La sistematización del arroyo La Cañada en la ciudad de Córdoba (1942-1948). Obras, ideas, significados

Universidad Nacional de Córdoba
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

Introducción [1]

En este trabajo, se entiende por sistematización la compleja obra de infraestructura efectuada sobre el arroyo La Cañada en el tramo que atraviesa el área central de la ciudad de Córdoba, durante la década del cuarenta. La intervención consistió, fundamentalmente, en el reencauzamiento del arroyo, la canalización de su cauce, la ejecución de una avenida a lo largo de todo el tramo con una calzada sobre cada uno de sus márgenes, la construcción de puentes en la intersección del canal con cada una de las calles que en la ciudad corren en sentido este-oeste y el tratamiento paisajístico del arroyo canalizado en términos de paseo urbano. El Proyecto de Sistematización se extendió desde la desembocadura de La Cañada en el río Primero hasta el tramo central de la cuadra comprendida entre las calles Brasil y Perú, ubicándose el primer puente en el cruce del arroyo y la avenida Julio A. Roca, y el último en la intersección de aquel con la avenida Humberto I. La canalización se proyectó a lo largo de un poco más de 2,5 km divididos en 16 tramos –o cuadras– completos, cada uno de longitudes variables resultado de la superposición de la traza curva y diagonal del arroyo sobre la matriz cuadricular de la ciudad.

Si bien existen trabajos sobre La Cañada, la mayoría se centra en el estudio del arroyo antes de la sistematización, poniendo el acento en el proceso de ocupación de sus márgenes, en la singularidad que en términos paisajísticos le otorgaba a la ciudad y en su carácter de territorio de leyendas, mencionando de forma muy somera la transformación ocurrida a partir de 1942 (Garzón, 2006; Barbieri y Boixadós, 2005; Gallardo, 2003; Bustos Argañaras, 1998; Bischoff, 1997). Dos textos abordan la sistematización del arroyo, uno desde la perspectiva de la historia urbanística pero de una manera muy escueta (Foglia y Goytía, 1990) y el otro con un enfoque historiográfico ligado a la geografía urbana (Ahumada y Bettolli, 1989).

En este trabajo se pretende exponer y examinar el proyecto y la ejecución de la obra de sistematización, para luego, a partir de tal mirada detectar en ellos ciertas estructuras de sentidos que los vinculen con determinadas tramas –no todas– del tejido político-cultural de la época y con determinados saberes estrictamente disciplinares. El material obrante en el archivo de la Dirección General de Hidráulica de Córdoba (DGHC) y la propia obra, aún vigente, han sido las fuentes primarias para la investigación. El primer apartado presenta las condiciones de emergencia del proyecto y una crónica de las obras, lo que conduce a una lectura de la modernización del Estado provincial y sus desfases temporales; en el segundo se interpretan los conceptos utilizados en el legajo de proyecto, haciendo surgir ciertas relaciones entre este y la tardía, dificultosa y ambigua constitución del Urbanismo como disciplina en Córdoba. El apartado final reseña aquello que de innovador tiene la obra –incluyendo la arquitectura que la acompaña–, aspecto desde el cual se ilumina la transformación operada en el componente simbólico de La Cañada.

El tramo del arroyo que es objeto de este estudio es el último de un curso de agua más extenso, el que a su vez forma parte de la denominada cuenca La Lagunilla-La Cañada, teniendo esta la forma de un cono cuyo vértice se encuentra en la zona central de la ciudad. Estudios hidrológicos caracterizan la cuenca como un sistema capaz de generar crecientes repentinas y muy voluminosas, consecuencia de la combinación de una serie de factores geográficos y climáticos (AA.VV., 2014). Si bien este tipo de eventos ocurre con una frecuencia estimada entre 8 y 11 años, los registros de crecidas excepcionales por los daños ocasionados en la ciudad corresponden a las ocurridas en 1622, 1623, 1628, 1671 y 1733. Tras el evento de 1671 el gobernador Miguel de Peredo ordena la construcción de un muro de defensa sobre el margen este de La Cañada (Bustos Argañarás, 2017, pp. 75-81), que se conoció tradicionalmente como el calicanto [2]. Los aluviones que tienen lugar en 1890 y en 1911 son estudiados por comisiones de expertos, elaborando informes sustentados en los avances de la hidrología a nivel local (Urciolo, 1939). La crecida ocurrida el 15 de enero de 1939 –que ocasionó la muerte de dos ciudadanos, numerosos heridos y cuantiosas pérdidas materiales [3]– será la que conduzca a la decisión de intervenir el cauce del arroyo en búsqueda de una solución definitiva.

Las decisiones y las obras.
Los (des)tiempos de la política

En el mismo mes de enero de 1939 la DGHC [4], eleva un informe sobre el fenómeno al Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba (MOP) –de quien depende–, con el objetivo fundamental de determinar y analizar sus causas (Urciolo, 1939), considerándolas un conocimiento ineludible a la hora de proyectar soluciones que eviten la repetición de un episodio similar [5]. En el texto se cuantifica el agua caída sobre la superficie completa de la cuenca, el gasto máximo en dos puntos del cauce, el volumen total de agua escurrida durante el evento y la duración exacta del fenómeno, comparando además toda esta información con la vertida en los reportes de 1890 y 1911 [6].

