrollo de procesos de capitalización tecnológica para la producción de núcleos sanitarios de carácter industrializados. La situación deficitaria que demarcaba la necesidad de esta línea verificaba una alta concentración de falta de instalaciones sanitarias en las zonas del noreste Argentino (NEA) y del noroeste Argentino (NOA) llegando casi al 20% del total habitacional y la zona centro con el 13%[19]. Este escenario con una demanda potencial mayor a un millón y medio de unidades totales[20] y concentraciones territoriales específicas, permitía establecer ejes para el fortalecimiento de la cadena de valor del rubro con capacidades potenciales y desarrollo incipientes. La puesta en ejecución de este subprograma, se basó, en la etapa piloto, en el remplazo de letrinas. Se establecía un horizonte de 50 mil unidades en el NEA y 35 mil en el NOA y también acciones en zona centro y sur, volumen que se comprendía suficiente para fortalecer las líneas de producción localizadas, a través de una demanda extendida para el sector PyME regional. Se formaron también los primeros proyectos para el fortalecimiento tecnológico de entramados productivos sociales en varias localidades del país. En el NOA, en Tafí del Valle, provincia de Tucumán; en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en el partido de San Martín, y también en Bariloche, provincia de Río Negro[21]. A su vez en conjunto con actores del entramado productivo públicos, como Astilleros en la zona centro del país y Ferrocarriles Argentinos en el NOA, se estudiaron alternativas proyectuales para la generación de líneas productivas de soluciones industrializadas de este déficit habitacional para una segunda etapa de ejecución. También en ese sentido, en asociación con el sector foresto industrial y en acuerdo con áreas del Ministerio de Desarrollo Productivo se proyectaron soluciones con tecnologías wood frame o sistema constructivo de entramado en madera, con intensión de implementación con tejido productivo en la zona del NEA y trabajo de mejora habitacional en el mismo territorio.

El subprograma de equipamiento comunitario tuvo también algunas acciones programáticas orientadas a fortalecer de forma estratégica las interrelaciones entre la producción de hábitat y el desarrollo de organizaciones productivas sociales. Se propusieron nucleamientos productivos comunitarios de índole formativa en varias localidades del país, con proyectos de producción de elementos para la construcción de vivienda en la provincia de Santiago del Estero y también en la producción de núcleos húmedos –intersección con otros subprogramas– en Bariloche. También equipamientos para el fortalecimiento de organizaciones de la economía social en el AMBA, específicamente en la localidad de Quilmes, y en la Ciudad de Córdoba.

En otro orden, en la coordinación entre políticas de hábitat y de fortalecimiento productivo y laboral en función de la construcción de dispositivos y complementariedades, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, a través de la Secretaría de Hábitat, y el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, establecieron un convenio de cooperación cuyo objetivo fue la articulación con otros organismos nacionales, provinciales y municipales para el diseño de las instalaciones, la adquisición y el monitoreo de desempeños de equipos solares térmicos de fabricación nacional a instalar en las viviendas a producir por el MdDTyH.

Los estándares mínimos de calidad para la producción de viviendas de interés social establecían lo siguiente:

Todas las viviendas deberán incluir un Sistema Solar Térmico (SST) para Agua Caliente Sanitaria. El SST deberá cumplir con los requisitos técnicos mínimos establecidos en el apartado 6 del Anexo VII del presente documento y con la Resolución 520/2018 de la Secretaría de Comercio (Secretaría de Vivienda, 2019, apartado 5.6.1.1, p. 46).

La iniciativa proponía la puesta en práctica de una política de desarrollo tecnológico y hábitat –derivada del trabajo de las carteras implicadas– para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta tecnológica con eficacia ambiental de esta cadena de valor regional. La producción de tecnología solar térmica nacional para agua sanitaria tiene muchos años de desarrollo y su crecimiento ha sido significativo, en particular en la última década, acompañando los procesos mundiales de incremento, apoyada en diversos compendios de beneficios fiscales. Para fines de la década anterior, en el año 2019 se fabricaron en Argentina 12.607 m2 de equipos solares térmicos, lo que marca un crecimiento del 37% respecto a dos años anteriores (INTI, 2022). A pesar de ser una buena noticia, estos números mostraban la dificultad para abastecer con normalidad un mercado privado, junto a una demanda incremental del sistema público de producción de viviendas que se programaba. Por tanto, la coordinación entre áreas a fin de robustecer las políticas de desarrollo productivo y las de hábitat de forma simultánea se volvió una necesidad. Entre 2021 y 2023 se produjeron aproximadamente 40.200 viviendas nuevas[22] con la incorporación de sistemas de calentamiento de agua a través de energía solar térmica[23]. El incremento de la demanda fue exponencial, y el abastecimiento y cumplimiento de los objetivos requirió del fortalecimiento coordinado de toda la cadena de valor.