A partir de estos y otros datos objetivos el informe determina que “la causa de la inundación en la ciudad consiste en la desproporción entre la magnitud de la crecida y la capacidad de la evacuación del cauce” (Urciolo, 1939, p. 4), señalando que el progresivo estrechamiento del mismo obedece a dos motivos fundamentales: la multiplicación de edificaciones particulares que avanzan sobre los márgenes y la construcción de numerosos puentes vados en las calles que lo atraviesan, llegando a determinar que ya en 1890 el cauce había perdido un tercio de su sección primitiva. A esta situación se suma, en el diagnóstico, la carencia de un sistema de desagües urbanos eficiente.

El informe finaliza con una serie de recomendaciones sobre cómo actuar en función de evitar a futuro catástrofes como la ocurrida, a las que divide en dos categorías. Las de carácter inmediato refieren a la necesidad de limpiar y regularizar el cauce y conservar el calibre de la embocadura de los puentes; formular una ordenanza de edificación para las construcciones sobre el arroyo y, finalmente, a una escala que excede lo urbano, desviar el aporte de agua de ciertos sectores de la cuenca hacia otros desagües naturales. Antes de proponer alternativas para una solución de carácter definitivo al asunto, señala que es condición fundamental comprender que cualquier acción sobre La Cañada no puede sino pensarse como una parte de un sistema mayor que es el de los desagües de la ciudad, el que debe ser proyectado de una forma integral.

Luego de esta aclaración se ponderan las tres propuestas planteadas por la comisión que estudió la inundación de 1911 (Urciolo, 1939, p. 4): construir diques reguladores aguas arriba para controlar el caudal de arroyo; ensanchar el cauce actual de acuerdo a mediciones hidrológicas recientes y científicamente cotejadas para asegurar la evacuación de las crecientes; o desviarlo en un punto situado aproximadamente 5 km al sur del puente sobre la avenida Pueyrredón –o sea antes de ingresar a la ciudad–, construyendo un canal con un recorrido paralelo al del ferrocarril a Malagueño que desaguaría en un afluente del río Primero a la altura de barrio San Vicente. El informe de 1939 descarta de plano la primera alternativa y plantea serias objeciones a la tercera, lo cual posiciona tácitamente la segunda opción como la más viable; más allá de aclarar que antes de tomar una decisión es necesario un estudio más profundo de la cuenca y de las tres propuestas con relación al actual contexto económico de la provincia y a las herramientas científico-tecnológicas con las que cuenta el medio local (Urciolo, 1939, p. 5). 

A comienzos de 1942 se actualizan los datos hidrológicos de la cuenca y se releva toda su superficie, incluyendo a la ciudad de Córdoba. A partir de esa información, la DGHC desarrolla el Proyecto de Sistematización del arroyo y lo eleva al ministro de Obras Públicas, el Ingeniero Héctor Bobone, el 26 de agosto de 1942, acompañándolo con una nota que oficia como una suerte de memoria (DGHC, 1942) en la que se describe someramente el proyecto y se fundamentan ciertas decisiones [7]. En esta se consignan los rasgos más generales de la obra proyectada –un canal de sección trapezoidal de 2.631,97 m de largo por 14,80 m de ancho en la base y 16 m en la parte superior, de 3,60 m de profundidad contada desde el lecho hasta el inicio de la estructura de la baranda, bordeado a cada margen por una arteria vehicular que en conjunto configuran una avenida de 40 m de calibre, acompañada de 17 puentes de hormigón armado–; se comunica el presupuesto estimado –$ 5.675.835,60 m/n en total, correspondiendo $ 2.667.835,60 m/n a las obras y $ 3.008.000,00 m/n a las expropiaciones–, y se expresan los fundamentos técnicos de la solución elegida.

En este último ítem, los autores del proyecto retoman las propuestas cotejadas en el informe que la misma repartición hiciera en enero de 1939, descartando nuevamente la intervención en la cuenca antes del ingreso del arroyo en la ciudad y la desviación –total o parcial, a cielo abierto o entubado– del cauce dentro de la trama urbana. Así:

3. Ensanche del cauce actual: aparece a nuestro juicio como la solución más racional siempre que el ensanche dé al cauce una capacidad suficiente para las máximas crecidas previsibles y las inversiones no fueran demasiado grandes.
Del estudio realizado por esta dirección ha resultado que este tipo de obra no importará mayores erogaciones que cualquier otro que hemos visto anteriormente y permitirá además como ya lo hemos dicho, incorporar a la ciudad una nueva y hermosa arteria para el tránsito (DGHC, 1942, p. 11).

De acuerdo con lo expresado, el canal se dimensiona para evacuar 9 hm³ de agua llovida (el doble del volumen del fenómeno de enero de 1939, el mayor registrado hasta ese momento) sin inconvenientes.

El 3 de marzo de 1943 el gobernador Santiago Del Castillo firma el Decreto N° 28325 Serie “C”, aprobando el proyecto y presupuesto elaborado por la DGHC. La parábola descrita entre la inundación de enero de 1939 y la aprobación del proyecto por el poder ejecutivo se inserta en el segundo tramo del período sabattinista, iniciado en mayo de 1936 con la llegada de Amadeo Sabattini al gobierno provincial. Las gestiones de los gobernadores Sabattini y Del Castillo –pertenecientes al radicalismo irigoyenista intransigente y con una vinculación fluida con la intelectualidad reformista cordobesa de 1918– se desarrollan al tiempo que el justismo perfecciona y extiende el mecanismo del fraude electoral desde el gobierno nacional, restringiendo aún más un ya menguado federalismo (Macor, 2001, p. 68). Lo antes dicho supone para Córdoba una situación de aislamiento político casi total, convertida en una suerte de isla en la que las instituciones de la democracia se han puesto a salvo, hostigada permanentemente por el gobierno central y rodeada por otros distritos provinciales de importante gravitación nacional en los que se desarrollan programas ideológicos claramente divergentes.  

Teniendo la defensa de la autonomía provincial como eje central, el programa ideológico del sabattinismo concibe al Estado moderno ligado a tres principios nodales: la libertad –como condición indispensable para la democracia–, la justicia y el desarrollo social. Estado y sociedad tienen, para el sabattinismo, una relación muy estrecha, en tanto es el cuerpo social el que lo constituye y lo controla, y a su vez es el Estado quien debe garantizar las condiciones para que tal fenómeno suceda e intervenir permanentemente para satisfacer las demandas sociales. A partir de esta premisa Sabattini y Del Castillo diseñan un Estado asistencialista y garante de los derechos sociales –educación, salud, trabajo– (Philp, 1998), asignándole a la obra pública el rol de motorizadora del progreso de la provincia al generar condiciones materiales de bienestar y crear fuentes de trabajo. En el marco de tal pensamiento debe situarse la creación de la DGHC en 1938 [8], concebida como una de las nuevas dependencias técnicas del Estado encargada, en este caso, de modernizar tanto al campo –por medio de la construcción de diques para riego y producción de energía eléctrica– como a los centros urbanos –en términos de higiene y salubridad–; en este último grupo debe situarse la sistematización de La Cañada.

Del estudio del legajo gráfico de la sistematización puede deducirse una secuencia de avance en el desarrollo del proyecto y la ejecución de las obras, que puede sintetizarse en los siguientes grandes trazos. En 1944 se elabora un plan de avances de los trabajos desde julio de ese año hasta febrero de 1946, acompañado de un plano general de la intervención y las etapas propuestas en su concreción [9]. Durante 1942 y 1945 se diseñan las que probablemente sean las piezas más complejas del conjunto, los puentes, desarrollando soluciones tipo para grupos de similares requerimientos y otras particulares para aquellos que por ciertas circunstancias exigían adecuaciones. También en 1944 la delegación Córdoba de Obras Sanitarias de la Nación elabora dos proyectos que acompañan la sistematización de La Cañada: el primero para la ampliación de la red de provisión de agua corriente en el área intervenida, y el segundo para la ampliación de la red de colectoras cloacales en el mismo sector.

En 1947 se proyecta la pavimentación de las dos arterias laterales al canal y la instalación para la provisión de energía eléctrica al sistema de la iluminación de las aceras. Ambas acciones demandan la elaboración de numerosos planos de detalles de distinta naturaleza, que incluyen soluciones en hormigón sin armar para ciertos tramos, el estudio de desagües pluviales, la forestación, el diseño de luminarias, entre otros. Durante 1948 se elabora un proyecto de urbanización de la desembocadura del arroyo en el río, se proyecta una fuente conmemorativa sobre el pequeño resto del muro de calicanto del siglo XVII que aún se conserva y se desarrolla una solución especial para solucionar el problema de desnivel entre la calzada y la vereda en el tramo comprendido entre bulevar San Juan y Duarte Quirós; son estas las últimas acciones que completan la intervención.

Tres meses después de la firma del decreto de aprobación del legajo de proyecto y del presupuesto por parte del gobernador Del Castillo, la revolución del 4 de junio de 1943 depone al gobierno constitucional e interviene la provincia, paralizando la ejecución de los primeros trabajos; las obras serán formalmente iniciadas recién el 4 de julio de 1944, en un acto celebrado en la intersección del arroyo con la avenida Colón y con la presencia del presidente de la nación, el general Farrell (diario Los Principios, 3 de julio de 1944). Para 1946, las obras están muy avanzadas, por lo que se puede afirmar que el grueso de la sistematización, una operación de definida modernización de la estructura urbana se lleva a cabo durante un gobierno que ha suprimido la ciudadanía política, significando esto último, en términos de modernización de las instituciones de gobierno y del Estado, una clara regresión. Entre 1947 y 1948 la sistematización se completa, período en el que el ejecutivo provincial está nuevamente intervenido por el gobierno nacional –constitucional pero fuertemente centralista– de Juan Domingo Perón, cuyo proyecto de un Estado benefactor ya ha sido ensayado por el sabattinismo a escala local a partir de 1936 (Philp, 1998, p. 14).   

Regularizar, sistematizar, urbanizar. La necesidad de un Plan

La decisión de optar por la solución de la canalización a cielo abierto que finalmente se ejecuta responde a la acción de ponderar variables económicas –la alternativa resultaría la menor erogación para el Estado–, de eficiencia y seguridad, y estéticas:

El proyecto elevado […] es el fruto de un concienzudo análisis de los distintos aspectos del problema en procura de obtener, dentro de la máxima economía, el máximo de seguridad y de conveniencias de todo orden para la ciudad, sin apartarse ni modificar esencialmente su aspecto tradicional. Es así como entre las causas que más han influido sobre la elección del tipo de obra, figura el propósito de convertir a La Cañada, en un factor de embellecimiento para Córdoba.
Entre las soluciones posibles, esta dirección ha estimado la más conveniente, aquella que conservando el trazado del cauce histórico del arroyo, lo transforma en otro capaz de admitir las máximas crecidas, dentro de una hermosa y amplia avenida que facilitará el descongestionamiento del tránsito, necesidad reclamada impostergablemente por el crecimiento de la ciudad (DGHC, 1942, p. 1).