Estos ejemplos demarcan escenarios con nuevos desafíos y oportunidades para las redes socioproductivas regionales y locales, tanto para el tejido productivo privado como para el asociativo social. Se verifica así la potencialidad para la activación complementaria de cadenas productivas ya constituidas, su ampliación e incluso su mejora a través de procesos de innovación tecnológica.

Fotografía 3
Solar térmica instalada en vivienda.
Fuente: Censo solar térmico 2019 INTI (2022), Subgerencia Operativa de Energía y Movilidad.

El acompañamiento y la planificación estratégica del Estado puede potenciar y acompañar el desarrollo de los sectores implicados con participación de los diversos actores y apropiación tecnológica local –como el caso de la solar térmica– para lograr un mayor porcentaje de producción nacional de piezas y partes, mejoras de calidad, ampliación de redes de instalación y mantenimiento, certificaciones y ensayos, investigación y desarrollo congruente con las necesidades locales, regionales y nacionales. Esto, en el marco de una mejora de las condiciones de demanda laboral del sector privado y el acompañamiento para la participación incremental del tejido productivo social en estas cadenas de valor a partir de estrategias de fortalecimiento tecnológico.

Estos dispositivos constituidos son sólo algunos ejemplos del trayecto que se ha recorrido, de los esfuerzos de la planificación y generación de políticas públicas de hábitat más desarrollo tecnológico productivo. Sin intención de ser exhaustivos, sólo hemos nombrado algunas acciones de alcance nacional, en las que hubo participación de actores del campo proyectual para el desarrollo de procesos de diseño social, desde su concepción y puesta en ejecución. Existen muchos otros dentro del corpus casuístico; sin embargo, es aún un campo de acción particular y focalizado, en el que se verifica la necesidad de ampliación y profundización.

Profundización de estrategias de desarrollo tecnológico productivo de los entramados locales y su institucionalización en el marco de las políticas públicas de hábitat. El rol del diseño social

Estos esfuerzos demarcan intentos y construcciones programáticas en el campo de las políticas públicas de hábitat, en asociación con el fortalecimiento del trabajo, con participación de los sectores populares a partir de estrategias de capitalización tecnológica. Procesos de institucionalización de estrategias que tienen un recorrido, pero requieren aún de un trayecto de fortalecimiento y sistematización.

En este proceso, se reconocen antecedentes que establecieron caminos posibles a seguir transitando y profundizando. Inicialmente, estrategias de incorporación de los sectores populares como actores asalariados del sector privado en la obra de vivienda del tipo tradicional; la producción de artefactos de innovación radical dentro de los entramados productivos nacionales; el fortalecimiento y/o generación de áreas de servicios, como la instalación y el mantenimiento de tecnologías para vivienda y equipamiento urbano y rururbano; la construcción de vivienda con tecnologías territorializadas estratégicamente según recursos, conocimiento y necesidades regionales, entre otros. Todos estos esfuerzos, como mencionamos, requieren aún de fortalecimiento y más coordinación, a través de la programación de políticas públicas con una mirada estratégica y complementaria en términos de un hábitat complejo, referenciado en las variables de la espacialidad, las tecnologías, la producción y el trabajo como ejes de arraigo y consolidación sustentable de la población en una mirada fuertemente localizada.

Este proceso de consolidación necesita la mirada crítica de las experiencias previas. Algunos de estos dispositivos constituidos produjeron una intensa actividad en los sectores productivos sociales organizados, a través de la ampliación de las fuentes de trabajo, la capacitación en oficios y la generación y fortalecimiento organizacional. Sin embargo, si bien los esfuerzos en capitalización tecnológica han sido de interés, requieren una amplia profundización en su accionar. Se entiende necesario, en pos de asegurar recursos tecnológicos de intervención en hábitat que posibiliten la inclusión del sector, un mayor rango y escalabilidad de las acciones y el incremento de calidad en la producción de hábitat, junto a una mayor amplitud de respuesta al requerimiento técnico. Esto producirá la captación de un mayor flujo económico de las intervenciones y la posibilidad de nuevos esfuerzos de innovación adaptativos y propositivos a las condiciones y características de producción de hábitat requeridas.