Para definir el conjunto de acciones que sobre La Cañada deben realizarse –y que finalmente se ejecutarán a partir de 1944–, los técnicos de la DGHC recurren a una serie de nociones cuyos significados es necesario precisar dentro del contexto en el que se los utiliza. Las nociones de sistematizar y regularizar aparecen por primera vez en el  referido informe de Urciolo de enero 1939: la primera en tanto comprenderla como una pieza que integra un todo –la ciudad en primer término, su sistema de desagües en segundo– y que a su vez está constituida por otras partes –el cauce, sus bordes edificados, los puentes, entre otros–; la segunda en términos de someter al orden cartesiano que caracteriza a la traza de Córdoba a uno de los elementos del soporte natural cuya existencia precedía a la instalación de la ciudad y que no se había ajustado a su matriz cuadricular.

Algunos de los primeros planos en los que se representa el proyecto general llevan por título Canalización y urbanización de La Cañada, lo que expresa la voluntad y la decisión de los responsables de la obra de integrar al arroyo a la ciudad –de la que innegablemente formaba parte–, de asumirlo como una pieza más de su estructura en términos funcionales. En este sentido, urbanizar puede entenderse como sinónimo de modernizar, en tanto proceso de transformación del tradicional arroyo en un moderno elemento de la estructura urbana que actúa eficientemente y de forma simultánea como desagüe, avenida de tránsito vehicular y paseo, al tiempo que vincula –y no separa, como hasta entonces– el centro de la ciudad con su extensión hacia el oeste. De la cita que se incluye en el primer párrafo de este apartado —y más allá de la insistencia en conservar el trazado del cauce histórico y el aspecto tradicional del curso de agua [10]— se infiere que en la mentalidad de los profesionales insertos en las oficinas técnicas del Estado, el vínculo entre tradición y modernización replica al que tiñe a los intelectuales mediterráneos: una relación dialéctica y no exclusiva, en la cual los límites se difuminan y se redibujan permanentemente, los opuestos coexisten, se entremezclan e incluso se potencian y estimulan recíprocamente (Agüero y García, 2010, p. 20).

Urbanizar significa además integrar a la sociedad, dotar de buenos modos, adecentar, a un segmento de la población de la ciudad que, asentada sobre los bordes del arroyo –fundamentalmente en el tramo sur– vivía en condiciones de absoluta marginalidad. En el resto de la vastísima documentación gráfica sobre el proyecto, cada plano lleva por título principal Sistematización del Arroyo La Cañada, lo que evidencia que bajo esa lógica se ha comprendido el proyecto; o sea la de ordenar jerárquicamente una serie de elementos –distintos entre sí pero que configuran una potencial unidad– para lograr una máxima eficiencia funcional y una coherencia formal.

Entre 1928 y mediados de la década del cuarenta, el urbanismo se consolida como una disciplina relativamente autónoma en la Argentina (Rigotti, 2014), teniendo a Buenos Aires y Rosario como centros de irradiación de un saber que progresivamente se va profesionalizando, a la vez que se actualiza mediante la circulación de manuales de especialistas extranjeros y la visita de urbanistas europeos. Durante las décadas del treinta y cuarenta, en el campo del urbanismo en nuestro país pueden reconocerse tres líneas o perfiles disciplinares (Novick, 2004), con límites no del todo precisos, dentro de las cuales se mueven con total soltura los mismos profesionales. Una primera facción adhiere a la premisa de la estética urbana y el embellecimiento, claramente heredera del movimiento City Beautiful. Una segunda línea aboga por un urbanismo científico de raíces culturales y tecnocráticas, que pone el acento en la higiene, la salubridad y la circulación eficiente entre otros aspectos de lo urbano, sobre los que es posible actuar luego de la formulación de diagnósticos exhaustivos. Finalmente, la temprana divulgación de las ideas del CIAM aglutina a otro grupo de profesionales bajo una concepción progresista del urbanismo, sustentada en las nociones de zonificación y eficiencia funcional.

El Primer Congreso Argentino de Urbanismo (PCAU), realizado en Buenos Aires en 1935, oficia como la consagración de la disciplina en el país e instituye al Plan Regulador como su exclusivo instrumento operativo, que será requerido por las ciudades más importantes. La transferencia de las ideas mencionadas en el párrafo anterior hacia el ámbito cordobés se produce a través de profesionales independientes –solo el arquitecto cordobés Jaime Roca, graduado en la Universidad de Michigan y radicado en la capital mediterránea a partir de 1927, participa como conferencista en el PCAU (Revista de Arquitectura, 1935b, p. 483), mientras que ni el gobierno provincial ni el municipal envían un stand a la exposición y el concurso que acompañan el evento (Revista de Arquitectura, 1935a, p. 529)–, de la acción de ciertas asociaciones de graduados, de la difusión de textos y revistas, o por la directa contratación de especialistas foráneos. En este último caso, el primer registro de un plan integral para la ciudad data de 1927, encargado por el intendente Emilio Olmos al ingeniero agrónomo porteño Benito J. Carrasco [11]. En su proyecto, Carrasco califica La Cañada como “el foco más grande de infección que tiene la ciudad” (1927, p. 68), y propone entubarla desde su paso frente al Hospital de Tuberculosos hasta su desembocadura en el río Suquía, o sea a lo largo de aproximadamente 3.500 m, trazando sobre el conducto subterráneo un bulevar que remata en el proyectado Palacio de Justicia.