En ese sentido de análisis crítico de lo producido, verificamos que una posible mejora requiere la profundización de las políticas públicas con ampliación en los niveles de focalización, que consoliden el acompañamiento del sector científico-tecnológico con una modalidad particular y también singular. Es decir, que potencien prácticas de acompañamiento al sector productivo popular organizado, que incluso lleguen a acciones en términos uno a uno, en casos específicos, en los cuales el clúster organizacional de base sea lo suficientemente amplio y maduro para asegurar una canalización del esfuerzo del Estado para un beneficio directo e indirecto a un amplio sector de trabajadores/as populares. Esto puede verse corporizado en convocatorias del tipo Proyectos de Actualización Tecnológica de la Economía Popular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y también en el Banco de Proyectos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, entre otros. Son parte de las acciones públicas antecedentes a ampliarse y especializarse a fin de lograr mejores y más extendidas respuestas tecnológicas del sector popular. A esta altura de la gestión conjunta y el camino transitado, parece necesario, además de lo mencionado, la búsqueda de nicho y cadena, es decir, establecer focalizaciones no sólo en el área o campo de la innovación y/o actualización tecnológica, sino, de manera eslabonada, en la implementación de niveles según los tipos de entramados productivos de elaboración de hábitat. Las condiciones de base en tanto organización procesual, disposición de medios técnicos, capacidad administrativa, condición económico-financiera, potencialidad asociativa, redes de aprovisionamiento de las organizaciones populares, establecen el andamiaje para el sostenimiento de un proceso de innovación tecnológica de escala diversa y ajustada según tipo de entramado. Este fortalecimiento estratégico será posible en tanto el flujo de demanda se amplíe y formalice, y se siga profundizando el esfuerzo estatal en la inclusión del sector. Requiere un trabajo de co-construcción dialéctica entre el sector popular y el Estado, junto con un consenso contextual que permita profundizar la red asociativa de innovación. En ese escenario, la mejora de la calidad y profundidad de la oferta tecnológica para la transformación del hábitat equivale a una ampliación de la capacidad de participación en las acciones de transformación de los sectores populares, de forma incremental y sostenida, con posibles picos de radicalidad en los procesos de innovación, referidos a condiciones locales de oportunidad, de nicho y cadena, que potencien su materialización.

Cerrando este artículo, queremos retomar una reflexión que entendemos de importancia, en particular desde la mirada disciplinar. Cotejamos que lo descrito y analizado puede asociarse a una visión del diseño social con un aporte singular a esta categoría, a partir de una previsualización o posicionamiento estratégico en el escenario de transformación sociourbana. La atención sobre los artefactos o materialidades, junto con las organizaciones productivas sociales, estrategia fuertemente arraigada en los proyectos de diseño social de los últimos veinte años, se profundiza a partir de la atención sobre las tecnologías contextualizadas; es decir: producto, procesos y organización, junto a la red socioterritorial pertinente. En este artículo, quisimos acentuar, revisar y situar orientaciones estratégicas de incremento tecnológico, pero de manera fuertemente contextualizada en el campo del hábitat popular y con un horizonte de incentivo y traccionamiento de innovación por parte del Estado en sus diversos niveles: nacional, provincial y/o municipal. Para que este perfil proyectual en hábitat popular implique acciones de producción sostenibles en el tiempo, se requiere, entre otras instancias, una mirada conjunta y estratégica de la producción espacial y sociotecnológica. El binomio espacial-social tiene un amplio trayecto recorrido en el campo de la gestión pública, no tanto así el tecnológico-social.

El aporte de la componente tecnológica propone un puente directo con la concepción de trabajo, que, dadas las condiciones actuales de los/as trabajadores/as de la economía popular, es preciso incentivar en el campo de la producción de hábitat del que hablamos. La superación de las condiciones de supervivencia básica y precaria en términos económicos y financieros, de la autoexplotación y explotación del trabajador del campo popular, de la degradación de los cuerpos como condición de base para el desarrollo de la tarea, entre otras problemáticas, creemos tiene un importante aporte con la incorporación programática de este componente, el tecnológico[24], en las acciones de política pública de hábitat para y con los sectores populares.