Descontado el mencionado antecedente, el Proyecto de Sistematización de La Cañada elaborado por la DGHC no forma parte de un plan general para la ciudad que aborde la totalidad de la estructura urbana, y en el cuerpo profesional esto ya se observa como una carencia para una ciudad de la escala de Córdoba [12]. En 1944, la Revista de Arquitectura publica en su sección Crónica el siguiente comentario:

SISTEMATIZACIÓN DE LA CAÑADA CORDOBESA
Córdoba
Como se sabe, está en pleno desarrollo la labor de “sistematización” (lindo nombre, ¿no?) de La Cañada, la que consiste en regular el cauce que atraviesa la bella y docta capital mediterránea de norte a sur aprovechando para hacer de él un parque longitudinal de acuerdo con los modernos consejos del urbanismo; […]
Así, Córdoba agregará a su hermosa plaza central, a sus opulentas avenidas recién ensanchadas, a su zoo y sus incontables magníficas iglesias, un nuevo adorno urbano, “sistematizado”. Solo cabe pensar ahora si será posible “sistematizar” no una parte sino toda la ciudad; y quien será el “sistematizador” que la “sistematizará” (p. 485, énfasis en el original).

Más allá del juego de palabras en torno al concepto de sistematización y del tono irónico, el comentario es una clara demanda sobre la necesidad de un proyecto integral para la ciudad pensado a partir de los métodos de urbanismo, disciplina cuya constitución en Córdoba se tensa en la ya mencionada dialéctica entre tradición y modernización, Así, en el mismo 1944 se actualiza el plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de la UNC, incluyendo Urbanismo como asignatura; mientras Saúl Taborda –tal vez uno de los más influyentes intelectuales de la época en el medio local y directamente vinculado a la gestión de Del Castillo— escribe un durísimo ataque a la nueva ciencia, desconociendo su estatus como disciplina y denostando a los profesionales que la ejercen (Taborda, 2011, p. 222). 

La iniciativa de intervenir el arroyo surge entonces como la solución definitiva de un problema de larga data, y si bien modifica radicalmente varios elementos del componente material de la ciudad, su alcance es sectorial. En la concepción de la sistematización pueden rastrearse una serie de aportes teóricos y de modelos de intervención de diversa procedencia e incluso de distintos momentos, que se aplican con relativo retraso. La transferencia de las nociones de un urbanismo científico se verifica en el carácter sanitarista aplicado a la sistematización entendida como pieza fundamental del drenaje urbano. En su diseño se ponen en juego una serie de datos racionalizados y normalizados –aportados fundamentalmente por la hidrología en términos de modernas mediciones pluviométricas– que representan una novedad para la época. A su vez, las avenidas de circulación vehicular construidas a lo largo del recorrido se calibran de acuerdo con expectativas de tránsito futuras, actitud que privilegia un incipiente funcionalismo aplicado a la urbanística. La lección del movimiento City Beautiful, ya presente en la propuesta de Carrasco, es claramente observable en la operación de embellecimiento del canal para convertirlo en un paseo.

Un corredor moderno. La trasformación del paisaje y sus significados

El primer rasgo del Proyecto de Sistematización a observar es, entonces, la modificación del curso del arroyo, que se rectifica desde la embocadura del canal hasta la desembocadura con el objetivo de regularizar su traza y hacerlo coincidir –al menos en el tramo inicial y en el final– con la trama ortogonal de la ciudad. Tal decisión sobre el trayecto de La Cañada, que altera el amanzanamiento y el parcelario, está fuertemente relacionada a la solución técnico-constructiva adoptada y a la decisión de acompañarlo por una avenida pensada como una arteria estructurante del tránsito vehicular.

Al enfocar la mirada sobre el primero de los aspectos mencionados, pueden distinguirse dos situaciones claramente distintas: los tramos y los puentes vehiculares. El lecho del canal está construido, en toda su extensión, por una platea de hormigón armado de 20 cm de espesor. Los laterales están conformados por muros de contención por gravedad, materializados con un tabique de hormigón simple cuya sección trapezoidal se engrosa hasta tomar la dimensión del dado de fundación, dimensionado para resistir empujes laterales en ambos sentidos.  El muro de piedra calcárea labrada que reviste el interior del canal actúa a su vez como un encofrado perdido hasta la cota del nivel de piso de la vereda.

Los puentes, cuyo diseño y cálculo estructural están a cargo de los ingenieros Rogelio Álvarez, Eduardo Camisa Tecco y Miguel Souberan, responden a una tecnología común de tableros de hormigón armado, hormigonados en conjunto con los tabiques laterales de apoyo. A tales efectos tienen sus bases con apoyo inclinado, para contrarrestar las solicitaciones derivadas de los empujes laterales del terreno. Cada uno de los 17 puentes consiste, aparentemente, en un pórtico soportado por estribos laterales que, situados en ambos extremos del mismo, sostienen los terraplenes de tierra que conducen al puente. Estos estribos resisten, además de la superestructura –tablero, barandas, capa de rodamiento, entre otros–, los empujes horizontales antes mencionados, con lo que actúan además como muros de contención. No obstante, a partir del estudio de la documentación técnica y de la observación in situ de la obra, determinar el comportamiento estructural de los puentes resulta aún un asunto problemático, en tanto podría tratarse de arcos biarticulados o estructuras aporticadas [13].