Los diseños, el proyecto inclusivo, en este enfoque basado en lo productivo y tecnológico contextualizado, trabaja y gestiona sobre la dimensión de lo material, entendiendo al artefacto y espacialidad como parte estratégica del proyecto, como elemento mediador, para el logro de objetivos de contexto, y se vincula al desarrollo de hábitat de calidad y el trabajo con acento en la integración intensiva (en términos tecnológicos) de los sectores productivos populares. También opera en otras dimensiones, quizás las más llamativas o particulares sean la producción de política pública y la gestión estatal. Participantes del diseño social, los/las diseñadores/as se posicionan en una gestión supraproyectual generando las condiciones para el desarrollo. Se constituyen como parte del conjunto de actores del campo público, necesarios para el trazado y puesta en ejercicio de programas de innovación del entramado productivo popular. A su vez, esa concepción de lo proyectual y tecnológico también se transforma y alimenta, reversionando lo disciplinar construido y configurado en y para otros territorios sociales.

Este diseñador o diseñadora de lo público requiere de la incorporación de otras competencias a las proyectadas en la mirada formativa tradicional disciplinar. El diseñador o la diseñadora en acción en el campo de la gestión pública cambia y amplía sus instrumentos para la transformación de la realidad. Dependiendo del estamento (nacional, provincial o municipal), puede que aumente considerablemente la capacidad de transformación social potencial. Los recursos y herramientas divergentes a veces revisten un carácter de mayor mediatización de las acciones, a veces con el armado de bases, programas y resoluciones nacionales y, en otras ocasiones, con proyectos espaciales, arquitectónicos o productos, o gestión de diseño (Escobar, 2017; Manzini, 2015; Margolin, 2014; Doberti, 2014; Galán, 2011; Bernatene, 2008; Leiro, 2006; Doberti y Giorndano, 1996).

Lo analizado en este artículo reviste un aporte a aquellas orientaciones y posicionamientos del diseño social de los últimos 25 años, con inclinación hacia la casuística y la singularidad de la acción proyectual, para pasar, entre otras cosas, a la conformación de plataformas de acción, a la previsualización y conformación de contextos de acción y sus dispositivos posibilitantes. Entendemos que se configura como una respuesta eficaz en pos de la ampliación de la mirada casuística, no porque ésta no sea valiosa y necesaria, sino porque a partir de ella se puede constituir una nueva escala de capacidad de transformación social, vislumbrando un horizonte posible de inclusión social (en el caso puntual analizado, de inclusión social, tecnológica y urbana). Es con el Estado, y a través de la conformación de políticas públicas, que esta ampliación e institucionalización se produce y permite contener prácticas basadas en la ética del bien común, la justicia espacial y la democratización tecnológica ■


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NOTAS

[1]              El presente artículo se produce en el marco del proceso de investigación de doctorado del autor.

[2]              “Área de escasa precisión conceptual que aparece vinculada con una tenaz oposición al ‘salvajismo del mercado’, una cierta vocación militante contra determinadas configuraciones de la sociedad capitalista en el horizonte del siglo XXI, y un intenso voluntarismo dirigido a contrarrestar ‘males’ que atentan contra una idea de ‘armonía social’” (Ledesma, 2013, p. 97).

[3]              La inserción sociolaboral plena es una meta en el campo de los derechos humanos, pero también lo entendemos como un requisito para asegurar que el usufructo del proceso de integración sociourbana se afiance en los sectores populares. “El trabajo es el principal activo del sujeto de hábitat popular urbano y la falta de empleo produce erosión en la capacidad de uso de los demás recursos” (Comas y Márquez, 2017, p. 116). Sin embargo, la definición sobre los significados de trabajo en el contexto dado, su relación con lo laboral, lo entendido por “precario”, en todo caso, son motivo de procesos de reflexión y debate que han estado presentes en este campo en diversos formatos a través, por ejemplo, de la búsqueda de soluciones habitacionales para la población popular. La afectación de la trama de desconexiones sociales, los procesos de estigmatización y figuración negativa del hábitat popular resultan en un contexto de escasa permeabilidad para una acción política simple en el campo sociolaboral (Wilson y Sperber, 2004; Kaztman, 2003; Borja y Castells, 1998). Robert Castel (1997) ya a fines del milenio pasado mencionaba algunos de estos signos: “la representación del desempleo como un fenómeno asimismo atípico, en resumen, irracional, y que se podría erradicar con buena voluntad e imaginación, sin que las cosas cambien, es sin duda una expresión de optimismo también caduco” (p. 406). Según el autor, se necesita un tratamiento integral de la problemática para resolver la desafiliación de los sujetos. En ese contexto, los debates en territorio latinoamericano sobre la acción popular en los procesos de construcción, desde las críticas al modelo llave en mano (Fernández Wagner, 2004) pasando por los intercambios sobre el rol del Estado y las comunidades, autoconstrucción, tipos, entre otros (Pelli, 2007; Harvey, 1989; Pradilla Cobos, 1983; Burgess, 1978; UN HABITAT, 1976; Turner, 1978, 1967; Turner y Fichter, 1972), la dimensión sociolaboral toma también relevancia, aunque en general de manera indirecta. Revisar esta dimensión y algunos de los debates actuales en torno a su rol en la producción del hábitat popular que pueden colaborar con la construcción de estrategias superadoras en este contexto (Senar y Clavell, 2019).

[4]              Nos referimos a las diversas disciplinas enmarcadas bajo esa denominación, es decir, a los diseños: gráfico, industrial, de indumentaria, textil, de imagen y sonido, y del paisaje, entre otros.

[5]              En el que estuvieron inauguralmente académicas como: María Ledesma y Laura Nieto (2020), María Ledesma, (2013), Beatriz Galán (2011), María del Rosario Bernatene (2008; 2006), impulsoras protagónicas en la Argentina y Latinoamérica de esta área proyectual.

[6]              A diferencia del proceso de desarrollo y diversificación disciplinar moderno delineado en el contexto occidental europeo y estadounidense, en el período histórico para el diseño latinoamericano éste acompaña y aporta, colaborando de forma teórico-práctica, al desarrollo disciplinar, en particular en lo que atañe al componente social de los diseños, tanto con sus adaptaciones locales como por la conformación de puntos de vista singulares devenidos de las particularidades del contexto socio-político de la región. El continente profundiza sus debates y construcciones propias, propone críticas a las matrices formativas y sus prácticas en torno a la pertinencia en la acción territorial. Esta particularidad que se produce en el componente social de la disciplina no se circunscribe sólo a él. Si bien excede el contexto de este escrito, podemos apuntar que, con matices, las prácticas en el marco privado/empresarial también demarcan una mirada crítica al modelo externo del modo proyectual, proponiendo revisiones en torno a las características y dinámicas del tejido local productivo y de servicios (Senar, Giménez y Romero, 2020).

[7]              Recomendamos para profundizar Senar, Giménez, y Romero (2020).

[8]              Estas revisiones se dan en paralelo al proceso de resignificación de los marcos teóricos ligados a lo tecnológico y lo social, a partir de la conformación de la línea de pensamiento sociotécnico (Latour, 2005; 2001; 1991; Callon, 1992; Pinch y Bijker, 1987) y los aportes en clave latinoamericana a partir de los Sistemas Tecnológicos Sociales (Picabea, 2017; Thomas y Fresoli, 2009; Dagnino, Thomas y Davyt, 1996). Es importante aclarar que no intentamos sostener que exista una relación directa entre estos acontecimientos, pero sí encontramos pertinente este marco teórico en torno a la acción de las disciplinas proyectuales.

[9]              Desde una perspectiva foucaultiana, el dispositivo es entendido como una red que vincula un conjunto de elementos heterogéneos en un juego de poder (relaciones de influencia mutua) y saber (trama de significados). Constituye una poderosa herramienta para explicar y analizar diferentes aspectos de la realidad. Según Marta Souto, el dispositivo constituye una forma de pensar los modos de acción. Presenta una clara finalidad de provocar cambios y se pone a disposición de quienes lo implementan (Souto, 1999). Félix Guattari (1990) utiliza el concepto dispositivos de producción de subjetividad individual y colectiva, intentando enfatizar la necesidad y posibilidad de construir prácticas que vayan en el sentido de una re-singularización individual y/o colectiva, más no en el de una fabricación mass mediática sinónimo de angustia y desesperación.

[10]             INDEC EPH segundo semestre de 2024 38,1% población bajo la línea de pobreza.

[11]             “Actualmente, el 32% de los hogares de Argentina –4.000.000 hogares– habita en viviendas deficitarias, de acuerdo con las estimaciones del Observatorio Federal Urbano, basadas en datos del censo 2010” (Boix, Di Virgilio, González Redondo, Marco y Murillo, 2023, p. 1).

[12]             Entiéndase a estos como: el sujeto social objetivo directo de estas acciones junto con sus estructuras organizacionales comprometidas: organización socioproductiva, redes asociativas, entre otras.