En 1944, mientras se ejecutan las obras proyectadas, se elabora un decreto-ordenanza para normar la edificación sobre la nueva avenida que acompañaba al canal. El autor es el arquitecto Julio Otaola [14], quien se desempeña como Comisionado Municipal de la ciudad de Córdoba entre 1944 y 1945, designado por el Interventor Federal, general Alberto Guglielmone. Otaola enfrenta el desafío de normar la edilicia de un proyecto complejo del cual no ha sido autor, en una ciudad que le resulta claramente ajena. En términos generales, la norma establece un retiro obligatorio de 3 m desde la línea de edificación, determina alturas mínimas para las construcciones de 15 m en el tramo central y de 8 m en los extremos y prohíbe la instalación de edificios industriales en todo el trayecto, privilegiando los usos institucionales, residenciales y comerciales. El decreto-ordenanza de Otaola está a tono con la noción de sistematización que rige el proyecto de transformación del arroyo desde su formulación, incorporando al conjunto de piezas ordenadas el único elemento aún no contemplado: la arquitectura.

La resultante edificada sobre los márgenes de La Cañada durante las décadas inmediatamente posteriores a su sistematización responde en gran medida a ese marco regulatorio. El decreto-ordenanza de 1944 apunta a promover la conformación de un corredor de gran envergadura para los estándares de la época –dimensionado a partir de una relación escalar entre las alturas exigidas y el calibre del canal y sus avenidas laterales–, semejante a la avenida Colón, ensanchada hacia su frente norte a fines de la década del veinte. Al tiempo que se terminan las obras de la sistematización, comienzan a elevarse tímidamente sobre las arterias que acompañan al canal –que ofrecían una oportunidad única para ensayar nuevas piezas edilicias con aires modernizadores en tanto sus bordes estaban literalmente vacíos– edificios de planta baja y entre dos y cuatro pisos por encima de ese zócalo. 

La construcción del Palacio Municipal 6 de Julio sobre la margen oeste representa un hito en el proceso de transferencia y traducción de nuevos lenguajes arquitectónicos al medio local [15], al tiempo que desafía al campo profesional cordobés en términos de experimentación proyectual. Así, a lo largo de la década del cincuenta y comienzos de la siguiente se levantan sobre ambos bordes de La Cañada una serie de edificaciones a la manera de modestos rascacielos que se expresan de acuerdo con los postulados de un persistente Estilo Internacional, el mismo que impregna buena parte de lo publicado en las revistas especializadas de circulación local.

La norma que regula la edilicia sobre La Cañada condiciona fundamentalmente la imagen requerida para el sector, al determinar alturas, retiros y usos del suelo. Las piezas arquitectónicas más innovadoras se construyen en grandes parcelas –una manzana completa para el Palacio Municipal (López, 2017) o la mitad de otra para la sede de la propia DGHC, de 1956–, creadas a partir de la sistematización. La forma y superficie de ciertos lotes remanentes del proceso de expropiación conducen a proyectos que comprometen la configuración formal en pos de un máximo rendimiento en términos de superficie habitable. En el resto la ocupación se produce a partir de la construcción de torres cada vez más altas, en tanto la canalización del arroyo mejora incluso las condiciones del suelo para soportar fundaciones que sostuvieran estructuras independientes de altura considerable y grandes luces.

La progresiva construcción de la imagen moderna de la avenida, heterogénea en tanto consistirá en la sumatoria de aportes de particulares que, si bien observan limitaciones según la norma de 1944 no tienen ningún requerimiento estilístico o formal, contrasta con el nuevo aspecto del arroyo, homogénea y unitaria en toda su extensión. Tal cuestión, sin embargo, es valorada de una forma ambigua –o definitivamente negativa– por parte de determinados círculos intelectuales y por algunos sectores de la prensa. La monotonía aparece para ellos como la cualidad aberrante en la construcción del paisaje por la cual han optado los técnicos de la DGHC, en contraste con la variedad y riqueza de panoramas que ofrecía el antiguo cauce (Barbieri y Boixadós, 2005). La inminente desaparición de la vieja cañada como elemento central del paisaje del barrio del Abrojal motiva a un grupo de artistas cordobeses –nucleados en una asociación denominada Taller Unión de Plásticos (TUP)– a organizar entre octubre y diciembre de 1943 una serie de acciones consistentes en visitas colectivas al sector para registrar en dibujos, pinturas y grabados el tradicional aspecto del arroyo (Alderete, 2017). En las Invasiones a La Cañada –tal es el nombre que el TUP les da a sus excursiones– el objetivo de documentar una realidad a punto de desaparecer se complementa con su aparente antagonista: la denuncia de la parálisis de la ejecución del proyecto por parte del gobierno de la intervención federal, que lentamente avanzaba en el proceso de negociación de las expropiaciones.

La acción de los artistas pone en evidencia una cuestión más profunda: la transformación de uno de los espacios que en el imaginario de la ciudad tiene y ha tenido una enorme carga simbólica. Si durante la época colonial La Cañada se asocia a las nociones de amenaza, destrucción y muerte, a fines del siglo XIX se suma una valoración romántica del arroyo que rescata la idea de una naturaleza prístina frente al avance civilizador de lo urbano. En las primeras décadas del siglo XX, el significado de La Cañada se transforma en la mentalidad de los cordobeses, producto de la ocupación casi completa de sus bordes y de la conformación de El Abrojal sobre el tramo sur, un arrabal muy dinámico –donde se mixturan inmigrantes europeos con grupos provenientes del interior rural– pero que escapa al control de la ciudad formal, operando casi como su contracara. Ya para la década del cuarenta el arroyo opera como la frontera entre el casco central y su extensión hacia el oeste, a la vez que se consolida en el imaginario popular como el borde entre el núcleo culto y el suburbio marginal, entre la racionalidad y el mito, en la zanja que separa los valores tradicionales de las elites mediterráneas de la bohemia y el libertinaje de las orillas. Es un lugar fascinante y al mismo tiempo prohibido, plagado de leyendas y habitado por personajes imaginarios y hostiles que se retratan como aparecidos, un sitio en el que el movimiento del agua y las arboledas expresan a una comunidad en transformación, pero en el cual también anidan el peligro y la muerte, no solo para quienes se aventuren en su territorio, sino para la ciudad toda en tanto, de un momento a otro, puede abalanzarse sobre ella y arrasarla.