[13]             Las muestras acerca del estado del arte del sector, en términos tecnológicos, tal vez se puedan sintetizar en las postulaciones de la convocatoria de Proyectos de Actualización Tecnológica de la Economía Popular (PATEP, 2023). El estado de desarrollo de las organizaciones, en particular de la capitalización tecnológica para lograr procesos de calidad y estables en el tiempo sobre los productos y servicios ofrecidos, es aún incipiente en relación con la demanda de producción de hábitat. Otros dispositivos públicos en sentido similar eran: el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, programas de Proyectos Asociativos de Diseño (PAD) y Proyectos de Tecnologías para la Inclusión Social (PROCODAS). En el Ministerio de Producción, el Plan Nacional de Diseño. En el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el Centro de Diseño y el programa de Cadenas de Valor. En el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar.

[14]             Artículo 12.- Las obras a realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio-urbana mencionados en el artículo 6°, inciso 2) de la presente ley, así como cualquier obra a realizarse en los Barrios Populares incluidos en el RENABAP, deberán adjudicarse, como mínimo, en un veinticinco por ciento (25%) a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integrados, preferentemente, por trabajadores que residan en el mismo barrio donde se realicen las obras.

[15]             Se constituye esta normativa en base a acciones previas de gran relevancia, trabajos de acuerdos de organizaciones populares establecidos para la generación de leyes de urbanización como las de Villa 20, Villa 31, Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita, en los cuales se establecieron por actas acuerdos porcentajes de participación de la población del barrio en las obras. Estas experiencias fueron de gran importancia en la generación de consensos y su traslado a los dominios de la gestión a escala municipal inicialmente y luego al estamento nacional.

[16]             Esto puede verificarse en las bases y resoluciones de los programas nacionales de construcción de vivienda: Casa Propia, Construir Futuro RES-2021-6-APN-MDTHY, publicada en el Boletín Oficial el 29 de enero de 2021 y su antecesor, el Programa Federal Argentina Construye RESOL-2020-38-APN-MDTYH, publicada en Boletín Oficial el 23 de junio de 2020. Su participación a través de procesos de licitación no está vedada, en la práctica se observan aún dificultades para la inclusión del entramado productivo social en estos procesos.

[17]             Desarrolladas por la Federación de Cooperativas de Trabajo de Salta Ltda. (Fecotrasa).

[18]             A través de resolución RESOL-2002-16-APN-SH#MDTYH.

[19]             Viviendas con déficit en instalaciones sanitarias, hogares sin descarga de retrete: NOA 18,6% (287.338 unidades habitacionales), NEA 19,6% (302.743 unidades habitacionales) (INDEC, 2010).

[20]             Viviendas con déficit en instalaciones sanitarias, hogares sin descarga de retrete: total país 12,69% (1.544.611 unidades habitacionales) (INDEC, 2010).

[21]             Aunque no era el área núcleo del déficit, contaba con una red socioproductiva para contener el proceso de capitalización tecnológica requerida.

[22]             La producción de vivienda requiere un promedio de 3,5 m2 de equipo solar térmico para la provisión familiar. Esta unidad depende de la cantidad de personas que lo utilizan y la zona de instalación entre otras variables.

[23]             Fuente MdDTyH.

[24]             Consideramos innecesario entrar en el debate sobre la tecnología como un factor que pone en riesgo el empleo, dado que existe una cantidad considerable de fuentes de trabajo en el ámbito del hábitat popular. El enfoque tecnológico-social se basa en la necesidad de preservar y aumentar estas fuentes de empleo. No obstante, reconocemos que este tema puede ser un punto de discusión según la perspectiva de ciertos actores.


SECCIÓN DEBATES
Como parte de la discusión académica, invitamos a debatir con las ideas presentadas en este artículo. Si su contribución respeta las reglas del intercambio académico y comprobamos fehacientemente su procedencia, será publicada en línea sin referato. Puede enviarnos su reflexión aquí.

INFORMACIÓN PARA CITAR ESTE ARTÍCULO:

Senar, Pedro (Noviembre de 2024-Abril de 2025). Política pública, gestión del hábitat y fortalecimiento del componente tecnológico como horizonte programático para el diseño social. [En línea]. AREA, 31(1). https://doi.org/10.62166/area.31.1.3126

Diseñador Industrial y Magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Categoría II del Programa de Categorización Nacional. Profesor Adjunto de la UBA y Jefe de Trabajos Prácticos de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Profesor de maestrías de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Nacional de Cuyo. Es investigador en el Instituto de la Espacialidad Humana de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Dirige y codirige proyectos de investigación, extensión, becarios y tesistas de doctorado y maestría. Conferencista en universidades latinoamericanas. Evaluador nacional, jurado en programas públicos nacionales y Coordinador de la Comisión de Evaluación de Ciencias del Hábitat de la UBA.