La transformación programada del antiguo zanjón en un paseo verde e iluminado en el que el canal de hormigón está acompañado de una gran avenida divide la relación que los cordobeses tienen con La Cañada en términos simbólicos. Mientras que para la elite gobernante y los círculos profesionales ligados a las ciencias de la naturaleza la sistematización se percibe como un gesto modernizador que se ofrece al disfrute de los ciudadanos como sinónimo de orden, racionalidad e higiene; para otros sectores intelectuales será asociada a la idea de una modernidad destructiva de los valores sobre los que se funda una pretendida identidad tradicional de la capital mediterránea. Es interesante observar, con relación a esto, que el carácter evidentemente moderno de la operación contrasta con algunos elementos que configuran la imagen final del paseo –el uso de la piedra rústicamente acabada como único revestimiento que cubría todos los elementos visibles, ciertas formas en barandas y ornamentos, el perfil clasicista de las farolas–, lo que habla de la intención de morigerar el impacto a través de la introducción de referencias reconocibles en el ámbito local.

Comentarios al cierre

La lectura del proyecto y la obra de la sistematización de La Cañada permite seguir ciertas tramas que, interconectadas entre sí, la ubican en una malla de sentidos que se alumbra desde el caso. La decisión de dar solución a un problema largamente postergado en la ciudad es asumida por el gobierno provincial cuando, a partir de haber actualizado sus estructuras internas, cuenta con los recursos humanos, técnicos y administrativos necesarios para abordar una operación de semejante índole. La intervención del arroyo se configura como un servicio que, en términos sanitaristas, el Estado brinda a sus ciudadanos en función de satisfacer, más que una demanda, un derecho. La gestión de lo público signada por una ética de la transparencia, el asistencialismo estatal y la observación de las normas de la democracia caracterizan el proceso de modernización del Estado que el sabattinismo emprende desde 1936 (Tcach, 1999, p. 39); así, la intervención de La Cañada puede interpretarse como una de las expresiones más claras, dentro de forma física de la ciudad, de las premisas de eficiencia y transparencia que enarbola el gobierno provincial. Sin embargo, la totalidad de la obra se ejecuta cuando en Córdoba se ha suprimido la ciudadanía política, contradicción que se observa también en otros campos y sirve de verificación local, tanto del carácter no uniforme de los procesos de modernización en las provincias (Müller, 2011, p. 13), signados por avances y retrocesos simultáneos en distintos espacios culturales y en diferentes esferas de lo sociopolítico; como de la presunción de que en muchos casos las transformaciones operadas en el artefacto-ciudad se distancian de  los cambios ocurridos en la compleja trama de instituciones que la habitan, no habiendo siempre entre ambas un vínculo directo, lineal, transparente y, mucho menos, inmediato.

Más allá de que el concepto de urbanizar está presente en el discurso de los diseñadores del proyecto, los saberes del Urbanismo aparecen retaceados e incluso aplicados de una manera intuitiva o empírica, en tanto no intervienen en la constitución del cuerpo técnico de la DPHC urbanistas de profesión. Así, la sistematización de La Cañada aparece como la solución de un problema situado más en el campo de la Higiene y de la Ingeniería Hidráulica –el concepto de sistema es propio de esta en ese período– que en el del Urbanismo. La presencia de Julio Otaola a partir de 1944 –cuando el proyecto ya ha sido desarrollado y comienza a ejecutarse– y su diseño de la norma edilicia para los bordes de las avenidas implica el primer aporte del urbanismo al conjunto, en un momento en el que tal disciplina, promovida y resistida a la vez por distintos sectores locales, se institucionaliza con dificultades en Córdoba, retrasada en este aspecto con relación a los núcleos académicos del litoral del país.

La Cañada, una poderosa pieza de la estructura urbana de la ciudad de Córdoba que reviste el particular carácter de reunir naturaleza y artificio, es un objeto material que indudablemente evoca, designa, representa a otros objetos o ideas. Como muchos símbolos, La Cañada ha transformado su significado a lo largo del tiempo; y estas transformaciones, en buena medida, han acompañado o han sido consecuencia de las alteraciones ocurridas en su cauce, en las construcciones que lo rodean, en la configuración de sectores urbanos inmediatos y en los segmentos sociales que los ocuparon. La sistematización objeto de este artículo es quizás uno de esos momentos en los cuales el significado del arroyo se transformó drásticamente en el lapso de seis años. Si una primera lectura permite afirmar que aquellos significados ligados a lo tradicional son reemplazados por otros vinculados a lo moderno, una observación más precisa de una serie de decisiones proyectuales relativiza tal aseveración y conduce a especular con el supuesto de que la sistematización de La Cañada interconecta tales opuestos y finalmente expresa una modernización que, si bien no debería adjetivarse, es propia de una ciudad de frontera, como repetidamente se ha caracterizado a Córdoba (Crespo, 1999) ■

REFERENCIAS

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Notas

1.   El artículo constituye un avance de la tesis de doctorado en curso: “La antigua capital de una moderna isla democrática. Innovaciones, resistencias y contradicciones en los procesos de modernización urbanística de la ciudad de Córdoba entre 1936 y 1947”, Doctorado en Arquitectura, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). A su vez, recoge una serie de datos y conocimientos obtenidos durante el desarrollo de dos proyectos de investigación financiados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigidos por el autor. (Volver)

2.   El término calicanto alude a un tipo particular de mampostería utilizado en la construcción en Córdoba, asentando grandes bloques de piedra sin tallar extraídos del lecho del río (cantos, de formas redondeadas) con morteros de cal. El muro de 1671 en realidad es el segundo construido con la función de contener los desbordes de La Cañada; el primero se edifica en el mismo sitio luego del episodio de 1622 pero su precariedad lo tornó obsoleto rápidamente. (Volver)

3.   La prensa local estima las pérdidas materiales en más de $10 millo-
nes m/n, cifra que, como se verá más adelante, casi duplica el presupuesto de las obras de sistematización (incluido el monto destinado a las expropiaciones) que se elevará junto al proyecto a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en 1942. (Volver)

4.   Durante las gobernaciones de Sabattini y Del Castillo, la Intendencia de la ciudad de Córdoba está a cargo de Donato Latella Frías, electo por la Unión Cívica Radical pero opositor en las internas partidarias al sabattinismo (Tcach, 2019, p. 109). Así, el gobierno municipal acompaña la sistematización de La Cañada desde un lugar relativamente secundario. (Volver)

5. Del texto se desprende que el fenómeno de 1939 no ha sido estudiado por una comisión designada ad hoc como ocurrió en las crecidas de 1890 y 1911, sino por profesionales ya integrados a las oficinas del Estado, en este caso aquellos que conforman el cuerpo técnico de la DGHC. (Volver)

6.   Los datos obtenidos coinciden con las mediciones efectuadas en 1911 pero ambos son muy inferiores a los del informe de 1890, que se juzgan definitivamente incorrectos por no haber contado los profesionales de esa época con los conocimientos y los recursos con los que se cuenta ya entrado el siglo XX. (Volver)

7.   La copia a la que se pudo acceder no está firmada, pero se podría inferir que su autor es el Ing. Víctor Metzadour, Director Jefe de la repartición para ese momento. (Volver)

8.   El primer presidente del directorio fue el ingeniero italiano Victorio Urciolo, luego profesor titular de la cátedra de Hidráulica en la UNC. (Volver)

9.   El plano es elaborado por la empresa constructora Gruen y Bilfinguer (adjudicataria de la mayor parte de los trabajos en hormigón armado) y lleva por título Programa de trabajo. Obra: “La Cañada. Córdoba”, fechado en julio de 1944. Recuperado del archivo de la APRHI. (Volver)

10. La elección de la canalización a cielo abierto entre las alternativas barajadas sin dudas responde también a la intención del proyecto de mantener el aspecto tradicional del arroyo; cualquiera de las otras –la desviación total o el entubamiento– lo hubiera hecho literalmente desaparecer del paisaje de la ciudad, lo que para ese tiempo ya se comprendía como la pérdida de un elemento de alto valor simbólico. (Volver)

11. El Plan Regulador y de Extensión propuesto por Carrasco –que no llegó a ejecutarse– combina elementos cuya filiación puede rastrearse en la tradición inglesa de la Ciudad Jardín, el movimiento City Beautiful, el Park Movement estadounidense, entre otros, además de incluir una incipiente noción de zonning al separar áreas o sectores de la ciudad de acuerdo con premisas higienistas (Díaz, 2012). (Volver)

12. En mayo de 1939 –a pocos meses de la gran inundación referida al comienzo de este trabajo– se conforma una comisión para la organización del Primer Congreso de Urbanismo de Córdoba, auspiciado por el gobierno provincial y municipal, la universidad, el ejército, las asociaciones profesionales de ingenieros, arquitectos, médicos y abogados, centros vecinales, el Automóvil Club y el Rotary Club, entre otras instituciones. En una de las reuniones preparatorias se fija un temario para el congreso, dentro del cual aparece el Plan Regulador como instrumento prioritario para ordenar y dirigir las acciones sobre la ciudad (Las Comunas, 1939, p. 49). La efectiva realización del congreso aún no ha podido ser verificada por el autor de este trabajo. (Volver)

13. Las mencionadas observaciones son aportaciones de Arq. Enrique Zanni a este trabajo. (Volver)

14. Julio Otaola se desempeñó como profesor adjunto de la cátedra de Urbanismo (entre 1938 y 1945) y como profesor titular en la cátedra de Arquitectura (desde 1949) en la Universidad de Buenos Aires, institución de la que llegó a ser rector entre 1949 y 1952. En el ámbito de la administración pública, ocupó el cargo de Jefe de Planificación del Departamento de Urbanismo y fue miembro de la Comisión de Tasaciones, ambos en la Municipalidad de Buenos Aires. (Volver)

15. El concurso nacional de anteproyectos para la construcción de la sede definitiva de la Municipalidad de Córdoba se realizó en 1953, habiendo obtenido el primer premio el estudio de los Arqs. S. Sánchez Elía, F. Peralta Ramos y A. Agostini. (Volver)

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Cómo citar este artículo (Normas APA):

Fusco, M. (Noviembre 2019 – Abril 2020). La sistematización del arroyo La Cañada en la ciudad de Córdoba (1942-1948). Obras, ideas, significados. AREA, 26(1), pp. 1-18. Recuperado de: https://area.fadu.uba.ar/fusco2601/